El vídeo se colgó hace solo unos días, pero suma ya cientos de miles de reproducciones, ha saltado como un fuego de verano por los grupos de WhatsApp e incluso motivó una truculenta conexión en directo en RTVE que ya es candidata firme al “zapping-esperpento” de 2023. Si no lo has visto aún, el resumen es este: el martes la cuenta SocialDrive publicó en Twitter una grabación en la que se ve a un ciudadano acercándose a un coche particular desde el que aparentemente otra persona, civil también, se dedicaba a controlar con un radar que los conductores cumpliesen los límites de velocidad. El material, claro, no ha tardado en poner en circulación un concepto tan espinoso como el de “radares privados”.
Pero… ¿Existen? Y si es así, ¿son legales?
¿Qué se ve en el vídeo? La pieza dura poco más de un minuto, se colgó el martes en la cuenta de Twitter de la red @SocialDrive_es y lo que muestra es un ciudadano acercándose a un vehículo aparentemente particular desde el que un hombre, sin distintivo alguno que lo identifique como policía local o guardia civil, se dedica a controlar la velocidad del resto de coches que circulan. Todo esto supuestamente. El lugar: la N-Va, en Cazalegas, cerca de un polígono.
“¿Y esto es legal?”, le pregunta el autor del vídeo. En la grabación apenas se escuchan las respuestas del conductor, aunque lo que sí se aprecia es un aparato instalado sobre el salpicadero. A priori y por lo que se difiere de la pieza y sobre todo las réplicas que da su autor, el servicio lo pagaría el consistorio.
Un particular con un radar móvil contratado por una empresa con el permiso de la Policía Local
— SocialDrive (@SocialDrive_es) January 24, 2023
ILEGAL 🚫 por no tener un agente
📹 #NVa Toledo@Todoradares_com pic.twitter.com/mH7W1pXm2v
¿Qué ha dicho el Ayuntamiento? La pelota quedaba botando por lo tanto sobre el tejado del Ayuntamiento de Cazalegas, una pequeña población de 1.700 vecinos, que básicamente ha marcado distancias con lo que muestra la grabación. A través de un comunicado ha recalcado tres ideas. Primera, que la persona que se ve en el vídeo “no presta servicios para el Ayuntamiento en régimen de personal laboral o funcionario”; es decir, no está en su plantilla. Segunda, que ya está realizando “las averiguaciones pertinentes” para “confirmar” su identidad.
El mensaje probablemente más importante es el tercero, que deja en el aire la posibilidad que el conductor que operaba el supuesto radar pertenezca a una empresa privada externa. El consistorio reconoce en declaraciones a El País o La Vanguardia que no puede precisar “si se trata de una persona vinculada con alguna empresa prestataria de algún servicio o concesión municipal”.
¿Se puede ir más allá? En su comunicado las autoridades locales no ahondan más, ni aclaran si hay una empresa asumiendo alguna responsabilidad relacionada con los controles de velocidad. El que sí desliza más claves es el diario castellano manchego La Voz del Tajo, que asegura que el vehículo con radar que se ve en el vídeo pertenece a una empresa privada. Es más, el rotativo afirma que el propio Ayuntamiento de la villa le ha llegado a asegurar que quien lo maneja es un operario “debidamente habilitado y homologado y legal”.
La empresa que ofrece el servicio de radar, asegura el diario, es Vialine, compañía cántabra que —explica en su página— se dedica a ofrecer a las administraciones públicas “servicios integrados de apoyo administrativo y jurídico en la gestión de expedientes sancionadores”. “Lo hacemos mediante procedimientos rápidos, seguros y eficaces, con el objetivo de que ayuntamientos y entidades locales tengan cubiertas sus necesidades en materia administrativa y tributaria”, prosigue la empresa. Entre sus prestaciones destaca la centrado en seguridad vial, con la “implantación, instalación y mantenimiento” de dispositivos.
¿Y al margen de Cazalegas? En 2017 otra pequeña localidad albaceteña, La Roda, anunció un convenio con Vialine para “la colaboración en la gestión de sanciones de tráfico y ordenanzas municipales”. “Dicho acuerdo incluye un estudio para mejorar la seguridad vial, consistente en la planificación de controles de velocidad en el casco urbano e instalación de un dispositivo que detecta y registra infracciones tales como rebasar un semáforo en rojo, prescindir del cinturón de seguridad o el uso del teléfono móvil durante la conducción”, abunda.
La nota lanzada en su día por La Roda en ningún momento habla de que operarios de la empresa vayan a encargarse del control de cinemómetros. Solo avanza un “asesoramiento jurídico y colaboración en la tramitación de expedientes”.
¿Qué dice la DGT? Que la vía en la que se grabó el vídeo no es de su competencia, por lo que opta por no “entrar a valorar” su contenido. Lo cierto es que la carretera depende desde 2008 del Ayuntamiento de Cazalegas. Lo que sí recuerda Tráfico es que todo aparato que se use para el control de velocidades debe ser legal y disponer de la homologación del Centro Español de Metrología (CEM), una institución vinculada al Ministerio de Industria. En declaraciones a Xataka, la DGT confirma que en las carreteras que supervisa de forma directa no recurre a personal de empresas externas para la imposición de sanciones.
¿Qué dice la ley? La normativa es clara al concretar cómo deben emplearse este tipo de dispositivos. En su artículo 7, al detallar cuáles son las competencias que recaen sobre los municipios, la Ley de Tráfico apunta una idea importante: quién puede participar en las labores de control. Y quién no. Según precisa, compete a los ayuntamientos “la regulación, ordenación, vigilancia y disciplina, por medio de agentes propios, del tráfico en las vías urbanas de su titularidad, así como la denuncia de las infracciones que se cometan en dichas vías y la sanción”.
La coletilla de “agentes propios” no es casual. Al desempeñar sus funciones los agentes disfrutan de la presunción de veracidad, que permite que si se registra una denuncia el testimonio de un policía cuente con “valor probatorio”. La AEA insistía estos días en esa idea: las autoridades garantizan la “legitimidad” de las imágenes que puedan presentarse para una sanción. La clave, en el caso de que se recurriese al apoyo de una empresa externa, sería qué papel desempeña exactamente.
¿Y qué ocurre en otros países? Francia deja un caso interesante. Allí el concepto al menos lleva años sobre la mesa. En 2018 ya se avanzaba que el país estudiaba utilizar vehículos privados para instalar radares móviles, una medida que, publicaba ese mismo mayo La Sexta, ya se empezaba a aplicar en la práctica con cinco unidades distribuidas por las carreteras de la región de Normandía.
En 2021 se apuntaba que la idea del Ejecutivo galo era ir más allá y extender la medida a otros 200 vehículos particulares y ocho áreas del país. Ya entonces se dejaba caer que en 2023 podrían ser 450 los repartidos por el país, horizonte que se reiteraba en otoño. Según se apuntaba en 2021, de la selección de los vehículos se encargarán empresas privadas escogidas por concurso. A ellas les corresponde seleccionar los coches. A cambio de circular durante seis horas diarias por determinados trayectos sus dueños recibirían 1.500 euros mensuales.
Imagen de portada: Jorge Franganillo (Flickr)
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