El puzzle para garantizar la convivencia entre los VTC y el sector del taxi suma hoy una nueva pieza. Una pieza que, de momento, ya se ha incluido junto a las anteriores para dar forma a un cuadro final que parece no terminar por ofrecer una imagen nítida nunca. Y, además, es una pieza que la Unión Europea no termina de ver con buenos ojos. De hecho, ya estudia si el Gobierno podrá dejarla sobre la mesa o, de nuevo, tendrá que retirarla.
La pieza es el Real Decreto Ley 5/2023 que ha sido convalidado hoy aunque fue aprobado casi un mes atrás. Esto es lo que implica.
Una larga guerra. El encaje legal de los vehículos de transporte con conductor (VTC) lleva más de una década chocando contra el sector del taxi. En mayo te contamos todos los detalles que se han ido sucediendo desde 2009. Desde entonces, el ratio 1:30 que limita el número de licencias de VTC en nuestras ciudades ha sido una constante fuente de conflictos.
Se aprobó suprimir esta limitación con la conocida Ley Ómnibus de José Luis Rodríguez Zapatero aquel año. Pese a las protestas de los taxistas, la normativa sale adelante. En 2015, el Gobierno de Mariano Rajoy vuelve al modelo 1:30 pero el Tribunal Supremo confirma que las licencias otorgadas en ese periodo no pueden echarse atrás.
En 2018, el Gobierno de Pedro Sánchez decide pasar la patata caliente a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Es el Decreto Ábalos. Se establece una moratoria de cuatro años para que las administraciones locales decidan. En 2022, ayuntamientos y comunidades autónomas aplican sus propios criterios.
No termina aquí. Sin embargo, la empresa Prestige and Limousine, S.L consiguió llevar sus reclamaciones al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). Éste consultó a Europa sobre la cuestión, quien tenía que decidir si las medidas que se estaban aplicando en España eran legales dentro del marco jurídico de la Unión Europea.
Entonces ya sabíamos que la opinión del Abogado General Maciej Szpunar era contraria al ratio 1:30 y a la doble autorización (estatal y local) que imponía el Decreto Ábalos. El 8 de junio, sin embargo, la Unión Europea decide que el ratio 1:30 infringe las normas comunitarias pero abre la puerta a la doble autorización.
La respuesta del Gobierno. Es el Real Decreto Ley 5/2023, uno de esos paquetes de modificaciones que tocan todos los palos y que se aprovechan para sacar adelante medidas de todo tipo, siendo algunas de ellas especialmente polémicas.
En este nuevo documento se hacían eco de las decisiones europeas, se imponía el taxi como "servicio de interés público" y se adaptaba la normativa para salvar la prohibición del ratio 1:30 pero, al mismo tiempo, seguir exigiendo una doble autorización.
Esto ha creado, además, un limbo jurídico, pues las nuevas normas se aplican a las nuevas peticiones y las que se están tramitando. En caso de negación, el proceso de aprobación queda suspendido y se puede reactivar pasados tres años. Esto deja en el aire la autorización de "miles de licencias" que fueron solicitadas tras la decisión europea de eliminar el ratio 1:30, como ha reconocido Transportes a Cinco Días.
Salvando la doble autorización. Entre las disposiciones transitorias se especifica que las autorizaciones de las VTC pueden ser denegadas por criterios medioambientales si "se supera el valor límite anual de NO2 o PM2,5 o el valor objetivo o valor objetivo a largo plazo del O3, regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire, en alguna zona o aglomeración incluida en la comunidad autónoma en la que pretenda domiciliarse la autorización, de conformidad con el último informe publicado por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico".
También se especifica que las comunidades autónomas podrán denegar la autorización por criterios relacionados con "la gestión del transporte, del tráfico y del espacio público". Se especifica que la norma anterior no será de aplicación para los vehículos eléctricos pero sí se señala que la segunda medida deberá ir acompañada de un informe técnico, aunque no se establecen los baremos a cumplir.
Aprobado... de momento. A estas modificaciones, sin embargo, le quedaban una última etapa en el camino judicial. Con las elecciones, su aprobación tuvo que ser retrasada y, finalmente, la Diputación Permanente, que da salida a la actividad parlamentaria cuando las cortes están disueltas a la espera de tener un nuevo Gobierno, ha aprobado hoy los cambios con 53 votos favorables (incluidos los del Partido Popular), ninguno en contra y 11 abstenciones.
Sin embargo, la aprobación todavía tiene que ser ratificada por la Unión Europea pues la comisaria de Transporte, Alina Vălean, en una carta enviada a las patronales del sector de las VTC, Feneval y Unauto que han protestado a las instituciones europeas por los nuevos criterios, ha asegurado que la Comisión Europea estudiará el caso, según recogen en Cinco Días.
Ahora Bruselas pondrá el foco sobre los nuevos requisitos que deben "basarse en criterios objetivos, no discriminatorios y conocidos de antemano, que excluyan cualquier arbitrariedad y que no se solapen con los controles ya efectuados en el marco del procedimiento de autorización nacional".
La doble autorización es una puerta que el Gobierno sigue intentando abrir. La Unión Europea tiene las llaves y, finalmente, decidirá si la mantiene entreabierta, la cierra por completo o la abre de par en par.
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Foto | Vecttor
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