Airbnb consideró a España como su tercer mercado en importancia tras EEEU y Francia. De hecho, en Barcelona, este servicio de alquiler de casas particulares presume de hasta 50.000 plazas disponibles.
Pero en un país con el turismo como motor económico, las diferentes comunidades están moviendo ficha para regular esta práctica que ahora consideran ilegal.
Barcelona impone multa, Madrid condiciones
Los dos principales destinos turísticos de España han sido de los primeros en Europa en tratar de poner barreras a servicios como Airbnb imponiendo condiciones para su regulación. La comunidad catalana impuso hace unos días una multa de 30.000 euros al portal Airbnb al tiempo que le advertía que, de no regular la situación, podría impedir acceder a la web del portal.
Cataluña pide que los propietarios de viviendas que se ofertan en Airbnb comuniquen su actividad al Ayuntamiento, además de que se inscriban en el Registro de Turismo de Cataluña, que establece una serie de condiciones de seguridad e higiene para esas viviendas. En el caso de los alquileres de habitaciones individuales, esto no podrá ser por no estar recogido en la legalidad según Cataluña.
Madrid tampoco se ha quedado de brazos cruzados frente a Airbnb y exigirá que la estancia mínima en este tipo de viviendas turísticas sea de cinco noches. La estancia mínima en hoteles es de dos días, por lo que es un duro golpe para el negocio de Airbnb.
Otra condición que impone el nuevo Decreto y que cogería a Airbnb a contrario es la que establece que esas casas que se alquilan no podrán ser residencia habitual. Según indica la Comunidad, en Madrid hay unas 5.000 viviendas que se acogen a esta modalidad de alquiler y que tienen que regularse.
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