Los drones traen de cabeza a los hipódromos de Reino Unido: así influyen en las apuestas y el negocio

Nuevas tecnologías, nuevas oportunidades… Y nuevos retos. El éxito galopante de los drones, que en relativamente poco tiempo han pasado a contarse por millares en España —en 2019 el Gobierno registraba 5.500 y 3.600 operadores habilitados— y protagonizan ya ambiciosos proyectos de logística y seguridad a nivel internacional, trae de cabeza a una de las industrias más jugosas de Reino Unido: la de las apuestas. Más concretamente, a las de las apuestas de caballos.

Desde hace años los dueños de los hipódromos de Inglaterra ven con un cabreo creciente e indisimulado cómo los drones sobrevuelan sus pistas durante las carreras. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque sienten vulnerados los derechos de imagen de las competiciones que organizan y a las que prestan su infraestructura. Segundo, y esta es quizás la causa principal, la que mayor malestar despierta en el sector, por el provecho que algunos jugadores pueden sacar de esas imágenes en apuestas en línea y a en tiempo real —las conocidas como “In-running”—, las que se realizan y modifican mientras los caballos avanzan aún por las pistas.

La latencia de la imagen, la clave

A diferencia de un jugador que esté siguiendo la carrera desde su casa, utilizando las retransmisiones de Racing TV o Sky Sports Racing, por ejemplo, los que reciben imágenes captadas por drones lo hacen sin prácticamente latencia. Puede parecer una ventaja ínfima, pero —cuando de carreras se trata— contar con unos segundos extra de ventaja puede marcar la diferencia entre ganar o perder un buen puñado de libras. Según detalla Wire, quienes siguen las emisiones por TV desde las casas o webs de apuestas pueden recibir las imágenes con retardos que oscilan entre los 0,5 y 3 segundos. Y un par segundos para un caballo al galope son un mundo.

El tema es tan grave que el sector —según informaba en mayo al menos Racing Post— se ha planteado incluso acudir a la vía legal. “Hay un grupo de drones entre todos los hipódromos y en algún momento buscaremos litigar contra las principales empresas que los están usando”, incidía Paul Ellison, responsable de la pista de Brighton. El problema, como reconocía el propio directivo, es que quienes usan los drones se mueven en una fina línea en la que no vulnerarían la ley.

“Están operando de forma perfectamente legal. La policía verificó todas sus licencias en nuestro primer día de carrera y no hay nada que podamos hacer al respecto en este momento menos litigar, lo que creo que haremos en algún momento”, señalaba en primavera.

A principios de año una de las empresas de UK especializada en drones, FoxFly, llegó a publicitar en Twitter un “servicio de transmisión aérea en vivo desde todos los hipódromos” en el que garantizaba “las mejores y más rápidas imágenes”. Al hacerse eco del anuncio, The Guardian sacó la calculadora y estimó que, con una tarifa de entre 100 y 200 libras por día, la compañía ingresaría del orden de entre 7.000 y 14.000 por semana. La cifra da una ida de lo jugoso que es el negocio.

The Guardian llegó a contactar incluso con el responsable de la empresa de drones, quien defiende la legalidad de su negocio. “Hemos investigado esto bastante extensamente y es mi imagen [la del dron] si deseo venderla. Si fuera a un hipódromo y filmara la imagen de su pantalla, entonces estaría filmando su producción y eso sería ilegal porque estaría robando; pero cada vez que grabo una imagen con mi dron desde un espacio público esa imagen es mía, solo mía. Puedo usarla imagen para cualquier propósito que desee”, argumentaba el empresario.

Una de las grandes claves de la polémica es precisamente esa: las grabaciones —como refleja también este reportaje de Wired— se realizan desde espacios próximos a los hipódromos, pero públicos. Es más, a los vecinos de Oabdy, que viven cerca de la pista de Leicester, les ofrecen incluso 50 libras a cambio de que permitan que los drones despeguen desde sus parcelas.

El material del que echan mano las compañías es además de primer nivel, modelos dotados de cámaras y que pueden costar en torno a 20.000 o 30.000 libras. Los dispositivos están registrados además en la Autoridad de Aviación Civil del país y sus operadores deben estar habilitados. Para David Armstrong, de la Racecourse Association, se trata sin embargo —recoge Racing Post— de “violaciones de la propiedad intelectual y de nuestros derechos de prensa”.

El caso ha llegado incluso a la Cámara de los Lores. “Los organismos deportivos están perdiendo valiosos ingresos por los derechos de los medios de comunicación e igual de importante, si no más, es que la falta de derechos de autor sobre los eventos ha provocado una gran expansión del juego ilegal”, lamentaba hace poco el vizconde Astor: “No queremos criminalizar al aficionado por filmar su evento favorito. Queremos detener a los que están vendiendo las imágenes y no solo degradan los derechos de los medios, sino que afectan al crecimiento del juego nocivo”.

El debate está servido.

Imágenes | Paul (Flickr) y Tobias Begemann (Flickr)