Las grandes multinacionales que tengan ingresos anuales superiores a los 750 millones de euros y desarrollen actividades empresariales en la Unión Europea tendrán que hacer públicos sus beneficios y los impuestos que pagan en cada Estado miembro. Esto incluiría a gigantes tecnológicos como Facebook, Google, Amazon, Microsoft o Netflix, entre otros.
Aunque aún no es una medida oficial, una veintena de países miembro, entre ellos España, han acordado llevar adelante esta iniciativa en una videoconferencia informal del Consejo Europeo en la que participaron los ministros de Mercado Interior e Industria de la Unión Europea este jueves. Ahora, estos Estados tendrán que anunciar formalmente su intención de impulsar la normativa y llevarla al Parlamento Europeo para empezar a trabajar en ella.
La mayoría de los ministros de Mercado Interior e Industria de la Unión Europea se mostraron a favor de la iniciativa y pidieron a la Presidencia del Consejo de la UE, que en estos momentos ostenta Portugal, que lidere la negociación sin demora con el objetivo de “explorar, junto con el Parlamento Europeo, las posibilidades de alcanzar un acuerdo para la rápida adopción de esta directiva”.
La iniciativa no ha tenido carácter oficial porque la reunión de los ministros ha sido en remoto, lo que hace que, por normativa, no se puedan tomar decisiones legalmente vinculantes, para las que es necesaria la presencia física de los representantes de los Estados. Serán los embajadores de los países miembro los que tendrán que aprobarla con carácter oficial en los próximos días, según informa Europa Press.
Un camino lleno de baches
El acuerdo alcanzado este jueves se basa en una propuesta de la Comisión Europea de 2016, en la que se planteaba que las multinacionales que superasen los 750 millones en ingresos anuales tuviesen que publicar un informe de cada ejercicio con las tasas que pagaban en cada Estado miembro, según informa el diario Cinco Días.
En aquella ocasión, y en otras sucesivas, el borrador no alcanzó el consenso necesario entre los países miembro, que estaban en desacuerdo con la base legal del documento. Un grupo de doce Estados, liderados por Irlanda y Suecia, y entre los que se encontraban Chipre, la República Checa o Hungría, entre otros, han considerado en varias ocasiones que, al tratarse de un asunto relacionado con la fiscalidad, la propuesta debía ser aprobada por unanimidad.
Los demás países y la Comisión Europea, sin embargo, opinaban que la normativa podía ser aprobada por mayoría cualificada, al no tratarse de un asunto que modifique las leyes fiscales comunitarias, ya que es un asunto de transparencia. Ahora, el número de miembros que se ha mostrado de acuerdo con este segundo grupo ha aumentado, lo que va a permitir que la iniciativa se lleve al Parlamento Europeo.
“El debate de hoy ha abierto el camino para que la directiva propuesta avance con carácter prioritario”, dijo durante la videoconferencia Pedro Siza, ministro de Economía y Transición Digital de Portugal, quien presidió la reunión de los ministros de Mercado Interior e Industria de la UE.
Tras esa aprobación oficial, la propuesta tendrá que pasar por una serie de trámites antes de que se publique como directiva y sea de obligado cumplimiento. Sin embargo, la intención manifestada por Siza de que tenga carácter prioritario podría acelerar su adopción y hacer que las grandes empresas tengan que publicar la información solicitada en poco tiempo.
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