Una amenaza recorre Europa: la de los gobiernos que quieren ser los que discriminen noticias falsas de verdaderas

Desde que Trump ganó las elecciones, el asunto de las "noticias falsas" está provocando un debate continuo en los medios (de hecho, todavía siguen investigando los millones de cuentas fake que supuestamente ayudaron a difundirlas). Pero, lejos de ser un tema local de Estados Unidos, este debate se ha extendido a otros países, y entre ellos está España.

A comienzos de diciembre, varios integrantes del Gobierno de España se manifestaban a favor de prohibir el anonimato en Internet como solución a la "desinformación", una nueva amenaza que incluían en la Estrategia de Seguridad Nacional. En otros países, los gobiernos también se han puesto manos a la obra para trazar su plan contra las noticias falsas: Merkel llamaba a la regulación contra sitios de noticias falsas, bots y trolls, y hasta la Unión Europea ha abierto una consulta para ver qué medidas se pueden tomar.

Sin embargo, que sea un gobierno el que decida qué es falso y qué es peligroso para la libertad de expresión y en algunos casos podría usarse como excusa para el control político de la información a través de Internet. Y no lo decimos nosotros únicamente, sino que de ello advertían desde la UNESCO cuando presentaron un posible plan de actuación el pasado mes de septiembre: criminalizar las noticias falsas y prohibir el anonimato podría vulnerar el acceso público a la información y las libertades fundamentales.

De hecho, en algunos países ya se está utilizando el pretexto de luchar contra las noticias falsas como herramienta de censura online, tal y como advierten en Reporters Without Borders.

Por todo ello, desde Xataka hemos firmado el Manifiesto "En defensa de la libertad de información" junto a otros medios como El Confidencial, eldiario.es, Público, 20 Minutos, Vozpópuli, Maldito Bulo y Civio, y a otras asociaciones como Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Asociación Española de Editoriales de Publicaciones Periódicas (AEEPP), Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Asociación de Periodistas de Investigación (API) y Fíltrala/Associated Whistleblowing Press.

"Propugnamos la necesidad de defender un entorno informativo fiable y responsable, y de promover que todos los actores de la cadena informativa combatan y no fomenten la difusión de las mismas", explica el manifiesto, pero añadiendo que "rechazamos rotundamente que este fenómeno, que no es nuevo ni atribuible en exclusiva al entorno digital, pueda servir de coartada para controlar el libre flujo informativo, tanto en los medios de comunicación como en la red". Puedes leer el texto completo a continuación:

"En defensa de la libertad de información"

Las organizaciones firmantes de este documento vemos con gran preocupación los intentos de control político de la información periodística por cualquier medio, incluido Internet con la excusa de la amenaza de las ‘noticias falsas’.

La libertad de información es una pieza básica e irrenunciable de los sistemas democráticos y, como tal, no puede tener más límite que los establecidos en los convenios internacionales y en la jurisprudencia que los desarrolla, en particular la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y el Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 1950.

Además, organismos internacionales como la ONU, a través de sus relatores especiales sobre libertad de expresión, la UNESCO y la OSCE se han pronunciado reiteradamente contra el uso de la noción de seguridad nacional para establecer límites injustificados y desproporcionados a la libertad de expresión.

Así, en el caso concreto del anonimato, el relator especial de Naciones Unidas para la protección de la libertad de expresión, ha declarado su importancia “al permitir a los individuos ejercer el derecho a la libertad de expresión en la era digital”, declarando que merece, igual que el derecho a las comunicaciones cifradas, una “protección fuerte”.

En cuanto a la propagación de ‘noticias falsas’, propugnamos la necesidad de defender un entorno informativo fiable y responsable, y de promover que todos los actores de la cadena informativa combatan y no fomenten la difusión de las mismas.

Sin embargo, al mismo tiempo, rechazamos rotundamente que este fenómeno, que no es nuevo ni atribuible en exclusiva al entorno digital, pueda servir de coartada para controlar el libre flujo informativo, tanto en los medios de comunicación como en la red.

Consideramos muy peligroso que los Estados procedan a definir legal o administrativamente las nociones de bulo o noticia falsa. Antes bien, consideramos que las consecuencias negativas de la difusión de este tipo de contenidos deben tratarse adecuadamente sobre la base de las categorías y los instrumentos jurídicos ya existentes, por lo que cualquier ampliación de los mismos podría llegar a amenazar la libre difusión de formas de expresión legítimas como la sátira o la crítica social.

Todos los actores involucrados en generar un flujo comunicativo público deben asumir la responsabilidad de combatir, y no promocionar, la difusión de contenidos falsos. Las campañas promocionales, sean comerciales, políticas o de cualquier otro tipo, deben evitar estas prácticas en su estrategia comunicativa.

Manifestamos nuestra preocupación porque si bien los agentes políticos no siempre son ajenos a este tipo de prácticas, precisamente algunos de ellos pretendan ahora luchar contra la desinformación con iniciativas que pueden comprometer la independencia de los medios y la libertad de expresión, especialmente en Internet. Además, con propuestas de participación dirigidas sólo a una parte, limitada, de la realidad periodística e informativa de nuestro país.

En cuanto a la prensa, consideramos que los medios de comunicación y los periodistas son responsables de cumplir sus obligaciones éticas en el ejercicio de su función. Los códigos deontológicos deben incluir sanciones que penalicen malas prácticas y la difusión de infundios que deslegitiman el periodismo. Defendemos el periodismo de “código abierto” como uno de los mejores antídotos contra la publicación de noticias falsas.

Las técnicas de verificación de contenidos, promovidas tanto desde los medios como desde organizaciones, pueden llegar a ser otra forma de control. Por ello deben cumplir los estándares internacionales consensuados en esta materia. Entre otros: apartidismo e igualdad en la aplicación de técnicas de verificación de contenidos; transparencia en las fuentes; transparencia en los recursos y en quién promueve la iniciativa; transparencia en la metodología y honestidad en la publicación de correcciones.

Reivindicamos, por tanto, la transparencia tanto de los poderes públicos, y de quienes se financian con dinero público, como de organizaciones políticas (partidos) e informativas (medios de comunicación) como el principal instrumento para combatir la supuesta difusión de hechos falsos. Igualmente, deberían promoverse acciones divulgativas y de formación sobre técnicas de verificación de contenidos dirigidas a la ciudadanía, en particular a públicos vulnerables como los jóvenes.

Exigimos que las iniciativas promovidas por el Gobierno y las organizaciones políticas en este terreno sean respetuosas con los estándares internacionales sobre protección de la libertad de expresión e información.

En particular, se evitará el derecho penal como instrumento para combatir las noticias falsas y cualquier forma de injerencia política en el normal funcionamiento de los medios. También debe evitarse la imposición de responsabilidades o la adopción de medidas de control por parte de los intermediarios y las plataformas de Internet, dado que ello genera un claro riesgo de censura privada.

Por lo tanto, manifestamos nuestro rechazo expreso a las iniciativas políticas o legislativas que busquen controlar a los medios o restringir en cualquier canal la libertad de información, de manera directa o indirecta.

Imagen de portada | VPNsrus (CC)