España decide esta semana dónde estará su Agencia de Inteligencia Artificial. La novedad: no será en Madrid

El Gobierno de España va a iniciar este martes el proceso de elección para decidir la ubicación de la futura Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, que no se localizará en Madrid. Para ello, el Ejecutivo va a estrenar un protocolo para la elección de sedes de organismo de nueva creación ideado para regular la descentralización de las instituciones de la Administración del Estado, según informa El País.

Con este nuevo protocolo, el Gobierno de España pretende distribuir distintos organismos de una forma equitativa por la geografía de nuestro país, por lo que se deja a la ciudad de Madrid fuera de las posibles candidatas de forma deliberada, con el objetivo de que el sector público se convierta en un elemento vertebrador del Estado. En el caso de la Agencia Española de Inteligencia Artificial, Granada y Santiago de Compostela se alzan como dos de las principales candidatas, aunque no son las únicas.

Más allá de Madrid. Por presencia de empresas tecnológicas, la mayoría de las ciudades españolas tienen muy difícil competir de tú a tú con Madrid, al igual que sucede en otros muchos sectores. Por ello, el Gobierno de España ha decidido iniciar esta política nacional para contribuir al desarrollo de otras zonas de nuestra geografía que también cuentan con argumentos para acoger determinados organismos estatales y tratar con ello de hacer frente a una realidad preocupante: el 80% de los españoles residen en un 30% del territorio español.

Además de la sede de la sede de la Agencia de Inteligencia Artificial, este proceso también servirá para elegir la ubicación de otros organismos de nueva creación como la Agencia Estatal de Salud Pública o la Agencia Espacial Española.

El proceso. Para la elección de las sedes se va a constituir una comisión consultiva formada por los ministerios de Presidencia, Economía, Hacienda, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Trabajo, Transportes, Derechos Sociales y Exteriores y presidida por el de Política Territorial, que establecerá en el plazo de un mes los criterios para decidir la ubicación de la institución.

En el caso de la Agencia de Inteligencia Artificial, el principal criterio para su elección será la pujanza tecnológica del territorio elegido, según El País. Por ello, la ciudad escogida debe cumplir con una serie de requisitos técnicos, materiales y de personal para que el nuevo organismo sea capaz desarrollar sus funciones con garantías.

Fuentes gubernamentales aseguran a El País que aún no hay candidatos oficiales para acoger la Agencia de Inteligencia Artificial, ya que las candidaturas se presentarán una vez la comisión haya fijado sus criterios y lance la convocatoria. No obstante, Santiago de Compostela como Granada ya han mostrado interés en alojar este organismo.

¿De qué se encargará la agencia? De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado de 2022, documento en el que se oficializó la creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial, este organismo se encargará de crear medidas para proteger a los ciudadanos de los posibles riesgos que se deriven de esta tecnología, tanto en lo que se refiere a su seguridad física como a la de sus derechos fundamentales. Para ello, este órgano tendrá capacidad para llevar a cabo actuaciones propias, en coordinación con otras autoridades competentes o apoyando a entidades privadas.

Como ya explicamos en Xataka, también serán competencia de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial el desarrollo, supervisión y seguimiento de los proyectos enmarcados dentro de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial y todos aquellos impulsados por la Unión Europea sobre esta tecnología, “en particular los relativos al desarrollo normativo de la IA y sus posibles usos”, señala el documento.

Dotación y personal. La Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial contará con un presupuesto de cinco millones de euros para su puesta en marcha y estará formada por un mínimo de 40 profesionales al principio, aunque el Gobierno prevé que ese número de empleados aumente cuando entre en vigor el marco jurídico europeo que regulará los usos de la inteligencia artificial.