La nueva Ley de Propiedad Intelectual busca policías para Internet

Estaba prevista su llegada al Consejo de Ministros de hoy pero la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual tardará al menos una semana más (se va a vísperas de Semana Santa) en alcanzar este trámite.

Ibercrea, que incluye las principales entidades de gestión, ha sido la que ha filtrado un borrador de la llamada ley Lasalle, reforma que busca ante todo agilizar el funcionamiento de la Comisión de la Propiedad Intelectual (CPI) de la Secretaría de Estado de Cultura, donde se encuentra la conocida Comisión Sinde. Aunque Estados Unidos premió al gobierno sacándolo de la lista 301 de países más piratas, la baja efectividad de la Ley Sinde ha hecho que España probablemente vuelva a la lista. El resultado de eso y de las presiones por parte de la industria cultural es este nuevo borrador.

Se buscan policías para Internet

Tal y como recoge Pilar Portero y analiza Julio Alonso en Merodeando, una novedad importante de este nuevo borrador es que se modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para que un juez pueda solicitar a cualquier prestador de servicios, sea un operador, medio de pago o empresa de publicidad, la identificación de un infractor saltándose cualquier ley de privacidad.

En la práctica, esto quiere decir que si colgamos un enlace a una descarga ilegal dentro de una web, cualquier empresa relacionada con esa web, desde la agencia de publicidad que ha puesto el banner hasta el servicio de alojamiento web, el banco que gestiona el pago de ambos servicios o el operador que nos da la conexión están obligados a revelar nuestra identidad, sea la IP, el dominio, una URL o lo que sepan sobre nosotros. De aprobarse, esta medida convierte a Paypal, a Adsense o a Telefónica, entre muchos otros, en ayudantes del sheriff. Si no colaboran, estas empresas pueden enfrentarse a multas de entre 30.000 y 300.000 euros.

Aparte de poder obligar a la identificación del usuario, el borrador pretende equiparar el enlace al concepto de poner a disposición la obra. Este giro legal permite convertir a los proveedores de servicio en cómplices subsidiarios de la actividad ilegal. El objetivo es obligar a cualquier empresa que colabore en la web infractora a anular sus acuerdos con ella para asfixiarla económicamente.

Copia privada y censura

El anteproyecto de ley también contempla la revisión del concepto de copia privada. El cambio más importante probablemente sea que las personas jurídicas ya no tienen derecho a la copia privada. Los particulares también ven restringidos sus derechos con la introducción del concepto de soporte original adquirido en compraventa mediante transacción comercial. En la práctica esto significa que si un amigo nos presta un CD, no podemos hacer una copia a menos que se lo compremos por un importe simbólico.

El borrador sigue contemplando el cierre cautelar de sitios web si están alojados en España y la posibilidad de solicitar judicialmente a los operadores su bloqueo si se trata de una web alojada en el extranjero. Las similitudes con las prácticas en países no democráticos quedan a discreción de cada uno pero están ahí.

Este cierre y bloqueo no afectará a los motores de búsqueda como Google. En el tira y afloja de lobbies y grupos de poder que siempre rodea a la redacción de estos textos, Google se ha asegurado de quedar excluido mediante la puntualización de que la actividad a perseguir debe ser específica, activa y no neutral.

¿Y ahora qué?

El borrador de anteproyecto ahora tiene que pasar el proceso habitual de aprobación de cualquier ley, que comienza con el debate en Consejo de Ministros, cosa que probablemente ocurra en un par de semanas.

Una de las principales diferencias del nuevo borrador con la Ley Sinde es que no ha habido conflicto entre ministerios a la hora de redactarlo. El texto ha sido producto de la colaboración entre los equipos del secretario de Estado de Cultura, José María Lasalle, y el secretario de Estado para la Sociedad de la Información, Víctor Calvo Sotelo, junto con la coalición de creadores y bajo la atenta mirada de la MPAA (El Lobby cinematográfico estadounidense) y su guardián en España, el embajador Estadounidense Alan D. Solomont.

El consenso interno acaba ahí. Las entidades de gestión de derechos de autor, obligadas en el nuevo borrador a rendir cuentas de sus actividades a Cultura, están en pie de guerra. Los grandes medios de comunicación también se han posicionado en contra y no faltan voces como la del abogado de la propiedad intelectual Carlos Sánchez Almeida que advierten de que el borrador supone una agresión sin precedentes a la libertad de expresión, y aún más, a la libertad de producción y creación literaria, artística, científica y técnica garantizada por el artículo 20 de la Constitución. Almeida apunta además de que el texto podría contravenir normativas europeas sobre protección de datos, libertad de expresión y creación de empresa. El debate, una vez más, está servido y es más agrio que nunca.

Vía | Merodeando | Tu2is | El Mundo