Al presentarse con la patente de su libro mecánico ante el Registro de la Propiedad, en diciembre de 1949, Ángela Ruiz Robles estaba convencida de que tenía algo grande entre manos. Ni en sus sueños más desaforados sin embargo podía imaginarse la maestra de Ferrol que estaba a punto de convertirse en precursora de una forma revolucionaria de entender la lectura. Siete décadas después de los desvelos de Ruiz Robles en las Rías Altas, los libros electrónicos se han labrado un hueco propio en el mundo editorial. Y su tendencia se mantiene al alza.
Según la última memoria oficial de la Federación de Gremios de Editores de España (FGEE), elaborada con datos de 2018, el 26,3% de los libros que se leyeron en España ese año eran de formato digital, porcentaje que se enmarca además en una clara “tendencia ascendente”. De los títulos anotados en la Agencia de ISBN, encargada del registro oficial de títulos, cerca de una cuarta parte, casi 19.000, eran en formato electrónico. La “cara B” de esa realidad es que cunde aún la mentalidad del “todo gratis”. La memoria de FGEE refleja cómo los usuarios solo pagaron por el 21% de los libros digitales que consumieron. Al restante 79% accedieron gratis.
¿Significa eso que el entorno digital no tiene impacto en las ganancias del sector? No, ni mucho menos. O al menos eso muestran los datos aportados por la propia FGEE. En 2018 la comercialización de libros digitales generó 118,98 millones de euros, el 5% de lo facturado por el sector, si bien supone un ligero 0,1% menos que en 2017. Al presentar las cifras, el colectivo vuelve a incidir sin embargo en su “preocupación por el uso de vías no legales para la lectura”. Las cifras de la piratería superarían incluso a las ventas por vías legales: 215 millones en 2018.
En cuanto al número de títulos, en 2018 el sector sacó en papel 56.966 nuevos títulos frente a 19.236 en formato digital. Porcentajes modestos que hay que ver sin embargo con la perspectiva de un negocio muy reciente, que aún gatea. Hace apenas un lustro su volumen de facturación se situaba de hecho en 74,2 millones, el 3% de la caja de las editoriales.
La irrupción de los libros en formato digital se deja sentir en las ventas… Y también en las bibliotecas, donde cada vez están más presentes. El último informe sectorial elaborado por el INE muestra que el e-book gana enteros desde hace tiempo: en 2016 el número de obras disponibles en formato electrónico en las salas de lectura españolas ascendía a 16,1 millones, un 25,6% más que en 2014 y casi el 6% de todo el fondo bibliotecario. Los préstamos se habían disparado incluso en mayor proporción hasta sumar 1,12 millones de ejemplares electrónicos, un 44,3% más que dos años antes. Más o menos el 23% de esas cesiones se hicieron desde centros públicos.
Los estudios apuntan una tendencia al alza, pero dibujan también el largo camino que todavía le queda por recorrer al servicio de préstamos de libros electrónicos. Aunque entre 2014 y 2016 el número de bibliotecas con dispositivos de lectura creció un 29,8% hasta sumar más de 7.500 equipos, solo uno de cada diez centros del país (12,2%) ofrecía por entonces el servicio.
La "doble velocidad" entre comunidades
Las características demográficas y sociales de cada comunidad autónoma marcan también diferencias sensibles dentro de España. Según los datos que maneja el Ministerio de Cultura, durante 2017 en Cataluña se tramitaron 340,54 préstamos de documentos electrónicos por cada 10.000 habitantes. Aunque supone más o menos la mitad que en 2013 y dibuja un descenso interanual del 17% —tendencia quizás relacionada con los efectos del pirateo—, supera con creces la tasa de otras regiones. En Extremadura, por ejemplo, no llegaba a 147; en Cantabria se sitúa en el 90,26; en Andalucía en el 31,83 y en Galicia en el 57,56. La media estatal es de 152.
La conclusión más preocupante que suscitan de hecho los datos de Cultura es la “doble velocidad” en la demanda de contenido digital. Aunque Madrid y Cataluña son dos de las comunidades más pobladas de España —juntas representan el 30% del censo estatal del país—, su peso en la red pública de préstamos de libros electrónicos eBiblio, lanzada 2014 con 14 regiones, es abrumador: catalanes y madrileños acumulan el 58,1% de toda la actividad del servicio estatal. En 2018 sumaron 598.500 de los 1,02 millones de préstamos tramitados. Sin embargo Andalucía, con el 18% de la población, suponía en 2018 menos del 10% de los préstamos de eBiblio.
Las diferencias se explican por factores como la desigual implantación del programa en las bibliotecas públicas de las autonomías o la labor de difusión y formación de los usuarios. A modo de ejemplo, destacan los casos de La Rioja o Murcia, donde —en parte gracias al reducido tamaño de su red de bibliotecas, lo que facilita la implantación— se alcanzaron proporciones de préstamos destacables: 43,13 y 36,30 por cada millar de habitantes, respectivamente. En la Comunidad de Madrid, los autores del balance de 2018 de eBiblio, identificaron una tasa de 55,82.
El INE refleja que en 2016 había inscritos en las bibliotecas públicas españolas 22,26 millones de usuarios. Si durante ese año despacharon 1,12 millones de préstamos de libros electrónicos, un cálculo sencillo revela que apenas se demandaron medio centenar de ejemplares por cada mil usuarios. La cifra queda a años luz de los resultados del préstamo de libros en papel. Según el observatorio estadístico, en 2016 las bibliotecas públicas tramitaron 47,33 millones de entregas de volúmenes físicos. O lo que es lo mismo: alrededor de 3.300 por cada millar de usuarios.
Un lector consulta un libro en papel y electrónico.
La tendencia sin embargo vuelve a sonreír al formato digital. Si bien es cierto que en 2016 solo se prestaron 1,12 millones de e-books, el INE contabilizó 3,95 millones de “otros documentos electrónicos” —revistas, artículos, monografías, textos judiciales y administrativos…—. Los datos del observatorio estadístico muestran además que crece la demanda de contenido en formato digital. Entre 2014 y 2016 los préstamos de libros electrónicos aumentó un 44,3% y la de artículos y monografías para consultar en pantalla un 8,5%, mientras los préstamos de libros en papel se contrajeron un 8,4%, los de documentos sonoros un 25,8% y los de audiovisual un 16,5%.
En 2010, año en el que el INE incorporó la categoría de e-book a sus estadísticas —hasta entonces empleaba solo un genérico “documentos electrónicos”—, la demanda de este tipo de publicaciones no sumaba ni 277.700 préstamos. En poco más de un lustro el aumento fue así del 303%. ¿Qué ocurrió con el libro en papel? Durante ese mismo período su demanda cayó casi un 12% a pesar de que el número de usuarios inscritos pasó de 18,1 millones en 2010 a 22,3 en 2016. Los datos de e-Biblio, más actualizados, también dibujan un escenario al alza: en 2018 el volumen de préstamos duplicó al de 2017 y el número de usuarios inscritos se disparó también algo más de un 53%.
Para impulsar el préstamo de contenidos digitales, en 2014 el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte puso en marcha el programa eBiblio con la implicación de las Comunidades y Ciudades Autónomas. A diferencia del servicio de las bibliotecas convencionales, eBiblio —precisan desde Cultura— “es accesible 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año a través de la red”: permite tanto la lectura en streaming como a través de descarga. Para facilitar su uso, el servicio dispone de una aplicación móvil gratuita para la lectura a través de iOS y Android. Los tres únicos requisitos del sistema es que el usuario esté registrado, disponga de un carné de cualquiera de las bibliotecas que participan en eBiblio y que maneje un dispositivo de lectura compatible con el formato ePub. Para el acceso inicial se precisa conexión a Internet.
El servicio se lanzó con 14 comunidades autónomas y está presente ya en todo el territorio estatal salvo en País Vasco, que dispone de su propio programa: eLiburutegia. En otros puntos del país convive además con servicios de préstamos ofrecidos por otras administraciones, como GaliciaLe, impulsado por la Xunta. Prueba de lo incipiente de eBiblio es que no se activó al 100% en todas las comunidades participantes hasta 2016 y que hubo que esperar a 2017 para que el ministerio suministrase títulos en las diferentes lenguas oficiales a todos los eBiblios autonómicos. Los fondos varían de una región a otra, ya que a las obras comunes difundidas para el conjunto de la red se suman las que cada comunidad autónoma adquiera después a mayores.
El año pasado los responsables eBiblio contabilizaron 1,02 millones de préstamos, 504.800 más que en 2017 y cuatro veces más que hace un lustro, en 2015. En 2014, cuando echó a andar el programa, se anotaban menos de 45.100. Aunque los datos obtenidos por Cultura a través de eBiblio no siempre van a la par de los publicados por el INE, sus conclusiones sí son muy similares: el e-book crece en las salas de lectura del país, pero su peso es aún reducido.
Hace un año la red eBiblio sumaba 20.092 títulos distintos y 493.966 licencias de lectura. Para comprender el alcance de ese dato llega con consultar el último balance del INE, que en el conjunto de las bibliotecas de España —incluidas las públicas, de instituciones, universidades, colegios profesionales, museos, de titularidad autonómica o estatal, etc— contabilizaba en 2016 16,1 millones de volúmenes de e-books frente a 178,2 millones de libros en papel.
La inmensa mayoría del contenido retirado en eBiblio son libros —68% frente a un 29% de publicaciones periódicas y 3% de audiolibros— y en especial ficción española. Los cuatro títulos más prestados el año pasado fueron de hecho Las hijas del Capitán, de María Dueñas; seguida de Patria, de Fernando Aramburu; Los pacientes del doctor García, de Almudena Grandes y El fuego invisible, de Sierra. Ese perfil de demanda choca con el anotado en las editoriales. En 2017 la literatura supuso apenas el 19,9% de los 119,1 millones facturados por el sector, menos de la mitad del género que más aportó a las arcas de las empresas: las obras de Ciencias Sociales y Humanidades (43,4%). Ese rotundo porcentaje no se debe a un súbito interés de los lectores por la historia o sociología, sino a la cantidad de textos de temática legislativa que ya no se editan en papel.
Para facilitar el acceso a los e-books en las bibliotecas, el sector editorial reclama más campañas que clarifiquen cómo funciona y qué ventajas ofrece el servicio. “Es importante acompañar a bibliotecarios y usuarios en este proceso de transformación. No debemos olvidar que el libro y los contenidos digitales han llegado para quedarse y debemos adaptarnos a los nuevos escenarios”, apuntaba la responsable de eLiburutegia, Francisca Pulgar, durante la Feria Internacional del Libro Liber 2018, cita celebrada en octubre y en la que uno de los temas que estuvieron sobre la mesa fue precisamente la relación crucial entre los e-books y las bibliotecas.
El repunte del formato digital en las universidades
“En solo cuatro años hemos pasado de 3.000 a 30.000 usuarios. Si bien aún no son muchos, sí que hemos visto que los lectores de contenidos digitales son muy fieles”, incide la responsable de la plataforma vasca. La tendencia sería más acentuada incluso en las redes de bibliotecas universitarias, donde el formato digital facilita un acceso más rápido y ágil a artículos y revistas internacionales, búsqueda por conceptos, archivo de material… Solo entre 2017 y 2018, la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) vio por ejemplo cómo la demanda de los contenidos digitales en sus plataformas web repuntó un contundente 47%.
El INE vuelve a dar otro buen ejemplo de la tendencia de la demanda, en este caso en las universidades. En 2014 el observatorio estadístico contabilizaba 14,9 millones de préstamos de libros de papel en las bibliotecas de instituciones de enseñanza superior frente a apenas 3,6 entregas de libros y otros documentos digitales. Dos años después, los datos eran, respectivamente, 11,8 y 4,4 millones. Es decir, que en cuestión de un par de años los préstamos de contenido en soporte físico se desplomaron un 20%, mientras que las publicaciones digitales repuntaron.
A pesar de su repunte, el e-Book aún se ve muy afectado por la piratería.
La preocupación por lograr un sistema de préstamos lo más eficaz posible no es exclusiva de España. Elending Landscape, informe encargado en 2014 por la Australian Library and Information Association (ALIA), muestra que desde hace años se prueban con mayor o menor fortuna diferentes sistemas, igual que eBiblio en España: eReolen en Dinamarca; Bokhylla en Noruega; Biblioteket en Suecia… Desde el sector privado ha habido también quien ha visto una oportunidad de negocio en la distribución de contenidos en las bibliotecas virtuales. Uno de los mejores ejemplos en España es Odilo, compañía presente en EEUU, México, Colombia o Argentina. A pesar de que su juventud, en 2016 logró cerrar con una facturación que ascendía a 2 millones de euros.
Una parte clave del funcionamiento del sistema es cómo se compensa a las editoriales por el uso de contenidos digitales. María Isabel Cuadrado, del Área de Planificación Bibliotecaria del Ministerio de Cultura, explicaba hace un año que los centros pagan por licencias, no por ejemplares, como ocurre con los libros tradicionales que se publican en papel. Esas licencias determinan cuántos veces o durante cuánto tiempo se puede prestar una obra determinada. “Repartimos las licencias por un criterio poblacional”, señala Cuadrado, quien precisa que cada Comunidad Autónoma puede ampliar las licencias de lectura en función de la demanda que perciba en su territorio.
“Cuando se trata de libros en papel tú compras el ejemplar y en una biblioteca pública puede durar los años que dure, hasta que se deteriore. Sin embargo con contenido electrónico tú no posees eso a perpetuidad a no ser que sea una licencia en la que así lo marque el editor. Normalmente no lo son, de tal manera que tú no estás comprando nada, alquilas el acceso, pagas por el acceso a ese contenido. Si es por usos o tiempo depende de lo que marque el editor, pero una vez que se acabe hay que ir renovando”, abunda la técnica del Ministerio de Cultura.
Esa peculiaridad es una de las diferencias clave entre la adquisición de libros digitales y los físicos. La otra, que influye también en el coste, es el IVA. A diferencia de los volúmenes en papel, a los que se aplica un impuesto reducido del 4%, los digitales se gravan con el tipo normal del 21%. Aunque el Gobierno avanzaba en enero su intención de incluir en los Presupuestos Generales la equiparación de tasas con el fin de que se aplique el mismo 4% a los e-books, la inestabilidad política que ha marcado el ruedo político los últimos meses ha impedido concretar la medida.
En otoño de 2018 los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobaron una normativa que abre las puertas a que los países miembros puedan aplicar el IVA reducido a las publicaciones digitales, pero —a la espera de que esa posibilidad se sustancie— de momento los e-books siguen estando penalizados con respecto al papel. ¿Supone eso que son más costosos para las bibliotecas? Cuadrado matiza que la respuesta no es sencilla. En la ecuación —explica— intervienen otros factores decisivos como el precio base de los libros físicos.
Desde hace años los e-Books ganan peso en las bibliotecas tradicionales.
Otra de las dificultades que debe encarar la implantación de los libros digitales en las bibliotecas es la apuesta de las propias editoriales —especialmente las pequeñas— por el formato. Aunque su peso es cada vez mayor, de momento el número de títulos editados en papel sigue superando con creces al digital. En 2017 los primeros sumaron 87.262. Los segundos, 47.000.
“Las editoriales cada vez se implican más, pero en Valencia muy pocas editan en formato digital”, señalaba hace un año Alicia Sellés, presidenta del colegio de bibliotecarios de la Comunidad Valenciana y de la Federación Española de Sociedades de Archivistas, Biblioteconomía, Documentación y Museística (Fesabid). Desde la asociación andaluza, su responsable, Tomás Bustamente, coincidía también en que “no todas” las firmas apuestan por igual.
A pesar de los estudios que advierten de la brecha digital en España, el colectivo no considera que pueda suponer un problema para los servicios de préstamos digitales. “Lo bueno que tiene un proyecto como eBiblio es que es un servicio absolutamente democratizador de la lectura porque cualquier persona, no importa si vive en un pequeño pueblo o una gran ciudad, mientras tenga acceso a Internet, puede acceder a través de cualquier dispositivo móvil a eBiblio con la app gratuita”, reflexiona Cuadrado. Bustamante destaca la “versatilidad” del formato digital, que permite la lectura tanto en un e-reader, como en smartphone, tablet, ordenador… Con respecto a la conexión a Internet, Sellés recuerda que “la mayoría de las bibliotecas españolas ofrecen conectividad wifi”. Una vez descargado el libro, el programa permite la lectura offline.
Otro reto es el respeto por la propiedad intelectual. ¿Facilita el préstamo en formato digital el pirateo de libros? Bustamante apunta que los usuarios registrados pueden acceder a las obras solo durante un período determinado: 7, 21 días... Lo que determine cada comunidad. A menudo ese plazo puede ampliarse, pero una vez expira el contenido se borra del dispositivo en el que lo haya consultado el lector. En el caso de eBiblio, Cuadrado apostilla que los préstamos tienen protección DRM (digital rights management) con el fin de evitar el pirateo del material y defiende precisamente el valor de iniciativas como eBiblio para concienciar sobre el respeto a la propiedad de las obras.
Imágenes: Sistema Bibliotecario Vimercatese (Flickr), Daniel Sancho (Flickr), Roberto Ventre (Flickr), Pedro Layant (Flickr)
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