A pocos conductores se les pasaría por la cabeza la posibilidad de ir a prisión por infrinjir las normas medioambientales relacionadas con el tráfico. Pero la realidad es que la mayoría caen en estos incumplimientos. Hace unos días, los medios de comunicación se hacían eco de dos procedimientos penales de la Fiscalía contra conductores de vehículos sin etiqueta ambiental, algo obligatorio según las restricciones de las zonas de bajas emisiones. Hasta cinco años podrían pasar en prisión por "atentar contra la salud ciudadana".
Lo cierto es que estas zonas van a ampliarse radicalmente en todos los ayuntamientos de España con 50.000 habitantes. Y la tendencia existente a saltarse las normas podría llenar los juzgados de denuncias similares.
¿Qué ha pasado? El Ministerio Público de Medio Ambiente denunció a dos conductores de vehículos sin etiqueta ambiental que se saltaron de manera “constante” y “sistemática” las restricciones de las zonas de bajas emisiones: 155 denuncias administrativas contra uno, y 131 contra el otro, nada menos. Se les acusa de un presunto delito contra el medio ambiente. La investigación realizó un cálculo de las emisiones de óxido de nitrógeno y partículas que ambos coches expulsaron a la atmósfera. Uno habría superado en más de 27 veces los umbrales permitidos y el otro más de 11 veces.
Pero el hecho importante es que la Fiscalía sostiene que se trataría de un delito con la agravante de haber "creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas" donde, según el artículo 325.2 del Código Penal, "se impondrá la pena de prisión en su mitad superior, pudiéndose llegar hasta la superior en grado". Y lo cierto es que no es un caso concreto, la mayoría de vehículos en estas zonas se saltan las restricciones.
¿Qué significa? Podría sentar un precedente. Hasta ahora, solo Barcelona y Madrid cuentan con este tipo de limitaciones en su callejero, pero en el futuro van a extenderse al resto de ciudades, ya que en dos años —con la nueva Ley de Cambio Climático— el panorama cambiará y todos los Ayuntamientos con poblaciones de más 50.000 habitantes de España (casi 150 municipios en total) deberán contar con zonas de este tipo, según fija la norma, que este jueves quedará definitivamente aprobada en el Congreso.
Durante la tramitación de la ley de cambio climático en el Congreso se incluye también una cláusula en la que se fija que también deberán poner en marcha zonas de bajas emisiones los municipios de más de 20.000 habitantes cuando se superen los valores límite legales de los contaminantes.
Una tendencia. ¿Por qué no son dos casos aislados? Porque desde 2019 llevan registrándose accesos infractorios. Madrid fue la primera ciudad del país en crear una zona de bajas emisiones durante el mandato de Manuela Carmena. Estuvo en fase de pruebas hasta mediados de marzo de 2019. A partir de ese momento, el Consistorio empezó a multar a los infractores.
El año pasado, el fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo y su equipo decidieron abrir una investigación y reclamaron los datos de los infractores y las multas impuestas entre marzo y diciembre de 2019, tal y como explica este artículo de EL PAÍS. En ese periodo, el Consistorio madrileño detectó 40,5 millones de accesos. Y, de todos esos accesos, 1,6 millones fueron vehículos sin distintivo ambiental los turismos de gasolina matriculados antes de 2000 y los diésel anteriores a 2006, que tienen prohibida su entrada en el área de Madrid Central, tumbada ayer por por el Tribunal Supremo.
Zonas de bajas emisiones, el futuro de España. Y esto va a dejar de ser particular de Madrid o Barcelona. El Gobierno va a dedicar 2.916 millones de euros de fondos europeos a crear zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes de toda España y capitales de provincia. Es casi la mitad —el 44%— de la inversión prevista en movilidad sostenible en entornos urbanos, que asciende a 6.536 millones de euros, según Moncloa.
Además, la normativa va a intentar evitar confrontamientos según el color de las administraciones: "Cualquier medida que suponga una regresión de las ZBE ya existentes deberá contar con el informe previo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del órgano autonómico competente en materia de protección del medio ambiente"
En Europa. La tendencia en la Unión Europa (además de Reino Unido y Noruega) es la contraria a la que llevamos adoptando todo este tiempo en nuestro país: cada vez más ciudades incorporan este tipo de medidas para batallar contra la polución atmosférica. Más de 300 zonas funcionan en el continente. Ciudades como Berlín, Viena, Roma, París, Bruselas, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo, Oslo, Atenas, Londres, Lisboa o Praga (en preparación) han implementado algún tipo de ZBE. Otras muchas ciudades no capitalinas también tienen diversos esquemas de zonas similares.
¿Por qué? El sector del transporte ha sido el responsable del 29% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de España en 2019, según los últimos datos oficiales disponibles del Ministerio para la Transición Ecológica. El transporte realizado por carretera es el que más contribuye a estas emisiones siendo responsable del 26,8% del total. El tráfico emite diversos tóxicos al aire que respiran los ciudadanos. Los tubos de escape liberan dióxido de nitrógeno (NO2) o micropartículas (PM 2,5 o PM 10). Además, los gases del tráfico provocan que la radiación solar reaccione sobre ellos para dar ozono troposférico, otro agente lesivo para la salud humana.
Un macroestudio de las universidades de Harvard, London College y Birmingham calculó en febrero pasado las muertes prematuras asociadas a la inhalación de PM 2,5 causadas por quemar combustibles fósiles como el carbón, el gasoil y la gasolina. En España son unas 44.600, algo más del 10% de los fallecimientos anuales de personas mayores de 14 años.
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