Pese a sus orgullosas políticas medioambientales, Alemania es uno de los países europeos donde las regulaciones contra la contaminación han encontrado más resistencia. Dos hechos contribuyen a ello: tanto la industria del carbón como muy especialmente la automovilística son determinantes para la economía germana. Por ello, gran parte de los gobernante del país han rechazado regulaciones que limiten al vehículo diesel o que reduzcan la contaminación atmosférica.
Hasta ahora, quizá.
¿Qué ha pasado? Que el pasado mes de agosto un tribunal bávaro, el estado más rico y conservador de Alemania, ha solicitado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea permiso para encarcelar a los políticos que rehúsen implementar políticas anti-contaminación. Es un paso drástico motivado por la intensa actividad judicial de uno de los grupos medioambientales más destacados del continente, Deutsche Umwelthilfe (DUH), que llevó el asunto a los tribunales de Baviera.
¿Por qué? La disputa se remonta a 2012, cuando DUH llevó a diversas ciudades bávaras y al gobierno estatal a los tribunales por los elevadísimos niveles de polución atmosférica, y la inacción de los ejecutivos para paliarla. En 2017, tras años de pleitos, los tribunales bávaros obligaron a Múnich, la capital estatal, a introducir un plan anti-contaminación en menos de un año. El dictado de los jueces apuntaba directamente a los niveles de dióxido de nitrógeno, muy nocivos para el organismo humano y emitidos casi en exclusividad por los vehículos diésel.
En la práctica, los jueces obligaban a Múnich a luchar contra el diésel.
¿Qué pasó? Nada. Al igual que en otros estados, donde hubo medidas similares por parte de DUH y ClienEarth, otra organización verde, los gobiernos municipales y estatales omitieron las directrices judiciales. En consecuencia, fueron multados. En 2018, por su parte, el Tribunal Federal Administrativo daba permiso a los ayuntamientos alemanes para implementar prohibiciones o limitaciones al diésel. Hasta entonces, los gobiernos estatales tenían la última palabra. La decisión fue histórica y otorgó un amplio margen de autonomía a las ciudades.
¿Y ahora? En Baviera, sin embargo, las cosas siguen igual que hace año y medio. Lo que ha motivado que DUH redoble su apuesta, motivando que los juzgados hayan acudido a Europa para determinar si la cárcel es una buena solución para los políticos desobedientes. A finales de este mes se cerrará el plazo de alegaciones, y en los próximos tres meses el Tribunal de Justicia de la UE emitirá [un veredicto](https://jungefreiheit.de/politik/deutschland/2018/luftverschmu
tzung-bayerns-justiz-droht-soeder-mit-beugehaft/). De él depende que alcaldes, ministros y hasta el presidente estatal puedan terminar entre rejas si continúan ignorando las decisiones de los jueces.
¿Qué más? Se trata de último capítulo, acaso el más llamativo, de la guerra entre la industria del automóvil y los grupos políticos ambientalistas. La resistencia de los políticos alemanes es comprensible: las grandes corporaciones automovilísticas emplean a más de 700.000 trabajadores en todo el país, y representan el músculo exportador e industrial de la economía más exportadora e industrial de la Unión Europea. Su relevancia política no tiene parangón en el continente.
De ahí que las prohibiciones al diésel, en parte espoleadas por el escándalo del Dieselgate protagonizado por la mayor empresa automovilística del país, sean una cuestión tan delicada en estados como Baviera o Renania-Westfalia.
Imagen: Dirk Vorderstraße/Flickr
