Desde su llegada a la Casa Blanca, Donald J. Trump ha utilizado su cuenta de Twitter para expresar ideas controvertidas, acusar a la prensa de conspirar en su contra, entablar batallas dialécticas con deportistas y, en términos generales, insultar a cualquier figura (o lugar) que no sea de su agrado. Nada que no hiciera con anterioridad, cuando su titularidad era privada. Ahora bien, desde su elección se abrió una pregunta: ¿puede el presidente de Estados Unidos tuitear como un ciudadano normal?
La respuesta, según supimos ayer, es no.
Bloqueo. Trump, como cualquier troll que se precie, tenía a bien bloquear a todas aquellas personas que le causaran molestias en Twitter. En 2017, un grupo de usuarios acudió al Knight First Amendment Institute de la Universidad de Columbia para llevar la cuestión a los tribunales. Los bloqueos del presidente, argumentaban, representaban una inaceptable vulneración de la Primera Enmienda de la Constitución, aquella que garantiza la libertad de expresión en la arena pública.
Juicios. El año pasado, un tribunal federal les dio la razón. Twitter constituía una "arena pública" mediante la que los ciudadanos estadounidenses podían interaccionar con sus representantes políticos, el pilar fundamental de la democracia moderna. Dada la naturaleza pública de @realDonaldTrump, la cuenta otrora privada del presidente, el bloqueo de determinados usuarios les privaba de sus derechos constitucionales. El presidente, en suma, no podía privar a nadie de espetarle sus opiniones.
Apelación. La Casa Blanca apeló la sentencia, y un año después ha perdido el caso. Los jueces consideran que @realDonaldTrump opera como "una cuenta controlada por el estado", y que no hay espacio para las opiniones privadas desde el mayor cargo político de los Estados Unidos. Más aún, de forma muy evidente, la cuenta cuenta con una "involucración sustancial y persuasiva" del gobierno, en tanto que sirve de altavoz mediático más allá de los arrebatos coléricos de Trump.
Constitución. Dicho de otro modo, Donald Trump se salta la sacrosanta constitución estadounidense cada vez que pulsa el botón de bloqueo. Twitter no puede estar por encima de aquello que diseñaron los Padres Fundadores. La Primera Enmienda, en particular, es uno de los objetos fetiches de los patriotas estadounidenses. Se aprobó en 1791 e impide al gobierno coartar las libertades religiosas, de expresión, de prensa, de asamblea y, para el caso que nos ocupa, las críticas de sus ciudadanos.
El Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma; ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa; ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.
Dilemas. El caso ejemplifica la heterodoxa naturaleza de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Barack Obama, por ejemplo, hacía un uso meramente mercadotécnico de sus redes sociales, y jamás contó con una cuenta privada (ni siquiera tras el fin de su mandato). Trump, como en tantas otras cuestiones, es particular. Tenía una cuenta antes, pero deshechó crear otra oficial para seguir teniendo libertad para decir lo primero que se le pasara por la cabeza.
Hay quien disiente. Para algunos expertos jurídicos, Twitter no es "la arena pública" sino una empresa privada, por lo que los tribunales no tienen potestad sobre ella (ni la Primera Enmienda). El dilema refleja la naturaleza comprometida de Facebook, Google o Twitter, cuyo control sobre el medio público choca con su naturaleza privada y en no pocos sentidos antagónica a los más vetustos medios de comunicación. Un problema de largo alcanza que ni ellas mismas saben aún afrontar.
Imagen: Andrew Harnik/AP
