Un centenar de contagios en catorce municipios del norte de Lugo han bastado para colocar un interrogante sobre las elecciones autonómicas gallegas, a celebrarse el próximo domingo. La Xunta ha confinado a más de 71.000 personas durante cinco días. El brote, localizado en A Mariña, ilustra los rigores de la nueva normalidad y la persistencia del virus. ¿Qué sucede si se declara uno nuevo a dos días de los comicios?
Es un problema crítico. Uno sin solución fácil.
Suspensión. Para el alcalde de Burela, una de las localidadas afectadas, la resolución sólo puede ser una: aplazar las elecciones. "¿Quien garantiza el derecho a la salud? ¿Quién garantiza que vayan a votar los confinados?", ha planteado. Por un lado, la participación puede desplomarse. Mucha gente podría quedarse en casa. "¿Quién va a ir a las mesas de buena gana. Muchos dicen que no van a ir. Normal", ha puntualizado.
Es una preocupación legítima.
Un derecho. Otro alcalde, en este caso de Foz, ha planteado otra cuestión esencial. El confinamiento podría vulnerar un derecho fundamental, como es el de voto: "No se conocen protocolos ni cómo se va a garantizar". Una persona que haya dado positivo requiere de una cuarentena obligatoria de dos semanas. Sin posibilidad ya de votar por correo, en teoría, no podría o debería acudir al colegio electoral.
Como vimos en su día, la Constitución es extremadamente garantista en materia de voto. Es un derecho básico para cuya privación se requieren requisitos muy específicos y una resolución judicial. Cualquier cuarentena quedaría supeditada al derecho de cada votante.
Con positivo. Sucede que la Xunta también ha sido taxativa. Aquellos que hayan dado engativo en prueba PCR pero sean contactos sospechosos deben permanecer 10 días confinados, pero podrán acudir a las urnas "con mascarilla", según el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña. El problema son aquellas que sí hayan dado positivo. Según la Xunta, no podrán acudir a los colegios y no existen garantías ni procedimientos, descontado el voto por correo, para asegurar su derecho.
Parcial. Para el BNG, sólo hay una solución posible: aplazar las elecciones en A Mariña. Que corran dos semanas, que el brote aminore y que se garantice el voto para todos los habitantes de la comarca. "La vecinanza de A Mariña tiene derecho a poder ejercer el voto con las máximas garantías de seguridad sanitaria que no se dan cuando apenas faltan seis días para la cita con las urnas", ha argumentado el partido en un comunicado.
Decisiones. Sucede que Galicia afronta una situación sin precedentes. Nunca se han suspendido unas elecciones a seis días del voto. Tampoco se ha votado asimétricamente, unas regiones durante una fecha, otras en otra. Feijóo ha sido rotundo: "Cada vez que tengamos que tomar decisiones, las tomaremos". Pero no ha entrado en detalles sobre el fondo de tales decisiones si, por ejemplo, se registra un brote en una gran ciudad a pocos días de los comicios.
Irregulares. Todo ello en un contexto ya irregular. Diversos constitucionalistas, como Manuel Fernández-Fontecha, ya argumentaron en marzo en contra del aplazamiento de las elecciones gallegas y vascas. Se trataba de una prrórroga "inconstitucional", al contradecir el artículo 68 de la Constitución, muy claro sobre los mandatos, no prorrogables. El Estado de Alarma no estaría habilitado a suspender elección alguna.
Cualquier aplazamiento sería quizá inconstitucional. Pero también lo sería privar a determinados ciudadanos de su sufragio. En cualquier caso, el coronavirus ya ha distorsionado las elecciones. Medie confinamiento o no, se prive a personas de su derecho a voto o no, como podría ser el caso, la epidemia ya ha hipotecado los comicios. Es un problema para el que Galicia y País Vasco sólo tienen soluciones imperfectas.
Imagen: PP de Galicia/Flickr
