Hora de reformar aquel viejo proverbio chino. Es el aleteo de una mariposa en Murcia lo que puede desencadenar acontecimientos insospechados en la otra punta del mundo. O mejor dicho, en el centro de Madrid. La pugna por la hegemonía del espectro conservador, gestada a fuego lento durante los últimos años, ha estallado por los aires primero en Murcia, mediante un cambio de lealtades y de ejecutivo, y después en Madrid, en un vodevil al que a esta hora aún no se le atisba final.
El inicio. Lo conocíamos a primera hora de la mañana: la dirección general de Ciudadanos en Murcia rompía su acuerdo de gobierno con el Partido Popular y presentaba una moción de censura contra el actual presidente, Fernando López Miras. El movimiento estaba respaldado de antemano por el PSOE, asegurando la investidura de Ana Martínez Vidal como presidenta de la región, la primera de Cs en su breve historia. La formación había compartido ejecutivo con el PP desde 2019.
¿Por qué? Oficialmente, por la vacunación irregular de políticos y otros cargos afines a la consejería de Sanidad durante los últimos meses. Extraoficialmente, por las ansiedades electorales de Cs, encorsetado en un espacio, el centroderecha, de creciente estrechez en Murcia. Es allí donde Vox cuenta con una base de votantes más sólida y radicalizada, y donde Cs se ha visto obligado a posiciones políticas cada vez más incómodas. Ante la posibilidad de terminar devorado por otros dos partidos conservadores, ha optado por el centro.
Un centro al que había ignorado desde 2016.
La consecuencia. La negociación entre PSOE y Ciudadanos en Murcia se había llevado en el más absoluto de los secretos. Ambas formaciones deseaban evitar el adelanto electoral por parte de López Miras, movimiento que dejaría en papel mojado la moción. A priori, se trataba de un acuerdo "puntual", tal y como defendían los portavoces moderados, que no debía afectar al resto de coaliciones PP-Cs aún existentes en el resto de autonomías. En la práctica era una previsión poco realista. A media mañana, Aguado anunciaba el adelanto electoral en Madrid.
La pugna. Es aquí donde los acontecimientos se precipitan. A las 13:00 Íñigo Errejón anunciaba lo siguiente: "Registramos moción de censura en la Asamblea de Madrid. Con Mónica García de candidata". Pocos minutos después el PSOE hacía lo propio, planteando a Gabilondo como alternativa. Se trataba de una jugada inteligente por parte de Más Madrid: tal y como estipula el Estatuto de Autonomía de Madrid, Ayuso no puede disolver la Asamblea y convocar elecciones si hay una moción de censura en ciernes. El texto dice lo siguiente:
El Presidente no podrá acordar la disolución de la Asamblea durante el primer período de sesiones de la legislatura, cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura, cuando se encuentre en tramitación una moción de censura o cuando esté convocado un proceso electoral estatal. No procederá nueva disolución de la Asamblea antes de que transcurra un año desde la anterior.
El VAR. Se abría una incógnita: ¿qué se había registrado primero, la disolución de la cámara o las mociones de censura? Era un matiz crítico para el devenir inmediato de la política madrileña y española. Fuentes del ejecutivo regional aseguraban que la Asamblea quedaba disuelta "a las 11:45". Lo que en realidad sucedió a esa hora fue que Ayuso firmó el decreto de disolución. Cuestión muy distinta es que la cámara quedara disuelta en ese mismo momento, tal y como los letrados de la Asamblea, el VAR procedimental, han terminado resolviendo por la tarde.
¿La disolución entra en vigor cuando el presidente firma el decreto o cuando se publica en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid? Al PP le interesa lo primero. Pero en realidad es lo segundo. La ley 5/1990, Reguladora de la Facultad de disolución de la Asamblea de Madrid dice así:
El Decreto de disolución se publicará en Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y entrará en vigor en el momento de su publicación. En el mismo se contendrán la fecha de celebración de las elecciones y las demás menciones a las que se refieren los artículos 8 y 11 de la Ley Electoral de la Comunidad de Madrid.
Lo que viene. Y el BOCM no ha sido publicado todavía. Por lo que las mociones son válidas. Esto es lo que ha entendido la mesa de la Cámara (con el apoyo de Cs y Vox), tramitando sendas iniciativas. Lo que nos coloca frente a la enésima carambola: Cs, con 26 escaños y tras haber sido destituido del ejecutivo, tiene que decidir si apoya las mociones o mantiene su lealtad a Ayuso. Serán instrumentales como ya lo fueron en su día, con un matiz: el compás político ha cambiado y los puentes que le unían al PP se han roto por completo, como las palabras de Aguado ilustran.
Dicho de otro modo: las prioridades electorales de Cs en 2019, cuando firma la investidura de Ayuso, son distintas a las de hoy. Y tras lo sucedido en Murcia tendrá que decidir si vira completamente el rumbo de sus pactos en toda España o si se aferra al acuerdo "puntual" de la región.
El resto de España. La mariposa murciana ha roto definitivamente el equilibrio político del centroderecha. Cs necesita moverse para sobrevivir y el PP debe marcar territorio si no quiere repetir lo sucedido en Cataluña, donde Vox fue la primera fuerza de los tres y con mucha diferencia, en el resto del país. Porque es aquí hacia donde empuja el partido de extrema derecha: a esta hora ha reclamado adelantos electorales en Madrid, Castilla y León (donde el PSOE ha doblado la apuesta presentando también una moción de censura) y Andalucía.
El PP no. Cs tampoco. Pero en ningún escenario sus gobiernos conjuntos pueden sobrevivir sin el apoyo de Vox. Un rompecabezas que tenía que romperse y que ha comenzado a hacerlo por Murcia.
