En mayo el Gobierno reconocía que, tanto por la situación anterior como por la acentuación causada por el coronavirus, existen en España casi un millón de hogares pobres. A finales de ese mismo mes se adelantaba la aprobación de un ingreso mínimo vital, ya en los planes de la coalición, por la urgente situación. Dijeron que podrían beneficiarse de ella 2.3 millones de personas, 850.000 hogares. Si quieres conocer los detales concretos de la propuesta, puedes analizarlos aquí.
A continuación recopilamos en formato bala algunas de las cifras que se han dado a conocer ahora, dos meses y medio después de que se iniciase el proceso de inscripción:
- Solicitudes presentadas: 750.000
- Revisadas: 143.000 (19% de las presentadas)
- Concedidas: 80.000 (10,6% de las presentadas)
- 11,5% de las presentadas excluidas las duplicadas (56% de las revisadas)
- Duplicadas: 7,5% (56.250)
- Solicitudes con información incompleta (gran parte sin certificado de empadronamiento): 40% de las revisadas (57.200)
- Aún pendientes de documentación: 25.800
- Solicitudes denegadas: 36.800 (25,7% de las revisadas)
- Alrededor de 20.000, denegadas por exceso de renta y/o patrimonio
Como vemos, según datos oficiales de la propia Seguridad Social. Esas 750.000 solicitudes podrían parecerse mucho a los 850.000 hogares de los que hablaban, pero nada más lejos de la realidad.
Para empezar, porque, como han denunciado asociaciones sociales, las tramitaciones están semi congeladas, con una administración que no da abasto y no coge el teléfono y con negocios intermediarios que están cobrando 60 euros para rellenar las solicitudes de quienes no están entendiendo cómo hacerlas por internet (más información en este interesante reportaje de El Confidencial). Quitando que hay una gran cantidad de solicitudes duplicadas entre las entregadas, aún muy poca gente ha podido hacer su petición.
La conclusión es que únicamente a 80.000 hogares, el 10.6% de las solicitudes, se les ha aprobado, aún con cientos de miles pendientes. Seguridad Social ha afirmado que está haciendo esfuerzos titánicos, que está pidiendo ayuda para la agilización de la tramitación a otras administraciones y entre comunidades autónomas. Que ha contratado a más personal externo para dar cabida, aunque adelantan que será cuestión de meses poder poner fin a las pilas de expedientes.
Los problemas burocráticos no cesan. Hay situaciones que no fueron contempladas en la elaboración de la medida exprés, como la gente que comparte piso o que no cuenta con un padrón en este momento. También hay gente a la que le han congelado otras ayudas a la espera de la confirmación que aún no han recibido del IMV. Y lo más grave de todo aún, hay en torno a 6.000 hogares a los que ya se les ha concedido el IMV y a los que aún no se les ha ingresado el importe de estos meses. Es decir, hay familias a las que no sólo se le han quitado otras ayudas que estaban cobrando y que podían ser o no incompatibles, sino que encima aún no están recibiendo este otro subsidio en mitad de la dura situación actual.
La renta básica: el dinero por delante
Es por todo esto que ahora algunos periodistas y economistas están sacando a flote otra de las opciones que se barajó al principio de otro esto, descartada en favor del ingreso mínimo: una renta básica universal, de mil euros mensuales, aunque fuese de carácter transitorio y condicionada a la crisis pandémica. Según la versión favorable a la RBU, ésta habría llegado a casi todo el mundo con independencia de sus ingresos, apenas excluyendo de forma inicial a los funcionarios y jubilados que cobran por encima de eso (y que ya tiene en sus archivos fácilmente reconocibles la SS), serían 34.5 millones de personas.
No sería dinero gratis para todo el mundo, sino una fórmula por la que el ciudadano recibiese a priori y se dedujese a los que no lo habían necesitado a posteriori. Habría bastado con que en la declaración de la renta de 2021 se incorporase ese dato a los borradores y, en función de los ingresos totales del ciudadano, se le pedía que lo devolviese o no.
Como explicaba Antonino Martín para El Blog Salmón, “el coste de la medida aún podría reducirse más si la ayuda se transfiriese previa solicitud; muchos no la pedirían sabiendo que después tendrán que devolverla. Si, por simplificar, los que lo tienen que devolver todo, es decir la mitad no solicitan la RBU, el coste inmediato se reduciría a menos de 60.000 millones”.
Habría sido una medida mucho más eficaz a la hora de llegar a los necesitados sin que pasaran por un infierno de trabas administrativas y más veloz para ser ingresado, puesto que valdría con ejecutar la orden, según algunos, en el momento en el que Europa hubiese dado el visto bueno a los préstamos, que se aprobaron el pasado 9 de abril.
No está tan claro que hubiese sido más económica. Ese mismo análisis que estimaba en 60.000 millones de euros el coste de una RBU transitoria que comentábamos antes, estimaba ese montante si la medida sólo se hubiese aplicado durante tres meses, de abril a junio, pongamos, 3.000 euros para (casi) todo español.
Es decir, para ellos se trata de una fórmula que funcionaría durante este pequeño bache primaveral, que no se extendería a más de esos pocos meses que iba a durar este asunto (un ejemplo es cómo hablan de su idoneidad temporal en este editorial de Financial Times). Para comparar, el coste anual del IMV está presupuestado, según el Gobierno, en 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros para 850.000 familias.
