Sobre el papel, la nueva ley francesa sobre prostitución es un gran avance: a partir de ahora, serán los clientes y no las trabajadoras sexuales quienes sean criminalizados por su actividad. El gobierno francés, dirigido por el socialista Manuel Valls, aspira, de este modo, a invertir el funcionamiento legal de la prostitución en el país galo. Hasta ahora, el estado perseguía la actividad de las trabajadoras, pero no de los consumidores. La nueva ley busca echar por tierra los efectos normativos de la anterior legislación, aprobada por el ejecutivo de Nicolas Sarkozy en 2003. Sin embargo, está siendo fuertemente criticada. ¿Por qué?
El miércoles centenares de personas se manifestaban en contra de la nueva legislación, reunidas y convocadas por el sindicato de las trabajadoras sexuales francesas, Strass, cuya oposición a la ley es muy clara. Tildada de "represiva", el sindicato considera que la norma desarrollada por el gobierno (y aprobada por el parlamento francés) tendrá, ante todo, un efecto directo sobre la vida y la labor de las trabajadoras sexuales: serán empujadas a la clandestinidad y su clientela más "respetable" quedará reducida a aquellos consumidores más violentos y peligrosos. Las nuevas multas jugarían así un papel clave.
No en vano, el gobierno francés ha estipulado sanciones muy duras para todos aquellos hombres que sean descubiertos intercambiando dinero por favores sexuales. La cuantía de las mismas oscila entre los 1.000€ y los 3.000€, lo que desincentiva a muchos clientes a correr el riesgo. El proceso intercambia papeles: la anterior legislación francesa multaba a las prostitutas que ofrecían sus servicios en la calle, lo que provocó, al parecer, que su espacio de trabajo se trasladara de las zonas céntricas de las ciudades a la periferia, más lejos del control policial (pero también en zonas donde son más vulnerables a los abusos).
Protestas en Francia, en 2012, contra el anteproyecto de la actual ley.
Desde un punto de vista comparado, la nueva norma francesa encuentra precedentes en el resto del continente europeo. En concreto, el gobierno socialista se ha fijado en la legislación desarrollada por los países escandinavos. Suecia, Finlandia, Noruega o Islandia cuentan con normas semejantes, donde la culpabilidad y la ilegalidad no recae tanto sobre la oferta como sobre la demanda. No es un modelo generalizado: en Países Bajos, Bélgica o Austria, por citar tres ejemplos, la prostitución sí tiene un reconocimiento legal pleno (en algunos casos, estableciendo vías no clandestinas para los burdeles o para intermediarios).
Más estigmatización, menos seguridad
La vía nórdica, según Strass, sólo profundiza en el carácter oscuro de la prostitución como actividad económica y en la "estigmatización" de las trabajadoras sexuales. El sindicato ha contado con el apoyo de otras personalidades y organizaciones públicas. La BBC recogía las palabras de Catherine Stephens, del Sindicato Mundial de las Trabajadores Sexuales: "La criminalización hace de aquellas trabajadoras en la industria más proclives a aceptar a clientes que ocultan su identidad, lo que beneficia a aquellos que perpetúan la violencia contra ellas". La ilegalización, según ella, dificulta denunciar situaciones de abuso.
Hay alrededor de 40.000 trabajadoras sexuales en Francia, de las cuales casi el 80% son inmigrantes sin papeles
La cuestión legal de la prostitución es un debate muy lejos de resolverse en Europa. En Francia, el gobierno ha optado por su reducción a mínimos por la vía penal. Pero también a través de la concienciación y de la ayuda económica. La ley, como relata The Local, incluye una partida de más de 4.000 millones de euros que aspira a otorgar amparo económico a todas aquellas trabajadoras (hay alrededor de 40.000 en Francia) que decidan alejarse de la prostitución. De forma paralela, ofrecerá soluciones habitacionales y apoyo profesional sólo en caso de que la trabajadora sexual abandone su actividad habitual.
Es un problema notable, sin embargo, cuya solución Strass también critica por un motivo fundamental: el 80% de las trabajadores sexuales francesas son inmigrantes, a menudo sin papeles. "¿Cómo puede alguien sin permiso de residencia dejar de trabajar (lo que le permite vivir legalmente en Francia), acceder a un hogar a largo plazo o a suficientes ingresos?", explican. Para el sindicato, la transición desde la industria de la prostitución a un negocio legalmente amparado no cuenta con los suficientes recursos (piden mayor financiación presupuestaria) y deja a las trabajadoras sin su principal sustento: su trabajo.
Manifestación en Estados Unidos por los derechos de las trabajadoras sexuales.
Al igual que en otros casos semejantes, el debate ha ido más allá de las implicaciones prácticas (mayores incentivos para dejar la prostitución, pero también para trabajar en la oscuridad del sistema, expuestas a más riesgos y con la posibilidad de recibir menos ayudas — o de la propia policía) y se ha insertado en la propia naturaleza del trabajo sexual. El gobierno francés quiere frenarla cuando no hacerla desaparecer, ¿pero es necesario? Un grupo de intelectuales, como se relata aquí, además de otras asociaciones, han defendido la naturaleza laboral del trabajo sexual para las mujeres:
Abolir la prostitución se basa en dos presunciones discutibles: por un lado, que cobrar por tener sexo es una afrenta a la dignidad de la mujer y, por otro, que todas las prostitutas son víctimas de sus malnacidos clientes. Una mujer que se prostituye por ella misma, tanto si lo hace ocasionalmente como si lo hace a tiempo completo, no es necesariamente víctima de la opresión del hombre. Y no todos los clientes son horribles y obsesivos depredadores sexuales que tratan a las mujeres como objetos de usar y tirar.
Es un debate complejo, divisivo incluso dentro del propio movimiento feminista. Pero tanto la criminalización como la ilegalización de la actividad, ya sea desde la oferta o desde la demanda, así como la asunción permanente de que las trabajadores sexuales son víctimas y no trabajadoras por voluntad propia, no parecen haber contribuido a solucionar los múltiples problemas asociados a su actividad (y a su ambiguo estatus legal). Como pone de manifiesto la contraposición del modelo sueco (criminalización) frente al neozelandés (despenalización, aplaudido por la ONU y más seguro), la nueva ley francesa no asegura el fin del trabajo sexual. Quizá sólo lo empeore.
Imagen | Eliya Selhub, Yann Beauson, Cordon Press
