De entre las muchas medidas anunciadas ayer por Pedro Sánchez para amortiguar el parón de la economía, una llamó la atención por encima de las demás: el gobierno facilitaría y supervisaría la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). El objetivo: que las empresas no se vieran penalizadas por el cierre y que los trabajadores no quedaran a su suerte, sin subsidios sociales.
Pues bien, la premisa ha tropezado en la primera piedra.
14.000 despidos. El lunes Burger King anunciaba el cierre de todos sus establecimientos, propios y franquiciados, y el despido temporal de más de 14.000 trabajadores. Un ERTE motivado tanto por la suspensión inmediata de su actividad a pie de calle, fruto del Estado de Alarma, como por la "dificultad logística" para repartir a domicilio.
A priori, la clase de escenario que el ejectivo desea facilitar.
Complicaciones. O no del todo. Según publica hoy El Confidencial, la administración pública habría rechazado la petición de Burger King. El gobierno entiende que puede seguir operando algunos de sus servicios, como la entrega a domicilio o la recogida desde el coche, por lo que el despido de la totalidad de la plantilla no estaría justificado.
Burger King ha negado la información. En un comunicado, la compañía afirma que "no ha formalizado la presentación del ERTE", y que por tanto la solicitud no estaría tramitada por la autoridad laboral. En tales circunstancias, explican, "no puede estar rechazada".
El mecanismo. Todas las empresas deben acogerse a determinados supuestos para declarar un ERTE. Los más comunes suelen ser los "económicos, técnicos, organizativos o de producción", pero hay uno particularmente apropiado para los tiempos que corren: el de "fuerza mayor". Un despido colectivo obligado por circunstancias externas al empleador.
Regulado por el Real Decreto 1483/2012, es el único supuesto donde la autoridad laboral aún mantiene reducto competencial. Cuando una empresa plantea un ERTE por "fuerza mayor", la administración debe analizar la situación, acogerse a los informes de inspección laboral y determinar si concurren las circunstancias para aprobarlo. O detenerlo.
Indefinición. Como explican en Hay Derecho, no existe en nuestro ordenamiento una definición clara sobre la fuerza mayor, "ni tan siquiera una delimitación legal de sus márgenes configuradores". El decreto sobre el Estado de Alarma abre la "fuerza mayor" a todos despidos motivados por la pérdida de actividad "directamente asociada" a las restricciones.
Era una buena noticia para las empresas, dado que la fuerza mayor "no exige un periodo de consultas", lo que acorta plazos. Pero también involucra al estado y le otorga un rol supervisor.
Facilidades. Es aquí donde el gobierno debe cuadrar un difícil equilibrio entre "facilitar" los despidos, como anunció Sánchez ayer, o proteger a los trabajadores de arbitrariedades, su "no dejar a nadie atrás". El caso Burger King es el primer ejemplo de la dificultad que afronta. Se pueden dar circunstancias de imprevisibilidad, inevitabilidad o imposibilidad, esenciales para la "fuerza mayor", pero no para el cierre total.
Cascada. Durante las últimas semanas numerosas empresas españolas han planteado un ERTE. Desde Sear en Martorell a CAF en Beasain, pasando por Pikolín en Zaragoza, Ford en Almussafes, Volkswagen en Pamplona o Zena Alsea (Vips, Starbucks, Domino's) en todo el país. Todos ellos suspenderán el empleo y sueldo de miles y miles de trabajadores. Pero el gobierno desea reservarse la última palabra.
Imagen: Montgomery County
