En plena alerta alimentaria por los helados de Mercadona, Aldi y Lidl, la pregunta es cómo localizamos los miles de productos que hay en las neveras del país

En plena alerta alimentaria por los helados de Mercadona, Aldi y Lidl, la pregunta es cómo localizamos los miles de productos que hay en las neveras del país
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha publicado esta semana una alerta alimentaria relacionada con varias marcas blancas de helados que se venden en Mercadona, Lidl y Aldi. Las tres compañías ya están avisando a sus clientes del problema y se encuentran trabajando en la retirada de los productos afectados.

Alertas alimentarias hay muchas a lo largo del año. 357 en el año 2020, por ejemplo. Pero, especialmente en verano cuando la actualidad diaria escasea, es relativamente habitual encontrarnos en la prensa (o en las redes) con llamamientos para que se devuelvan determinados productos. Pero más allá del problema en cuestión (los trozos de palo que se han encontrado en algunas referencias), hay algo interesante: no hablamos de un helado en una tienda concreta; hablamos de miles de helados en más de 2.500 tiendas distribuidas por todo el territorio nacional.

Es decir, hablaos de un sistema diseñado para detectar, notificar y subsanar los "riesgos directos o indirectos para la salud humana derivados de productos alimenticios". O sea, hablamos del SCIRI.

Protegernos de los riesgos en un mundo cada vez más complejos. Hace ya muchos años que el consumo dejó de ser un tema eminentemente local. Al contrario, el 'mercado común' (el movimiento de bienes, servicios y personas por el continente) es uno de los puntos centrales de la Unión Europea. El problema es que eso es un lío monumental. A nivel europeo las competencias de consumo, industriales y sanitarias están distribuidas de las más diversas formas, por ello necesitamos una forma de coordinarlas.

De hecho, solo en España, además de la AESAN (Agencia Española de Salud Alimentaria y Nutrición) y los organismos autonómicos, hay casi una veintena de instituciones, asociaciones o corporaciones con 'competencias' en el mundo de las alertas sanitarias. Y eso, a medida que el mundo se hace más complejo, puede convertirse en un problema.

El SCIRI y la red de alerta. Eso es precisamente lo que trata de resolver el Sistema Coordinado de Intercambio de Información (SCIRI) garantizando que toda la información llega a donde tiene que llegar. A la vista de los datos, parece que estamos teniendo éxito. Hace unos años, Moya y Ferrer (del área de toxicología de la Universidad de Valencia) decidieron ponerle cifras a ese mejora y realizaron un estudio sobre la evolución de las alertas alimentarias del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información. Sus datos permitían ser optimistas: pese al aumento de los riesgos derivados de la libre circulación de productos por toda la Unión Europea, las alertas disminuían a un ritmo de casi un 5% anual.

Los problemas, sin embargo, siguen ahí. No obstante, como hemos visto en los últimos años, el riesgo sigue ahí. Los casos de malas prácticas de manipulación (falta de higiene, problemas de formación, etc...), las limitaciones en los sistemas de control (mala evaluación de riesgos y peligros de los procesos industriales), las contaminaciones (por falta de mecanismos de 'food defense') y los fraudes siguen generando numerosos problemas alimentarios.

¿Qué pasa si hay una alerta sanitaria? El SCIRI trabaja con tres niveles de urgencia o fiabilidad: las alertas (notificaciones de alerta aquellas en las que se requiera o se pueda requerir una actuación rápida por parte de las correspondientes autoridades competentes), informaciones (aquellas notificaciones que no se requiera una actuación rápida), novedades (cuando la posible alerta no se ha confirmado por fuentes oficiales).

En el caso de la alerta, la más peligrosa, el producto se traza siguiendo los registros y los números de lote. A partir de entonces se ponen en marcha las acciones apropiadas, ya sea la inmovilización (si está en la cadena de distribución), retirada (para productos que estén en las tiendas, pero no se hayan comercializado), recuperación (si ya están en manos de los consumidores). Esta última, seguramente, sea la parte más compleja.

La misma FDA norteamericana reconoció en 2019 que este era uno de los grandes problemas que tenía pendientes. Y es que en EEUU en torno a 48 millones de personas (1 de cada 6 estadounidenses) enferman de intoxicaciones alimentarias prevenibles cada año. 128.000 llegan a ser hospitalizados y unas 3.000 acaban falleciendo. Comparativamente, en Europa la situación es sustantivamente mejor, pero más de 500 personas fallecen en el continente por intoxicaciones que son evitables.

Grandes éxitos, sí; pero muchas tareas pendientes. Hemos avanzado, claro. Cosas como la instalación de códigos QR en los envases para revisar con el teléfono móvil el status de cada producto en cada momento hacen accesible la información, pero lo cierto es que el esfuerzo por parte de las autoridades por reducir los riesgos por este lado no es todo lo efectivo que nos gustaría. Y, siendo una potencia agroalimentaria, no estaría de más que lideráramos ese cambio.

Imagen | DAP

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