La inminente campaña de vacunación frente a la expansión de la enfermedad COVID-19 que está a punto de iniciarse en los países de la Unión Europea plantea dos grandes retos a las Administraciones públicas. El primero no es otro que la necesidad de resolver los desafíos logísticos que conlleva su distribución, especialmente si tenemos presente que la vacuna de Pfizer y BioNTech, que es la primera que ha obtenido la autorización condicional de comercialización de la Agencia Europea del Medicamento, debe ser conservada a una temperatura en ningún caso superior a los -70 ºC.
El Gobierno español planea comenzar la campaña de vacunación el próximo 27 de diciembre atendiendo en primer lugar a los grupos poblacionales que están más expuestos y a aquellos cuya salud puede verse comprometida de una forma más severa. Esta categoría recoge a los residentes y el personal que trabaja en las residencias de mayores y los centros de grandes dependientes, y también al personal sanitario. Pero este es solo el primer eslabón de la cadena.
Andalucía planea implantar un «carné COVID»
Poco a poco la vacuna debería ir llegando a otros grupos poblacionales para ayudarnos a alcanzar la tan ansiada inmunidad de grupo, que requiere según los expertos que entre el 50 y el 70% de la población esté inmunizada, lo que nos coloca frente al segundo gran reto que conlleva esta estrategia: convencer a los ciudadanos que no quieren vacunarse, o que al menos no desean hacerlo cuando les toque y prefieren esperar más tiempo, de que es esencial que lo hagan para contribuir a la inmunidad de grupo que aspiramos a alcanzar lo antes posible.
Según los expertos alcanzaremos la inmunidad de grupo frente a la enfermedad COVID-19 cuando esté vacunada entre el 50 y el 70% de la población siempre y cuando el ritmo de reproducción (R0) se mantenga por debajo de 6
Actualmente la Administración europea y el Gobierno español no obligan a los ciudadanos a vacunarse frente a la COVID-19, y hoy no hay indicios sólidos que afiancen la posibilidad de que esta estrategia vaya a cambiar a corto plazo. Sin embargo, en España algunas administraciones territoriales han alzado la voz para poner sobre la mesa la posibilidad de que esta no sea la estrategia adecuada.
Ningún gobierno regional ha insinuado que vaya a obligar a sus ciudadanos a vacunarse, al menos por el momento, pero el presidente de la Junta de Andalucía ha hecho pública su intención de poner en marcha un carné COVID cuando la campaña de vacunación comience el próximo 27 de diciembre.
Juan Manuel Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía, ha anticipado que el Gobierno que dirige está preparando un certificado de vacunación que será entregado a los ciudadanos andaluces que se vacunen para protegerse del coronavirus. Lo que persigue esta estrategia es que puedan acreditar que han sido vacunados para poder viajar y participar en aquellos eventos que conllevan la concentración de una gran cantidad de personas en un espacio limitado.
Moreno también ha asegurado que vacunarse no será obligatorio en ningún caso, pero ha hecho hincapié en que hacerlo representa «una obligación moral hacia nosotros mismos y hacia los demás». De sus palabras se desprende con bastante claridad la posibilidad de que a los ciudadanos se nos acabe exigiendo la presentación del carné COVID para poder participar en eventos multitudinarios, como partidos de fútbol o conciertos, y también para poder viajar.
Las dudas son inevitables: el dilema ético y legal está sobre la mesa
Juan Manuel Moreno no es el primer político español que habla de un carné COVID, pero sí ha sido el primero que lo ha concretado de forma tangible. A finales del pasado mes de julio Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, planteó la posibilidad de poner en marcha un pasaporte serológico que certificase qué personas habían superado la enfermedad, y cuyo organismo, por tanto, había generado anticuerpos. Su propósito era que pudiesen viajar con libertad y participar en actividades junto a otras personas sin que se diese la posibilidad de contagio.
Otras comunidades autónomas, como Cataluña o Castilla León, también tantearon su implantación, pero no llegó a materializarse. El hipotético pasaporte del que nos habló Isabel Díaz Ayuso y el carné que defiende ahora Juan Manuel Moreno no acreditan exactamente la misma información. El primero pretendía identificar a las personas que habían superado la enfermedad, y el segundo aquellas que serán vacunadas, pero su propósito en última instancia es el mismo, y, por esta razón, sus implicaciones legales y éticas están encima de la mesa.
La contradicción a la que podríamos enfrentarnos si finalmente el carné COVID prospera en Andalucía o cualquier otra comunidad autónoma consiste en que los ciudadanos somos libres de decidir si queremos o no vacunarnos, pero esta decisión se vería condicionada seriamente por la obligación de acreditar que estamos vacunados para poder llevar a cabo determinadas actividades. De ahí que sea razonable utilizar el término «obligación condicional». Pero esta es solo la punta del iceberg.
La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene asegura que los pasaportes y los carnés serológicos nos conducen irremediablemente a:
[...] la limitación estratificada de las libertades y derechos fundamentales por motivo de salud y a la discriminación y estigma en función del estado serológico [...] Las medidas dirigidas a hacer público el estado serológico pueden disuadir a la población en la búsqueda de atención sanitaria.
Además, esta institución asegura que la puesta en marcha de este tipo de documentos vulneraría los principios constitucionales de no discriminación, igualdad, pertinencia y proporcionalidad, así como la confidencialidad de la información clínica de cualquier persona. También es interesante lo que Josefa Cantero, profesora de Derecho Administrativo en la Universidad de Castilla-La Mancha, e Ildefonso Hernández, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Miguel Hernández, publicaron en The Conversation cuando empezó a adquirir fuerza la posibilidad de poner en marcha las primeras cartillas COVID:
La mera exigencia del pasaporte serológico afecta al derecho fundamental a la intimidad. A lo que se suma que el derecho fundamental de libertad podría verse afectado si se exigiera el documento para circular [...] Si intentamos utilizar las categorías jurídicas existentes en nuestro Derecho no encontraríamos ninguna que nos permitiera encuadrar exactamente esta figura.
Es evidente que la necesidad de tener un documento que acredite que una persona ha sido vacunada, o bien que ha superado esta enfermedad, para poder viajar o participar en algunas actividades plantea conflictos legales y éticos muy profundos que la sociedad en su conjunto tendrá que calibrar. Especialmente mientras se defienda una voluntariedad que podría quedar en entredicho. Confiemos en que los políticos estén a la altura de las circunstancias y los ciudadanos nos comportemos de acuerdo a lo que nos exige la situación a la que todos nos estamos enfrentando.
Imágenes | Cottonbro | Chokniti Khongchum
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