La lucha contra el coronavirus ha provocado una medida singular por parte del Gobierno de España, que usará los datos de las operadoras para analizar el movimiento de los ciudadanos durante esta crisis.
Esta decisión hace que se vuelvan a plantear dudas sobre una potencial violación de la privacidad. Fuentes de Telefónica nos explican en detalle cuál es el alcance de ese seguimiento de la población, que no solo está haciéndose de forma "escrupulosa" respecto al cuidado de esos datos, sino que afecta a movimientos de grupos de gente entre provincias: no se hace individuo por individuo, y la idea es la de, efectivamente, ayudar a trazar esos movimientos de la población para estudiar y prevenir la evolución de los contagios.
Así agregan datos las operadoras
Como nos señala nuestra fuente, el proyecto comenzó con una primera reunión con miembros del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que básicamente pidieron a Telefónica —que ofreció su ayuda en el terreno del big data y el análisis— que les ofreciese datos sobre movimientos desde Madrid a Valencia para hacer un seguimiento de esos desplazamientos.
Telefónica podía conseguir esos informes y lo hizo, y esa experiencia acabó ampliándose con la decisión de la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas. La exdirectiva de Telefónica pidió que esos movimientos se trazaran en todo el territorio nacional.
La idea, nos explica nuestra fuente, es la estudiar cuál era el movimiento de ciudadanos entre provincias con un histórico de un mes para saber cuáles habían sido los flujos de población en estas últimas semanas. Dichos flujos se actualizan a diario y se envían esos informes al Ministerio de Digitalización, que con ellos puede determinar desde qué provincia a qué provincia se ha movido la población cada día en esa matriz actualizada.
Todos esos datos, asegura esta fuente, se tratan "de forma absolutamente escrupulosa", e incluso existe una monitorización interna de todos esos procesos para proteger totalmente la legalidad de este tipo de actividades.
No solo agregan y anonimizan los datos, sino que como nos explican, salvo mandato judicial el agregado mínimo solicitado para estos informes es de 15 personas. Es decir: si 13 personas se movieran un día cualquiera desde Pontevedra a Almería, por ejemplo, ese desplazamiento no aparecería contabilizado: no son las suficientes como para poder hacerlo según esa normativa.
En ningún caso se hace explotación de esos datos, que además se da de provincia a provincia. Es posible, nos indica esta fuente, que en el futuro se puedan solicitar movimiento entre municipios, códigos postales o incluso secciones censales, pero a día de hoy, indica, los movimientos de los que se informa son de provincia a provincia.
El marco de alcance de los datos es muy amplio, y de hecho la complejidad técnica de analizar grupos reducidos de personas entre áreas geográficas cada vez más pequeñas se vuelve muy alta e incluso imposibilita este tipo de seguimientos: la idea, nos asegura esta fuente, es efectivamente la de hacer un seguimiento más exhaustivo de cómo se puede estar transmitiendo el coronavirus en el territorio nacional.
A vueltas con la privacidad
Hace unos meses el Instituto Nacional de Estadística indicaba que haría uso de datos cedidos por las operadoras para conocer dónde vive, trabaja, viaja y se mueve la población española. Los datos estarían anonimizados y no asociados a los titulares de las líneas, aseguraban, pero las preguntas sobre la legalidad de esta iniciativa y su posible impacto en la privacidad eran inevitables.
Como explicábamos entonces, es cierto que los datos recibidos eran bastante amplios y a priori no parecía sencillo asociar a un usuario concreto con esos datos, pero existen estudios que también apuntaban a que "desanonimizar" esos datos no era imposible.
En Xataka consultábamos a expertos como el abogado David Maeztu (@davidmaeztu), y él nos indicaba que el acceso a esos datos "no es posible salvo investigación de delitos (e ilícitos civiles propiedad intelectual) y no cabe uso estadístico". En un excelente hilo informativo en Twitter Maeztu revisaba esa situación tras el anuncio del Gobierno:
Hilo sobre el acceso de los poderes públicos en el estado actual a los datos de las antenas de telefonía para cualquier propósito relacionado aliviar la situación actual
— David Maeztu (@davidmaeztu) 23 de marzo de 2020
El anuncio realizado por el Gobierno se sitúa justo en esa línea y utiliza como argumento el control y lucha contra el coronavirus para poder recabar esos datos y estudiar así los movimientos de la población a la hora de analizar y hacer un seguimiento de la situación de forma más precisa.
Como explicaba Maeztu, el actual Real Decreto de Estado de Alarma "no dice nada sobre estos datos, así que hacer uso de los mismos, estando plenamente justificado, sería contrario a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE sin una norma que ampare tal utilización, pero si los usan sin marco legal habilitante, tampoco creo que nadie se queje, mientras los datos no se descontrolen.".
Este experto llegaba no obstante a una conclusión preocupante: "El problema de eso, porque lo hemos visto siempre, es que una vez se introduce un argumento, aun en circunstancias excepcionales, se utilizará cuando todo esto haya pasado para otra cosas no siempre en respeto de nuestros derechos. Así que, que lo hagan y ya (y que lo hagan bien)."
Nueva excusa para un mayor seguimiento de los ciudadanos
El debate vuelve a estar en el posible problema de privacidad que plantean estas medidas. En The New York Times citaban los casos de Corea del Sur o de Lombardía, en Italia, donde se están tomando medidas análogas para controlar a la población.
En Corea del Sur las agencias gubernamentales "están recolectando las grabaciones de las cámaras de vigilancia, los datos de localización de los smartphones y los registros de las compras con tarjetas de crédito para que ayuden a trazar los movimientos de los pacientes de coronavirus y establecer las cadenas de transmisión del virus".
En Lombardía se está siguiendo el mismo procedimiento que ahora se ha anunciado por parte del Gobierno, y que hace uso de los datos de localización que transmiten los ciudadanos a través de sus teléfonos móviles y que son recolectados por las operadoras.
La aparición del coronavirus ha sido argumento para tomar medidas que para algunos expertos en derechos diviles son discutibles. Ocurrió con los atentados del 11-S, aseguran en el NYT, y ha vuelto a ocurrir ahora.
Lo ha hecho según Albert Fox Cahn, del Suveillance Technology Overisght Project, que afirma que "podríamos terminar fácilmente en una situación en la que permitamos que el gobierno local, estatal o federal tome medidas en respuesta a esta pandemia que cambien de forma fundamental el alcance de los derechos civiles de Estados Unidos".
Para otros este tipo de medidas son necesarias en este tipo de emergencias. Es lo que destacaba en el NYT Mila Romanoff, miembro del United Nations Global Pulse, una iniciativa dentro de Naciones Unidas que trata de estudiar cómo los datos pueden mejorar la respuesta a emergencias. Según sus palabras, en emergencias de este tipo la privacidad debe sopesarse con otras consideraciones. Aún así, se preguntaba, "el reto es ¿cuántos datos son suficientes?".
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