La DGT pone en marcha la maquinaria administrativa para reforzar la vigilancia en las carreteras con radares para 180 tramos y 120 ubicaciones fijas, un despliegue de 300 puestos de control con el que quiere aumentar las posibilidades de “cazar” a los conductores que se pasen con el acelerador.
La inversión de Tráfico ascenderá a 17,5 millones de euros y le permitirá, asegura, “continuar con la labor de mejora de la seguridad” en los viales del país. Una vez se instalen y activen, los dispositivos completarán la tupida malla de sensores —incluidos los móviles— repartidos por España.
¿Qué sabemos de los nuevos “fichajes” de Tráfico? Una de las claves que deja entrever el anuncio es que el organismo quiere apostar por los controles de tramo, incrementando de forma considerable su despliegue actual. Otra es cómo se distribuirán los nuevos dispositivos: el 80% se instalará en carreteras convencionales y el 20% en vías de alta capacidad, como autovías y autopistas. “Estos porcentajes deben considerarse aproximados, pero servirán de orientación ”, señala Tráfico.
Más "ojos" para los amigos del acelerador
Menos nivel de detalle se da sobre su reparto a nivel geográfico, del que de momento la DGT no dice gran cosa. Sí se sabe que el contrato se dividirá en dos lotes —cada uno contempla radares para el control de 150 puntos o trechos: 60 de velocidad instantánea fijos y los restantes 90 en tramos—, lo que arroja algunas pistas sobre cómo quedará el mapa cuando finalmente se activen.
El primero de los lotes se centrará en el área Suroeste, Sureste, la zona del Levante, los Pirineos-Valle del Ebro y Baleares. El segundo, se circunscribirá únicamente a las carreteras dependientes de los Centros de Gestión de Tráfico de la zona centro, Noroeste-Cantábrico y la región Norte.
El pliego elaborado por los técnicos de la DGT revela también que en ambos lotes el número de cinemómetros es inferior al de las estructuras encargadas para acogerlos. Por ejemplo, en el caso de los radares fijos se solicitan 60 sensores y el doble de cabinas, bases y cimentaciones.
Sobre tiempos, el plazo de ejecución recogido en el pliego es de 42 meses.
A la hora de justificar la inversión la DGT incide en que “la siniestralidad registrada en las vías interurbanas obliga a la adopción de cuantas medidas sean precisas para mejor la seguridad” y que conducir a más velocidad de la debida es una de las causas más comunes de los siniestros. Por esa misma razón, recalca, mantiene “un enfoque de tolerancia cero ante el exceso de velocidad”.
La mayor siniestralidad de las #CtrasConvencionales se debe, entre otras razones, a:
— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) August 21, 2022
📌Ausencia de separación física de los sentidos de la circulación
📌Presencia de vehículos de distinta masa y #velocidad
📌Existencia de cruces#MejorMásDespacio pic.twitter.com/u5Voo15yC0
Los datos oficiales de la DGT muestran que en 2021 solo los diez radares fijos y de tramo menos respetados de su red sumaron más de 341.700 denuncias. A la cabeza se situaba el cinemómetro instalado en el punto 478 de la AP-7, en Valencia, con 60.525 denuncias, por encima incluso del balance de 2019, último año libre del efecto que la pandemia tuvo sobre la movilidad.
Los radares representan también una importante vía de ingresos para Tráfico. Automovilistas Europeos Asociados (AEA) calcula que el año pasado la DGT recaudó 444,3 millones de euros en multas, la mayor cifra, aseguran, de los últimos diez años. En 2021 el organismo habría registrado 4,8 millones de denuncias en las carreteras de su competencia, un 23,6% más que en 2020.
En ese balance los cinemómetros tienen mucho que decir. El informe de AEA revela que el exceso de velocidad lidera el ranking de sanciones, con más de tres millones de denuncias, muy por encima de la segunda causa, circular sin la ITV, que durante 2021 dio lugar a 591.100 expedientes.
Imagen de portada | Metro Centric (Flickr)
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