En noviembre de 2023, la CNMV suspendió la cotización de Talgo después de que se publicara una noticia bomba: un grupo húngaro quería lanzar una OPA a la compañía. En ese momento, la cotización estaba ligeramente por debajo de los cuatro euros pero subía rápidamente porque Magyar Vagon, quien luego supimos que era la empresa interesada, proponía pagar las acciones a cinco euros.
Desde entonces hemos vivido un tira y afloja entre el grupo húngaro, Talgo y el Gobierno español. Desde los primeros compases, el Ejecutivo se ha posicionado en contra de la venta de Talgo al grupo húngaro. En marzo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, adelantó que harían todo lo posible para frenar la operación.
La posición del núcleo duro de la compañía, sin embargo, era la de vender Talgo a cinco euros por acción. Bien al conglomerado húngaro o a cualquier otra empresa pero no aceptando menos dinero que esa cifra. Un motivo suficiente para rechazar la entrada de Skoda en la empresa, como había intentado el Gobierno, según explicaban en Cinco Días el pasado mes de julio.
Ahora sabemos que el Gobierno ha frenado la OPA húngara. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ya ha suspendido la cotización de manera provisional, después de que El Correo adelantara la noticia de que el Ejecutivo iba a frenar de manera definitiva la compra.
Alegando motivos "de seguridad nacional"
Lo que sabemos ahora es que el Gobierno ha tomado esta decisión en el Consejo de Gobierno de este martes 27 de agosto. Llega tras la presentación de un análisis elaborado por la Junta de Inversiones Exteriores del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.
El plazo para dar el visto bueno a la operación terminaba para el Gobierno el pasado 10 de agosto. Sin embargo, la Junta de Inversores Exteriores solicitó que se ampliara el plazo para elaborar su análisis y se concedió una prórroga que podía durar hasta el próximo 10 de octubre.
En este caso, no hay sido necesario apurar los plazos porque el organismo ha presentado su análisis concluyendo que existen "riesgos para garantizar la seguridad nacional y el orden público" si se vende la compañía al conglomerado húngaro, según se recoge en RTVE.
Desde hace meses, en el Gobierno defienden que la venta de Talgo es delicada ya que el 45% del consorcio Ganz Mavag, dueña del conglomerado industrial Magyar Vagon que es quien ha presentado la OPA, está controlado por el fondo estatal Corvinus que, por tanto, está bajo el mando directo de Víktor Orban, presidente de Hungría. Para frenar la OPA, se ha puesto de relieve el acercamiento que Hungría ha tenido hacia Rusia.
El Gobierno ha aplicado el "escudo antiopas" que fue ideado durante la pandemia para evitar que fondos extranjeros compraran empresas españolas a precios bajos
La sospecha sobre los puentes con intereses rusos es la principal línea de investigación que lleva a cabo la Junta de Inversiones Exteriores (Jinvex), que se ha dado un plazo extra de hasta tres meses para remitir al Consejo de Ministros su informe sobre Ganz Mavag y su conglomerado industrial Magyar Vagon.
El Ministerio de Transportes, que es quien ha liderado la búsqueda de interesadas por Talgo, ha manifestado en distintas ocasiones que hará todo lo posible por evitar que la compañía industrial española, calificada de estratégica, acabe en manos húngaras. Lo anuncia en virtud de la capacidad de veto con que cuenta el Gobierno hasta final de año. El blindaje antiopas extranjeras fue levantado para proteger compañías debilitadas por el paso de la pandemia y la posterior invasión rusa de Ucrania. Un 45% del consorcio Ganz Mavag pertenece al fondo estatal Corvinus y, por tanto, está bajo la batuta del primer ministro Víktor Orban.
Ya en abril, Puente señalaba que la compra planteaba un problema estratégico porque Talgo cuenta con tecnología clave en la movilidad militar entre países, incluidos los bálticos, recogen en El Mundo. Este ha sido uno de los motivos esgrimidos por el Gobierno, desde donde aseguran que existen lazos entre Rusia, Hungría y la compra de la compañía.
Para frenar la OPA, el Gobierno ha puesto en marcha lo que se conoce como el "escudo antiopas". Esta medida temporal que termina a finales de este año tenía como objetivo proteger a las empresas de compras extranjeras motivadas por una caída en su cotización. Se intentaba frenar las injerencias extranjeras que aprovecharan la coyuntura de la pandemia y la Guerra de Ucrania para entrar en puestos directivos o tomar el control del 10% de las acciones.
En esos casos (un 5% de las acciones en el sector de Defensa), el Gobierno debe dar su visto bueno para tirar a tierra o aprobar la posible compra. En este caso, ha sido la primera opción por la que se ha optado alegando, como decimos, motivos relacionados "con la seguridad nacional".
En RTVE se recoge que la decisión puede ser llevada ante los tribunales por los accionistas minoritarios de Talgo. La Asociación Española de Accionistas Minoritarios de Empresas Cotizadas (AEMEC) asegura que se trata de una injerencia del Gobierno que "supone un grave perjuicio a los accionistas de sociedades cotizadas al ver limitada su posibilidad de acudir a una oferta pública para vender sus acciones" y recalcan que la OPA está "admitida a trámite por la CNMV, cuenta con un aval bancario y ha recibido el apoyo del consejo de administración y los bancos financiadores de la sociedad".
Foto | Talgo
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