Reino Unido intentó limitar el acceso al porno online. Spoiler: sale mal

La idea de bloquear el porno surgió en 2010, aunque no fue hasta finales de 2013 cuando David Cameron instó a los ISPs británicos que activaran por defecto un filtro 'antiporno' para "evitar que los niños y niñas del país puedan acceder fácilmente a contenidos pornográficos". Nueve años más tarde y después de sucesivos problemas y debates, el gobierno de Boris Johnson ha decidido abandonar este intento de filtrar el porno online, tal y como ha confirmado Nicky Morgan, Secretaria de Estado de Cultura y Digital.

Proteger a los niños del porno online sigue siendo una prioridad para el gobierno del Reino Unido, pero como explican, "nos preocupa la prevalencia del contenido para adultos online". Como explicaba la organización Open Rights Group, no se creó un filtro común y cada operador bloqueaba lo que consideraba conveniente.

Un filtro antiporno con demasiados problemas y desafíos

Con la Ley de Economía Digital ideada en 2015, el último intento en vigor para limitar el acceso al porno online, se intentó crear un marco más estricto. El plan fue que introducir la edad no fuera suficiente, los proveedores deberían verificar la edad de los usuarios. Una medida de compleja implementación pues requería que las páginas solicitasen datos y documentos personales.

La dificultad de implementar este filtro antiporno es tal que durante los pasados años incluso se llegó a barajar vender un pase especial, que únicamente se vendiera en kioskos. El precio de estas tarjetas iba a ser alrededor de unas 10 libras y llegarían con un código de 16 dígitos que habría que insertarse en las webs.

Poner trabas al porno online es extremadamente complejo. El uso de VPNs está muy extendido y bloquear webs no es tarea fácil. ¿Qué ocurre con páginas que solo tienen una categoría de contenido para adultos? ¿Cómo se multa a esas webs? La propuesta contemplaba que aquellas webs con más del 30% de contenido para adultos debían solicitar la clave. En caso de no hacerlo, el Consejo Británico de Clasificación de Cine, bloquearía sus servidores en Gran Bretaña e impondría una multa.

A estas dudas se añaden los problemas de privacidad. Al requerir datos personales como el número de la seguridad social o la tarjeta de crédito, esto habría generado un conjunto de datos muy sensible, pues en caso de filtración se tendría un listado de nombres junto al acceso a pornografía online. En segundo lugar está la utilización de datos de familiares, pues un menor podría acceder al documento o tarjeta de sus padres para intentar acceder. Algo que lejos de solucionar el problema lo agravaría.

Una investigación realizada por el Instituto de Internet de Oxford en Reino Unido determinó que los filtros casi nunca funcionan. El estudio examinó casi 20.000 sujetos, 9.352 hombres y 9.357 mujeres de la UE y Reino Unido, y encontró que pese al 50% de hogares con filtros en casa, todos veían aproximadamente la misma cantidad de porno.

La conclusión de los autores es que estas herramientas no son relevantes a la hora de proteger a los menores del contenido sexual explícito. Siendo al final más importante que los padres supervisen lo que hacen sus hijos.

El gobierno del Reino Unido desecha el filtro, pero no la idea

Desde el primer momento, la normativa del Reino Unido ha contado con bastantes detractores. A los problemas de privacidad y control se suma la desconfianza hacia el propio organismo regulador, pues esta medida podía ser utilizada como herramienta de censura para páginas que no llegaban a ser estrictamente pornográficas.

El nuevo gabinete inglés ha explicado que la medida se encuentra paralizada, aunque no reniega de intentar limitar el acceso al porno online. En lugar de apostar por una legislación exclusiva para este propósito, la nueva iniciativa pasa por el 'Online Harms White Paper', un libro blanco donde se recopilan las propuestas y políticas online del gobierno. Unas que, como bien define The Guardian, no son sino otro "conjunto de propuestas imposibles de implementar" tal y como quedará expuesto cuando se sometan a la presión pública.