España acaba de anunciar la creación de un Centro Nacional de Ciberseguridad como parte del anteproyecto de Ley de Coordinación y Gobernanza de la Ciberseguridad.
La llegada de un nuevo organismo central plantea dudas sobre el futuro reparto de competencias con entidades ya existentes como el INCIBE o el Centro Criptológico Nacional.
Por qué es importante. La creación del nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad, que estará adscrito a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, abre un debate estratégico: ¿será un mero coordinador o asumirá el control efectivo de competencias que hoy ejercen otros organismos?
Entre líneas. Aunque el Gobierno lo define como "órgano de coordinación", el anteproyecto no aclara si absorberá competencias ejecutivas o se limitará a supervisar.
Esta ambigüedad genera incertidumbre, especialmente en organismos como el INCIBE, con sede en León, que gestiona 564 millones de euros en fondos europeos. Y que ya está recibiendo el apoyo de medios locales para preservar sus competencias.
La situación actual. Los tres organismos que deberán integrarse en la nueva estructura tienen roles bien definidos:
- INCIBE-CERT: protege al sector privado y gestiona importantes fondos europeos.
- Centro Criptológico Nacional: vela por la seguridad del sector público y ayuda al privado en circunstancias concretas.
- Mando Conjunto del Ciberespacio: especializado en defensa nacional.
Punto de inflexión. Más allá de cumplir con la exigencia europea NIS-2, el nuevo centro tendrá capacidades operativas importantes:
- Supervisión en tiempo real de redes.
- Difusión de alertas tempranas.
- Asistencia a entidades afectadas.
Estas capacidades son similares a las que ya tienen los organismos existentes, lo que refuerza la incertidumbre sobre si habrá duplicidad de funciones o una redistribución de las mismas. El texto del anteproyecto no aclara cómo se coordinarán estas competencias para evitar duplicidades.
Y ahora qué. El desarrollo normativo deberá resolver cuestiones clave:
- Jerarquía efectiva entre organismos.
- Reparto de competencias ejecutivas.
- Distribución de recursos.
- Ubicación física.
Estas decisiones no son menores: definirán si el nuevo centro será una verdadera autoridad central con poder ejecutivo o si actuará más bien como un coordinador que respete la autonomía de los organismos existentes.
El proceso de toma de decisiones implicará negociaciones complejas, especialmente considerando que algunas de estas entidades, como el INCIBE, ya gestionan importantes presupuestos y proyectos estratégicos.
La ubicación no es trivial: en los últimos años hemos visto una tendencia a la descentralización con el INCIBE en León, la Agencia Espacial en Sevilla o la Agencia de IA en A Coruña.
El anteproyecto, en tramitación urgente, recibirá aportaciones de los organismos afectados... que podrán influir en la definición final de competencias.
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