En los últimos años se está viviendo un intenso debate político y social sobre la sostenibilidad de las pensiones y el retraso de la edad de jubilación. Al mismo tiempo, las empresas acusan un envejecimiento progresivo de sus plantillas con poco éxito en la formación del relevo generacional.
En ese escenario, ni gobiernos ni empresas parece tener en cuenta la figura de la jubilación activa. Esta fórmula, vigente desde hace una década, permite compatibilizar el cobro de un porcentaje de la pensión de jubilación mientras se realiza una actividad laboral. Obviar a quienes quieren seguir en activo tras su jubilación es infravalorar el potencial de estas personas y la enorme experiencia laboral de quienes ya han terminado su carrera laboral.
¿Qué es la jubilación activa? La jubilación activa es una figura que se aprobó en el Real Decreto-ley 5/2013 de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, y que se terminó de pulir con el artículo 214 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social.
En pocas palabras, lo que propone este tipo de jubilación es una vía legal para que aquellas personas jubiladas que quieran seguir en activo lo puedan hacer sin perder su derecho a percibir una prestación. La única condición es que, salvo excepciones, se reducirá hasta un 50% la prestación de jubilación que recibe durante el tiempo que se mantenga en activo. Con la figura de jubilación activa, podrá seguir trabajando por cuenta propia o ajena, siempre que se cumplan una serie de requisitos:
- Tiene que haber pasado al menos un año desde que cumpliera la edad ordinaria de jubilación (en 2023 es de 65 años).
- No pueden solicitar la jubilación activa quienes se hayan beneficiado de bonificaciones o jubilación anticipada. Los funcionarios o cargos públicos no pueden solicitar esta modalidad de jubilación.
- Debe haber cotizado los años suficientes para tener derecho a percibir el 100% del importe de la pensión por jubilación (en 2023 es de 37 años y 9 meses).
- El trabajo que se realice puede ser por cuenta ajena, a tiempo completo o parcial, contando con la conformidad de la empresa contratante, o por cuenta propia.
Una vez finalizada su actividad remunerada, la persona jubilada recupera plenamente sus derechos, percibiendo el 100% de la prestación que le corresponde.
¿Qué no es la jubilación activa? Salvo algunas excepciones, la jubilación implica abandonar cualquier tipo de actividad laboral, y por ello se compensa con una retribución proporcional a lo que la persona ha cotizado durante su vida laboral activa.
Eso significa que la jubilación activa no implica trabajar durante más tiempo para aumentar la cuantía de la prestación por jubilación. Por lo tanto, la jubilación activa es voluntaria y el trabajo que realice debe remunerarse como a cualquier otro empleado.
Negocios familiares y autónomos los más habituales. La gran excepción en la jubilación activa la recoge la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. En ella se regula que los trabajadores autónomos ya retirados que decidan acogerse a esta modalidad y demuestren tener al menos un empleado a su cargo, pueden seguir cobrando el 100% de su pensión por jubilación y seguir con su actividad profesional.
De los 6.369.023 de personas jubiladas que hay en 2023 en España, solo 67.164 personas se han acogido al modelo de jubilación activa y de ellos, 57.156 personas (el 85,1%) lo hicieron como autónomos, según datos complementarios de la Seguridad Social.
Esto supone una oportunidad para aquellos pequeños negocios familiares que, por falta de relevo generacional, se ven abocados al cierre de la empresa y despido de sus empleados. Siempre que el titular se encuentre en buenas condiciones de salud y tenga ganas de seguir adelante con su negocio, con la jubilación activa puede hacerlo.
Formadores con más de 37 años de experiencia. Según datos de Eurostat publicados en el diario Ara, España era el país de la Unión Europea en el que menos personas trabajaban a partir de los 65 años. Las empresas están dejando escapar la oportunidad de reclutar a este colectivo tan experimentado para capacitar a sus nuevos empleados con los requisitos exactos para el puesto que van a desarrollar.
En 2023, las empresas solo han contratado los servicios de 10.008 personas en situación de jubilación activa para aprovechar ese potencial formador. Además, quienes se acogen a la jubilación activa, deben cotizar a la Seguridad Social como empleados activos por incapacidad temporal y por contingencias profesionales, pero no para añadir más años cotizados a su vida laboral. Es decir, el coste de contratación para la formación es menor que lo que supone asignar la formación de los nuevos talentos a miembros de la plantilla en activo.
La jubilación debe ser un derecho, no una obligación. En Estados Unidos cada vez hay más personas obligadas a trabajar más allá de los 75 años para complementar unas pensiones que no alcanzan para vivir con dignidad. Garantizar la sostenibilidad de esas pensiones es uno de los principales rompecabezas a los que se vienen enfrentando los gobiernos.
Sin embargo, tal y como apuntan desde la Fundación de Activos de Gran Experiencia que representa a este colectivo de empleados sénior, la propia administración tiende a caer en el edadismo con una normativa para la jubilación activa que tiene margen de mejora. Los empleados jubilados que así lo deseen, todavía podrían aportar mucho más a la sociedad transmitiendo valores y conocimientos al nuevo talento.
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Imagen | Pexels (cottonbro studio)
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