El pasado 31 de octubre, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un decreto por el cual se pretendía "poner punto final al proyecto de república digital catalana". Mañana miércoles 27 de noviembre se vota en la Diputación Permanente del Congreso la convalidación de este decreto, pero varias voces han alertado de sus implicaciones y han solicitado a los distintos partidos políticos que replanteen su posición y voten en contra de la censura.
Este es un resumen para entender qué hay detrás del nuevo Real Decreto-ley 14/2019, qué consecuencias puede conllevar y por qué las asociaciones en derechos de los usuarios de internet han expresado su preocupación ante esta nueva regulación aprobada por el Gobierno.
Qué pretende este nuevo Decreto Ley
Para entender el contexto de este decreto debemos remontarnos a finales de octubre, en periodo electoral y con la enorme polémica generada tras la sentencia del Procés. La intención del Gobierno fue atajar los intentos de crear una identidad digital catalana; "Ni habrá independencia offline ni online", avisaba Sánchez.
El independentismo busca lagunas legales en el mundo digital, pero el Estado de Derecho será igual de contundente en este ámbito.
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 31, 2019
Ni independencia offline, ni online. Aprobaremos un RDL para que el Estado garantice el desarrollo de la administración digital. #SánchezEnOndaCero pic.twitter.com/ZeLqklu2lY
Carlos Sánchez Almeida, abogado especializado en delitos informáticos e Internet, lo define rápidamente: "Fue una medida electoral, está claro que se hizo como propaganda electoral. La misma que ha hecho el Gobierno de la Generalitat. Pero los derechos de los ciudadanos están en medio y hay que protegerlos".
¿Qué permite el nuevo Decreto-Ley? Principalmente lo que hace es ampliar los supuestos donde el Gobierno puede intervenir redes y cortar comunicaciones electrónicas sin autorización judicial. Anteriormente, el Gobierno podía intervenir estas redes por motivos de seguridad pública, en defensa de la vida humana o por emergencias, pero ahora también se incluyen motivos de orden público.
Lo llamativo del decreto es que no se especifica en ningún punto a Cataluña. De hecho, el decreto modifica otras leyes como la de Telecomunicaciones para permitir intervenir "cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red". Una descripción que va más allá del simple cierre de dominios.
Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre. BOE
Así quedaría la modificación de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones:
"El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional. En concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público, la seguridad pública y la seguridad nacional"
Un problema de mesura
"Podemos discutir que en tanto la situación sea ordinaria, y no se infrinja la ley, aparentemente no pasaría nada, pero la potestad estaría ahí", nos explica el jurista Sergio Carrasco. "Al final se trata de potestades excesivamente amplias, más propias de su inclusión dentro de la declaración de uno de los estados excepcionales de alarma o excepción".
"Con la nueva redacción, el uso de términos abstractos como orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional como supuestos de habilitación, supone al final crear un marco de inseguridad jurídica inadmisible". Y es que pese a que Cataluña se esgrimió como motivo para la realización de este Decreto-Ley, "su ámbito de aplicación no se limita a esta, y al final constituye una injerencia importante en los derechos de los ciudadanos", concluye Carrasco.
"Una ley chapuza que en malas manos puede ser peligrosa".
Con esta legislación en mano, el Gobierno podría cerrar de manera exprés servicios digitales que creen "graves problemas económicos" o promuevan acciones que "alteren el orden público". Descripciones poco vagas que, como apunta Almeida, "solo es una ley chapuza que en malas manos puede ser peligrosa".
"Se presenta un problema constitucional de mesura. Cerrar una web es como poner una mordaza, pero lo que te ponen con la intervención de la red es quitarte la boca. Desde mi punto de vista, es como el secuestro de publicaciones, una medida tan excepcional como embargar imprentas. Entendemos que el carácter excepcional y transitorio no justifica una norma que en la práctica es una ley de excepción", explica Almeida.
Desde la PDLI y otras plataformas solicitan a los partidos que voten en contra
Distintas organizaciones como La Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet y la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información han criticado el nuevo Decreto-Ley y solicitado a los miembros de la Diputación Permanente que voten en contra.
A su juicio, "actualmente no se dan circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad -como requiere el artículo 86 de la Constitución- que justifiquen por parte del Gobierno disposiciones legislativas provisionales en forma de decreto ley".
Y cuentan con nuestro apoyo: La @PDLI_ pidió a la Diputación Permanente del Congreso que rechace la convalidación del #decretazo de medidas urgentes sobre administración digital: https://t.co/z0O4KFKYBi
— Ofelia Tejerina (@OfeTG) November 21, 2019
cc @internautas
Miguel Pérez Subías, presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, insistía a EFE a principios de noviembre en la importancia de que intervengan al menos dos poderes en este tipo de actuaciones. "Los excesos existen", explicaba.
El Decreto ley establece que los sistemas de identificación deberán contar con un registro previo que garantice la identificación, así como la previa autorización de la Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Se establece además de manera expresa que no serán autorizados sistemas de identificación basados en tecnologías como el blockchain, en tanto que no sean objeto de una regulación específica en el marco de la Unión Europea.
"Se trata de una medida muy restrictiva, que no resulta tecnológicamente neutra, y que difícilmente tiene justificación a la vista de la múltiple normativa ya aplicable tanto a nivel europeo como español en el ámbito de la identificación y firma por medios electrónicos, así como en materia de protección de datos personales", explican desde la Asociación de Internautas.
Lejos de derogar la Ley Mordaza, @sanchezcastejon la modifica mediante un #DecretazoDigital para que todos tengamos que ir por internet con el DNI en la boca. pic.twitter.com/5Qp21z3mkA
— Almeida (@bufetalmeida) November 26, 2019
Como apuntan desde la plataforma Xnet, en la exposición de motivos del Decreto se comenta que se realiza bajo el amparo del Reglamento Europeo de Protección de Datos, un Reglamento precisamente no respetado por las instituciones en distintas ocasiones.
A la espera de las negociaciones para el futuro Gobierno
"Más allá de los efectos reales que el texto pueda o no tener, la propia situación hace recomendable su convalidación a los efectos de mostrar que se está dando respuesta a una solución conflictiva", explica Carrasco sobre si el texto obtendrá su convalidación o será rechazado.
Estos días, los partidos políticos de PSOE y Unidas Podemos se encuentran inmersos en negociaciones con ERC para obtener su abstención. Y este Real Decreto Ley 14/2019, también denominado como el "155 digital" es uno de los motivos de disputa.
Desde el Govern de la Generalitat, ya se han iniciado los trámites necesarios para saber si el Decreto de Ley Digital vulnera competencias y presentar un posible recurso de inconstitucionalidad.
El PSOE fue uno de los partidos que apoyó la derogación de la Ley Mordaza, pero se da el caso que con este Decreto la están ampliando. "En todo caso una norma como esta se podría poner dentro de la Ley de Alarma, Excepción y Sitio y en caso de tenerse que adoptar una medida de este calibre, se pueda adoptar con garantías", explica Almeida. Y es que según el abogado, el Decreto digital "se podría tramitar tranquilamente en un futuro como proyecto de ley, con el requerido debate, tranquilidad y reflexión" que requiere una legislación como esta.
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