El Gobierno monitorizará y decidirá si lo que decimos en las redes es verdad con la ayuda del CNI y medios de comunicación

El 'Procedimiento de actuación contra la desinformación' es el nuevo Plan del Gobierno publicado hoy en el BOE donde se adoptan medidas para "hacer frente a desinformaciones". Se trata de una iniciativa que nace a raíz del plan de la Unión Europea 'European Democracy Action Plan', de hace dos años y todavía no en vigor, para evitar interferencias en las elecciones.

Una iniciativa que llega ahora y entre otras medidas contempla la monitorización continuada de las redes y la posibilidad de solicitar la colaboración de empresas privadas para frenar determinados mensajes.

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Según el Gobierno, el nuevo plan tiene como objetivo "examinar el pluralismo de los medios" para detectar la desinformación, encontrar el origen y hacer campañas de comunicación desde el Gobierno. Para ello han aprobado una iniciativa que contempla monitorizar la información que se publica y poder solicitar la colaboración de los medios de comunicación para "frenar la difusión deliberada, a gran escala de desinformación".

Para dar cumplimiento a este plan nacional, el Gobierno ha creado una estructura en la que participa el Consejo de Seguridad Nacional el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación y las autoridades públicas competentes, entre ellas Presidencia, los gabinetes de comunicación de los Ministerios y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Es decir, organismos del más alto nivel enfocados en comunicación.

Se publica el Procedimiento de actuación contra la #Desinformación aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional @M_Presidencia
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— Portal de la Transparencia - España (@transparencia_e) November 5, 2020

¿Cómo se solicitará la ayuda de los medios de comunicación? El plan detalla cuatro niveles de actuación, desde la identificación hasta la respuesta. El primer nivel consiste en detectar y notificar a la comunidad, investigando el posible origen y propósito. Para ello podrán "solicitar la colaboración del sector privado: medios de comunicación, plataformas digitales, asociaciones, las ONG y aquellas personas en su condición de expertos cuya contribución se considere relevante".

El segundo nivel establece una evaluación por parte de la comisión. Si se considera, desde la Secretaría de Estado de Comunicación lanzarían una campaña de comunicación para intentar contrarrestar. En este nivel 2, será el director del Departamento de Seguridad Nacional podrá activar una Célula de Coordinación.

El tercer nivel se centra en una gestión estratégica, determinada por el Comité de Situación. En el cuarto y último nivel se contempla la gestión política y la adopción de medidas en caso que un tercer Estado esté detrás de la campaña de desinformación.

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Una monitorización con muchos interrogantes

Sergio Carrasco, jurista de Fase Consulting, explica que "los medios aparecen en varios niveles; desde la identificación temprana, y búsqueda al posible origen, hasta la propuesta de posibles medidas". ¿Qué papel pueden jugar estos medios de comunicación? "Al final son una parte interesada, pensemos en que la respuesta puede incluir campañas de comunicación desde los poderes públicos", explica Carrasco, aludiendo al hecho que los medios de comunicación tendrían un papel activo en esta campaña.

Respecto a la monitorización, Carrasco expone que "no se indican métodos concretos, pero se entiende que pueden utilizar scrappers" (páginas que copian el contenido automáticamente) o "personal de prensa". "Pensemos que en cierta forma ya se produce un seguimiento de noticias por parte de los poderes públicos para ver la repercusión de medidas, lo que hacen es ampliar el círculo de lo que interesa", resume Carrasco. En el caso del CNI, su papel sería de "monitorización y vigilancia", entendiendo que "además tendrán un papel activo en el análisis de la posible participación de terceros países".

"Está redactada en unos términos tan ambiguos que puede ser para eso y para otras cosas. La función del Derecho es la seguridad jurídica. Y lo peor que puede pasar con una norma es crear inseguridad jurídica, como ésta", ha expresado Borja Adsuara, profesor, abogado y consultor en Derecho.

La Asociación de Medios de Información ha mostrado su "profunda preocupación" por esta orden y expresa que podría suponer en la práctica una vulneración de la libertad de expresión.

Estos días el Congreso aprobada una Proposición no de Ley de Unidas Podemos donde se instaba al gobierno a eliminar "mensajes de odio" sin pasar por un juez. El plan aprobado no habla de eliminar mensajes, pero sí de monitorizar y actuar en caso que se considere desinformación. Una decisión que no siempre queda clara y provoca que algunos usuarios critiquen y cataloguen a este organismo como 'Ministerio de la Verdad'.