Una corte judicial en Boston ha emitido una sentencia según la cual el Gobierno de los Estados Unidos no puede hacer búsquedas o registros en los móviles y otros dispositivos electrónicos de los viajeros que pasan por las aduanas estadounidenses sin que haya sospechas fundadas de un delito.
La decisión de esta corte es significativa y apoya la demanda de las sociedades de defensa de derechos civiles que en el pasado habían protestado contra este tipo de procedimientos declarándolos inconstitucionales y alegando que violaban la Cuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que precisamente protege a sus ciudadanos de registros y arrestos arbitrarios.
Una victoria para las libertades civiles
La demanda inicial partió de 11 viajeros, 10 de los cuales eran estadounidenses, que fueron ayudados por la American Civil Liberties Union -que ya tomó declaración de algunos agentes de aduanas hace meses- y la Electronic Frontier Foundation. A todos ellos les fueron realizados registros en sus móviles y portátiles sin que hubiera orden judicial de por medio y sin que tampoco hubiera justificación por sospecha de delito o actividad criminal.
Para Esha Bhandari, abogada de la ACLU, "esta sentencia mejora significativamente la protección de la Cuarta Enmienda para los millones de viajeros internacionales que entran a los Estados Unidos todos los años".
El año pasado los agentes aduaneros registraron 33.000 dispositivos electrónicos de viajeros sin sospechas fundadas, lo que supuso multiplicar por cuatro los registros que se realizaron en 2015. Ya en 2017 se intentó aprobar una propuesta para que los viajeros tuvieran que revelar las contraseñas de sus cuentas online si se las solicitaban en la aduana estadounidense.
En los últimos tiempos incluso se ha solicitado a los viajeros que informen al gobierno de sus alias en redes sociales para que los agentes aduaneros puedan usar también esa información en su investigación a la hora de permitir o no la entrada de dichos viajeros a los Estados Unidos. Y por cierto, ha habido casos en los que efectivamente se les ha denegado esa entrada al país por este motivo.
Esta sentencia plantea un precedente importante para quienes se vean afectados por tal circunstancia, y puede que con ella se ponga freno a los polémicos privilegios de los que agentes de aduanas han podido disfrutar durante estos últimos años.
Más información | ACLU
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