LaLiga demuestra una vez más por qué se ha convertido en el principal enemigo de la libertad en internet. El último movimiento es cuanto menos sorprendente: solicitar 450 euros por carta por haber accedido a contenidos de LaLiga sin permiso.
Según describe David Maeztu, abogado especializado en Derecho de Internet y propiedad intelectual, LaLiga está enviando cartas a distintos usuarios donde se les pide 450,16 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios relacionados con un acceso ilícito a los contenidos.
¿A qué vienen estas cartas? ¿Está LaLiga identificando a los usuarios que han utilizado IPTVs? ¿Qué base legal tienen? Aquí os explicamos el contexto y lo que sabemos hasta la fecha.
Qué implican las cartas de LaLiga
Todo parte de un auto del Juzgado de lo Mercantil nº8 de Barcelona del pasado mes de febrero. En ese auto, que no sentencia, se abrió la puerta a que LaLiga pudiera solicitar a las operadoras la IP de los usuarios.
El auto estaba enfocado en los usuarios que utilizaban los decodificadores para retransmitir los partidos sin derechos, pero como alertó Carlos Sanchez Almeida, abogado especializado en Delitos informáticos y Responsabilidad Civil, el texto permitía en la práctica pedir también la IP de un usuario final que accedía a un IPTV. "Fundamentan el tema que solo van contra la retransmisión pero a la hora de la verdad están pidiendo los datos de todo el mundo. Ya se verá", explicaba Almeida.
En conversación con Xataka, Maeztu explica que tienen constancia de al menos tres cartas enviadas por LaLiga a usuarios, los tres de distintas provincias y en todas ellas se solicita la misma cantidad de 450 euros. En la carta no se justifica cómo se realiza el cálculo de esta cantidad, simplemente argumentándolo como "daños y perjuicios".
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La carta es una conciliación previa. Una exigencia de pago para evitar ir a juicio, donde se pide admitir que "se propició un acceso ilícito a los contenidos audiovisuales de LaLiga"; que se "cese de inmediato y se comprometa a restringir el acceso desde su red a las IP dominios y webs que permiten el acceso ilícito" y que se "abonen los 450,16 euros".
El usuario tiene varias opciones. La carta cita para comparecer un día concreto en el juzgado. "Si pagas, lo lógico es presentarse para dejar constancia que hay conformidad. Si el usuario no se presenta no pasa nada. Se dice que se ha intentado el acto; el reclamante impone demanda y solo tiene efectos en una eventual condena en costas", explica Maeztu.
Las solicitudes de LaLiga guardan similitud con lo ocurrido en el caso Euskaltel. Por el momento no se tiene constancia que estas cartas hayan acabado en demanda ni tampoco se ha organizado una defensa colectiva, aunque el abogado Javier Prenafeta de 451.legal está informándose del caso. Según nos describen desde el bufete de abogados, no será hasta que estas cartas se materialicen en demandas cuando empecemos a conocer más detalles. Unas demandas que sería esperable que ocurran ya que la justificación que da LaLiga en la carta para exigir los 450 euros es muy escasa.
A quién le está pidiendo 450€ y cómo se les ha identificado
Javier Tebas, presidente de LaLiga, explicaba así la capacidad para perseguir a los usuarios: "Ante la nota del Departamento de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, compartimos la parte dispositiva del Auto que deja claro que LaLiga facilitará a los operadores las direcciones IP que transmiten contenido ilegal, sin importar ubicación y estas comunicaran a LaLiga los usuarios que acceden a estas IP".
Esta solicitud de la IP está amparada por la Justicia Europea, pero hay muchos pormenores que hay que tener en cuenta, ya que cada caso es distinto. LaLiga aprovecha el auto de febrero para llevar a cabo acciones de dudosa justificación, según critican distintos abogados en defensa de la información en internet.
Según se lee en la carta: "se presenta demanda de conciliación contra un usuario, al que se ha identificado por su IP porque "se ha podido corroborar que desde su red de internet [.] se han efectuado conexiones a la plataforma pirata [.] desde la que se servía el acceso...". Según expone Maeztu: "se trata de un mero usuario conectándose a un servicio. Así que sí, pretenden ir contra usuarios finales".
Los detalles de este servicio no están claro. Previsiblemente, por la forma en la que está redactada la carta, se oriente hacia usuarios que disponen de un decodificador IPTV y quizás no son del todo conscientes de su funcionamiento. No implica que estos usuarios sean 'cardsharers' y estén refundiendo la señal, pero sí habría un dispositivo por en medio capaz de ser "restringido".
La gravedad del asunto no es el quién, sino el cómo. "Lo que más me preocupa es que esta conciliación se solicita por ver partidos de fútbol en abril (jornadas 32 y 36 de la Primera y Segunda División), cuando el auto es de febrero", alerta Maeztu. "Es grave y alguien va a tener que explicar por qué se está identificando por conexiones en abril, cuando el auto original es sobre cosas de antes de febrero".
Hay varias posibles opciones, apunta el abogado. Por un lado que LaLiga tenga servidores honeypot. Unos servidores "trampa" para identificar ciertos accesos. Aquí LaLiga podría tener ya la dirección IP desde antes y solicitar la identificación a los operadores cuando detecten que esa misma IP se conecta otra vez al servidor. Otra opción es que las operadoras estén colaborando con LaLiga para identificar usuarios, a raíz de la IP original detectada pero aunque cambien en el tiempo. Pero esta posibilidad implicaría un problema de protección de datos muy complejo.
El problema es de fondo
LaLiga está aprovechando un auto redactado de forma poco clara para ir detrás de los usuarios. Actualmente se queda en unas cartas amenazantes para evitar ir a juicio, pero supone a la práctica la persecución de los usuarios. Una persecución que, a diferencia de con las películas y series, no está debidamente justificada.
En 2022, el Tribunal Supremo determinó que la emisión de partidos de fútbol no era delito contra la propiedad intelectual. Aún así, LaLiga ha tomado la determinación de dar un paso más en agresividad a la hora de utilizar la justificación legal contra los usuarios. Una persecución que se justifica en base a decisiones judiciales, pero por el momento ninguna sentencia firme de un tribunal superior.
Imagen | Footy
En Xataka | El posicionamiento de los jueces sobre LaLiga y las IPTV es claro: no se puede perseguir al usuario final
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