YouTube, copyright y artistas: una guerra en la que hay más bandos implicados

A finales del pasado mes de junio, 180 artistas de peso en la industria musical, entre los que se encuentran Paul McCartney, Taylor Swift o U2, firmaron una carta conjunta en la que exigían una reforma de la Digital Millennium Copyright Act (DMCA), la ley de copyright que regula el contenido online y que siguen servicios como YouTube o Spotify.

La premisa básica de la citada carta es:

La ley ha permitido que las grandes compañías tecnológicas crezcan y generen enormes beneficios gracias a ponerle fácil a los consumidores que puedan llevar en su smartphone casi cualquier canción grabada en la historia, mientras que los ingresos de los autores y artistas siguen disminuyendo.

Pocos días después de esta iniciativa, 1000 artistas como Coldplay o Lady Gaga firmaron otra petición, esta vez dirigida a la Comisión Europea, en la que se pedía prácticamente lo mismo: revisar el desfase que hay entre el consumo de música y los ingresos que se generan. ¿El principal señalado? YouTube.

Justo hoy la Comisión Europea se ha pronunciado sobre este tema, pero antes pongamos en contexto esta guerra entre YouTube y artistas.

Lo que piden los artistas

Más allá de los manifiestos, cartas o peticiones, lo interesante es leer entre líneas y analizar exactamente lo que están pidiendo los artistas en este caso:

• Más ingresos por copyright. Con el argumento recurrente de "hacer justicia", los artistas piden una equidad entre el número de escuchas o visionados y los ingresos generados. También se quejan del "valor de gratuidad" que está adquiriendo la música gracias a la democratización que ha facilitado internet. "Como lo tienen gratis, ya no compran discos". Y, al mismo tiempo, afirman que el consumo de contenido crece más rápido que el reparto de ingresos. Al final, lo que quieren es percibir más ingresos por el consumo de su música.

• Copyright más estricto. A los artistas no les gusta el Safe Harbour, sustituido hace unos meses por el Privacy Shield, ni la Digital Millennium Copyright Act. ¿Y qué es lo que no les gusta a los artistas en concreto? Sienten que no tienen el control de sus propias obras porque sirven para que servicios como YouTube o Facebook queden a salvo de demandas cuando alguien sube un contenido sin el permiso de sus autores. Dicen algo así como que se aprovechan de esa protección legal para dejar que brote la piratería y hacerse ricos en el proceso. Por eso piden reformas que, teóricamente, conducirían a un marco en el que los artistas podrían denunciar siempre que detecten que alguien está usando su música sin consentimiento. En consecuencia, se acabaría eso de que los usuarios puedan subir libremente contenido con derechos de terceros.

Los artistas reclaman reformas para obtener más ingresos por copyright

• Que YouTube pague, al menos, lo mismo que Spotify. Spotify paga por cada reproducción una media de entre $0.006 y $0.0084, mientras que las estimaciones sitúan a YouTube en $0.001 por view, aunque varía dependiendo de la temática del canal, de los acuerdos concretos con networks, etc. Aquí argumentan también que en YouTube la mayor cantidad de contenido es musical, así que consideran que estos pagos deberían ajustarse (al alza, lógicamente).

El punto de vista de YouTube

Susan Wojcicki, CEO de YouTube

¿Y qué tiene que decir YouTube a todo esto? Desgranando todas las implicaciones de los puntos que defienden los artistas:

• YouTube no gana dinero con los vídeos que no son suyos. Y aquí la compañía es tajante: invirtieron 60 millones de dólares en crear Content ID, una tecnología que es capaz de identificar copyright de vídeo y audio a unos niveles cada vez más concretos. De hecho, es tan específico que es capaz de discernir, en un mismo vídeo, los diferentes dueños de los derechos (como sucedería en un mashup, por ejemplo). YouTube afirma que, cuando vemos publicidad en su plataforma, la mayor parte de los ingresos generados van directamente a los dueños de esos derechos.

¿Y qué pasa si un usuario sube un contenido que no le pertenece? Content ID lo detecta y le ofrece al usuario tres escenarios diferentes, dependiendo de lo que haya decidido el dueño de ese copyright: bloquearlo (al parecer, sucede poco, en menos del 10% de las ocasiones), seguimiento (el dueño de los derechos tendrá la opción de monitorizar la actividad de ese vídeo) o monetización (permiten que el vídeo siga online, pero la monetización correspondiente pasa a los dueños de los derechos).

En cualquier caso, como decimos, YouTube asegura que no gana dinero con contenidos que no le pertenecen, lo que chocaría con el argumento de los artistas sobre que las empresas de contenido digital se han lucrado de la protección ante demandas de la DMCA y la supuesta permisividad ante la piratería.

YouTube asegura que es totalmente transparente con los ingresos con su tecnología Content ID

• La reforma del Safe Harbour o de la DMCA no es la solución. YouTube afirma que, desde la creación de Content ID en 2013, han pagado 3000 millones en copyright, que utilizan para argumentar que Google hace su trabajo con transparencia, especificando claramente en sus informes a los creadores cómo se reparten los ingresos. Aquí su punto es dejar a los usuarios que suban el contenido de terceros, que Content ID reconocerá perfectamente los titulares de esos derechos y repartirá los ingresos.

• La comparación con Spotify no es justa. En un artículo publicado a finales de abril de este año, Christophe Muller, Director de YouTube International Music Partnerships, explicaba que no es justo comparar la actividad de Spotify con la de YouTube. ¿Por qué? Spotify es un servicio de música en streaming (aunque ahora esté empezando a incluir vídeos) y YouTube es contenido multimedia. Incluso dan cifras: en Spotify un usuario escucha de media unas 55h de música al mes, mientras que en YouTube es una hora al mes. Así, en YouTube se consideran más como una radio, una herramienta promocional, más que de consumo intensivo de música.

• Sobre el reparto de ingresos. Respecto al punto en el que los artistas dicen que "el consumo de contenido crece mucho más rápido que los ingresos", YouTube argumenta dos cosas: que ellos no deciden cómo cambia el negocio de la publicidad (es decir, no eligen cuánto paga una marca por anunciarse) y sólo se han adaptado con un modelo de negocio sostenible para YouTube. Y, por otro lado, recuperando el punto anterior sobre la semejanza con la radio, que la promoción siempre es un gasto para los artistas, mientras que en YouTube pueden generar ingresos donde antes sólo había gasto.

Las nuevas medidas sobre el copyright de la Comisión Europea

La Comisión Europea ha reconocido en un comunicado que hace falta una modernización de las leyes del copyright. Para ello, ha propuesto dos directivas y dos regulaciones nuevas, que todavía tienen que recibir el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo. Estas propuestas giran en torno a tres objetivos que señala la propia Comisión:

• "Una mayor capacidad de elección y acceso a los contenidos en línea y a través de las fronteras".
• "Una mejora de la normativa sobre derechos de autor en la educación, la investigación, el patrimonio cultural y la inclusión de las personas con discapacidad".
• "Un mercado más justo y sostenible para los creadores, las industrias creativas y la prensa".

Sobre este último punto, que es el que atañe al copyright, la Comisión propone:

• "Introducir un nuevo derecho afín para los editores, similar al que ya existe en el Derecho de la UE para los productores de películas, grabaciones (fonogramas) y otros agentes de las industrias creativas, como los organismos de radiodifusión". Esto se traduce en la conocida como Tasa Google, es decir, favorece que los medios online puedan pedir una compensación económica por que sus artículos aparezcan en Google (y sería muy negativo para agregadores de noticias, que tendrían que pagar por cada enlace que incluyen en sus webs).
• Que sea obligatorio para servicios como YouTube contar con una tecnología que detecte automáticamente tanto canciones como obras audiovisuales y sea capaz de atribuir los derechos correspondientes a sus dueños.
• Que los productores y editores sean transparentes con los artistas sobre los ingresos que han generado con sus obras.

... a YouTube no le ha gustado

La respuesta oficial de YouTube ante estas propuestas de la Comisión Europea se podría resumir en esta frase: "es un paso más allá en un mejor funcionamiento del mercado para creadores y consumidores en Europa, pero no ha conseguido el equilibrio adecuado". En concreto, señala puntos que "les preocupan":

• "La propuesta de hoy sugiere que las obras que incluyen texto, vídeo, imágenes y muchas otras, deben ser filtradas por los servicios online. Esto conlleva convertir a Internet en un lugar donde todo debe estar revisado por abogados antes de que llegue a la audiencia".
• "Estamos descontentos al ver que incluye una propuesta para un nuevo derecho para los editores de prensa después de que decenas de miles de voces distintas (incluida la nuestra) han reclamado un enfoque diferente. La propuesta parece similar a las leyes fallidas tanto en España como en Alemania y representa un paso atrás para los derechos de autor en Europa".

Como es lógico, se muestran en contra de la tasa Google y de que los servicios online tengan que revisar todo el contenido antes de que sea accesible por los usuarios.

Entonces, ¿dónde está la guerra?

A YouTube le interesa tener una buena relación con los artistas porque le dotan de un contenido con una audiencia potencial grandísima y, por el mismo motivo, a los artistas les interesa estar en buenos términos con YouTube, una potente herramienta para alcanzar audiencias masivas y en todo el mundo. De hecho, poniendo ambas posturas en perspectiva, da la sensación de que están más alineados de lo que parece. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿cuál es el origen de esta guerra?

En primer lugar, aunque a la opinión pública llegue un mensaje centrado en asuntos de legalidad, copyright o transparencia, hemos visto que el trasfondo real tiene que ver con el dinero, con los ingresos que percibe cada una de las partes. A los artistas no les molesta que su contenido se reproduzca miles de millones de veces, sino que no se les pague en consonancia. Da la coincidencia, como apuntábamos hace unas semanas cuando los 180 artistas enviaron la carta para reformar la DMCA, que las discográficas se encuentran negociando ahora mismo los contratos de renovación de copyright con YouTube, por lo que podría ser una manera de presionar a la plataforma de Google para conseguir unas condiciones más favorables.

Esta no es una guerra por el copyright, sino por obtener más ingresos

Por otro lado, y aquí está la raíz del problema, la relación de las discográficas y servicios como YouTube o Spotify sigue experimentando momentos tensos. Las discográficas ya no tienen el mismo poder que en la era dorada del CD físico y los servicios digitales han ido adquiriendo cada vez más peso, colándose en los hábitos de consumo de la gente. La prueba está en que el público mayoritario ya no compra CD's, sino que escucha música a través de servicios como Spotify). Sin embargo, los principales catálogos y los derechos de la música siguen en poder de las discográficas, y si YouTube o Spotify quieren ofrecer su servicio, tienen que llegar a un acuerdo con ellas.

La clave está en que todas las partes implicadas consideran que ganan poco dinero o, mejor dicho, que podrían ganar más. ¿Qué pasaría si los artistas negociaran sus ingresos directamente con las discográficas, que son las que reciben el dinero por publicidad que genera YouTube? ¿Y qué sucedería si las discográficas y servicios como YouTube negociaran -en privado- asumiendo cuál es el rol que tiene cada cual en la actualidad? ¿Y si entendieran que cuanto más se facilite el crecimiento del ecosistema digital, mejor les iría a todos?

Obviamente, no todo es tan sencillo para las partes implicadas, pero esta situación no debe verse como un combate entre YouTube y los artistas, sino una guerra en la que también hay que implicar a las discográficas y a las instituciones que, como la Comisión Europea, deben mediar por el bien de todos, incluyendo a los propios usuarios.

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