Steven Wagner, secretario asistente interino del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de Estados Unidos, declaró este fin de semana que su organismo había “perdido” a 1.500 de los 7.000 niños inmigrantes que tiene a su cargo. La noticia rápidamente se compartió, primero por The New York Times y Associated Press, y después por buena parte de la prensa nacional e internacional.
El escándalo: la noticia ha causado sensación en Estados Unidos por dos motivos. El primero, por el mero hecho de dejar a miles de niños fuera del control del Estado, vulnerables a las mafias de narcotráfico y de tráfico de personas. 1.2 millones de niños son víctimas en el mundo cada año de estas redes. Por otra parte, con la bomba informativa muchos ciudadanos han descubierto uno de los aspectos más duros de la nueva política migratoria de la administración Trump: si los padres son sorprendidos realizando cruces fronterizos no autorizados con sus hijos, se separa a los niños de sus padres. En algunos casos extremos esta separación puede ser irreversible.
¿Realmente son niños perdidos? Sí, están perdidos… para la administración, pero no necesariamente por sus familias. El procedimiento es el siguiente: después de que los niños crucen una frontera, el Departamento de Seguridad Nacional toma su custodia. Una vez se aplica la ley de inmigración, pasan a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del HHS. Entonces se les asigna un tutor, por orden: familiar cercano, familiar lejano o persona que tuvo contacto con el niño alguna vez. En los casos más extremos, refugios. En el 85% de los casos todo sale bien.
Del tutor a la clandestinidad: ¿y cómo se pierden entonces los niños? Porque el HHS no hace prácticamente ningún seguimiento llevado a este punto. Su procedimiento es enviar correspondencia, hacer una llamada telefónica a los 30 días y, si esto falla, esperar a que los tutores de los niños se pongan en contacto con ellos. Y he aquí el conflicto de intereses, hay tutores que pueden preferir que los niños sigan en clandestinidad para no estar bajo el escrutinio de la administración, que podría reclamar una deportación. Ejemplo: el Estado llama por teléfono al tutor de un niño ilegal y el tutor no coge el teléfono, automáticamente el HHS considera que el niño está “perdido”.
La cárcel administrativa: según una periodista especializada en inmigración de Vox, “no sabemos cuántos de estos niños están genuinamente perdidos porque ellos y sus familiares en Estados Unidos (¡que incluso pueden ser sus padres!) pueden haber tomado la decisión de salir del sistema para reducir el riesgo de deportación”. Según una experta en derecho penal, permanecer bajo la mirada del Departamento de Salud y Servicios Humanos es la verdadera cárcel. En cualquier caso, parece que es una cifra que podría ir en aumento, tanto porque algunos niños acaben en redes de explotación como porque sus familiares no quieran dar pistas de su paradero a un Gobierno que ya ha intentado en más de una ocasión "cerrar el paso" a los niños y adolescentes que llegan sin acompañamiento a territorio estadounidense.
