La condición de empleado da derecho a los trabajadores (en teoría) a un salario mínimo, pago de vacaciones, beneficios de salud y desempleo, y otras protecciones legales dependiendo del país. Las empresas de riders como Uber Eats o Deliveroo han clasificado durante mucho tiempo a sus trabajadores como contratistas independientes, lo que les permitía minimizar sus gastos y limitar las responsabilidades legales. Hasta ahora.
Los legisladores en Europa han propuesto nuevas reglas estrictas para estas empresas. Y claro, las consecuencias que se les vienen encima son de dimensiones gigantescas.
La medida. El borrador, publicado hoy por la Comisión Europea, es un paso importante para exigir que las empresas de reparto clasifiquen a los conductores, mensajeros, limpiadores, entrenadores de fitness, masajistas y otros trabajadores que usan aplicaciones y plataformas online para encontrar trabajo como empleados. Las propuestas, bien recibidas por los sindicatos, podrían afectar a aproximadamente 4,1 millones de trabajadores de la economía gig en Europa. Además, la UE estima que el número de personas que trabajan para plataformas digitales crecerá de 28 millones a 43 millones en 2025.
Por lo tanto, las plataformas se considerarían empleadores si determinan el nivel de remuneración de un trabajador; les exigen que respeten las reglas con respecto a la apariencia; supervisan su desempeño a través de medios electrónicos; restringen su libertad de elegir horario; y eliminan la posibilidad de que el empleado realice trabajo para otros.
La respuesta. Como era de esperar, Uber y otras empresas están en contra de las reformas de la Comisión, que podrían afectar gravemente a sus modelos de negocio. Las nuevas reglas resultarían en miles de millones de euros en en nuevos costes para ellos. El gigante de los viajes compartidos ya decía que esos costes acabarían trasladándose a los consumidores y que aproximadamente 250.000 repartidores y 135.000 conductores en toda Europa perderían su trabajo bajo las normas propuestas.
"Nos preocupa que la propuesta de la Comisión tenga el efecto contrario: poner en riesgo miles de puestos de trabajo, paralizar a las pequeñas empresas a raíz de la pandemia y dañar los servicios vitales de los que dependen los consumidores de toda Europa", explicaban desde Uber.
Ya están perdiendo millones. Delivery Hero, Just Eat y Deliveroo ya han experimentado las primeras consecuencias de la medida, cayendo con fuerza en una semana en sus respectivas valoraciones empresariales. En cuestión de días, han perdido una capitalización de más de 8.600 millones, una cantidad que llegó a rozar los 10.000 millones.
La que ha sufrido la mayor pérdida ha sido la alemana Delivery Hero, que de las tres es la que tiene un mayor valor bursátil. En la última semana, sus acciones han perdido un 16% de su valor, pasando de 119,3 euros a 99,8, lo que implica una pérdida de casi 4.900 millones en su capitalización. La que más está sufriendo en su acción es Deliveroo. La compañía británica, que acaba de poner fin a sus operaciones en España, ha visto cómo su acción ha perdido el 26% de su valor en los últimos siete días, perdiendo 1.738 millones de valor bursátil.
Europa va a regular el trabajo de los repartidores. Más de 4 millones de falsos autónomos pasarán a ser reconocidos como asalariados.
— Javier Gil (@Gil_JavierGil) December 8, 2021
La reacción en bolsa: las grandes empresas de reparto se hunden y han perdido 9.000 millones.
El éxito del negocio era vulnerar derechos. pic.twitter.com/EYET1SPL3f
Consecuencias. Las plataformas han intensificado el lobbismo en las semanas previas a la presentación del borrador, rechazando la perspectiva de reclasificación de sus trabajadores. Se han formado nuevos grupos de presión y se han encargado estudios que concluyen que tal cambio conducirá a pérdidas masivas de puestos de trabajo. Sin embargo, algunas plataformas han mostrado disposición a trabajar bajo el nuevo modelo, al tiempo que advierten que los clientes podrían pagar un precio. Algunas citaban una encuesta de Copenhagen Economics que indicaba que 250.000 personas se verían obligadas a dejar el trabajo de reparto.
También les preocupa que los criterios sean demasiado vagos, con diferentes interpretaciones que provoquen aún más casos judiciales en lugar de seguridad jurídica. Esto "tendría consecuencias nefastas para los propios trabajadores de la plataforma, los restaurantes y la economía de la UE en general", según Delivery Platforms Europe.
Otros casos, como el español. En Europa, España ofrece un adelanto de los posibles efectos de la UE. Su nueva ley para riders, promulgada en agosto, requería que los servicios de entrega de alimentos como Uber y Deliveroo reclasificaran a los trabajadores como empleados, lo que cubre a unos 30.000 trabajadores. Uber respondió contratando varias agencias de personal para contratar una flota de conductores para Uber Eats, una estrategia para cumplir con la ley pero evitar la responsabilidad de administrar directamente a miles de personas. Deliveroo, como resultado, abandonó el mercado español.
Una posibilidad intermedia. Las empresas, sin embargo, prefieren políticas como las de Francia, donde el gobierno ha propuesto permitir que los trabajadores elijan una representación sindical que pueda negociar con las empresas en temas como salarios y beneficios. Uber también señaló a Italia, donde un importante sindicato y empresas de entrega de alimentos llegaron a un acuerdo que garantiza un salario mínimo, seguro y equipo de seguridad, pero no clasifica a los trabajadores como empleados.
El tribunal superior de Gran Bretaña dictaminó que los conductores de Uber deberían ser clasificados como trabajadores con derecho a un salario mínimo y pago de vacaciones. En los Países Bajos, también un tribunal dictaminó que a los conductores de Uber se les debe pagar según las reglas colectivas vigentes para los taxistas. Los partidarios de las nuevas regulaciones para los trabajadores explicaban que empresas como Uber ya se comportan como empleadores al controlar a los trabajadores a través de un software que establece salarios, asigna trabajos y mide el desempeño, una práctica que la comisión denominó "gestión algorítmica". Era, por lo tanto, necesario que figurase también en el papel.
