Una de las sombras del sistema laboral español son las horas extra. El 49% de ellas no se remunera. En total, hasta 13 millones de horas que se trabajan al mes en España no son pagadas por las empresas, lo que constituye uno de los fraudes laborales más grandes del país, afectado a medio millón de empleados. Para combatirlo, el Ministerio de Trabajo está llevando a cabo soluciones drásticas que van desde desplegar un algoritmo informático para cuantificar el tiempo trabajado hasta organizar "redadas" en oficinas de empresas grandes que permiten este abuso.
Esta última fórmula se ha cobrado una, o mejor dicho, varias víctimas recientemente. Una macroinspección por parte del Gobierno ha puesto en el punto de mira a las Big Four (Deloitte, PwC, EY y KPMG) que fueron sorprendidas por los funcionarios para un control de horarios, llegando a desalojar varias plantas de sus oficinas.
El gobierno se pone serio. Pocos empleados de estas grandes consultoras y auditoras esperaban que, por sorpresa y en las cuatro oficinas a la vez, irrumpieran inspectores del Ministerio de Trabajo en una macrorredada nocturna. Esto sucedió en noviembre, según ha informado El Confidencial en esta publicación. Hasta ahora nunca se había realizado un control de horarios de esta manera, hasta el punto de desalojar de golpe varias plantas para realizar la inspección, que tomó por sorpresa a los empleados.
Aunque el Ministerio de Trabajo no ha dado muchos detalles, el organismo explica que simplemente están siguiendo un plan puesto en marcha desde 2019: "El control del tiempo de trabajo figura entre los objetivos prioritarios de la actuación de la Inspección de Trabajo". Y es que es bien sabido que en este sector los abusos de jornada son una constante y que los más vulnerables son los jóvenes recién llegados que quieren abrirse paso.
Las jornadas maratonianas de las Big Four. Son un secreto a voces. Las horas extra sin remunerar y las jornadas de "12 horas o más" son algunos de los abusos comunes que muchos trabajadores han denunciado en los últimos años por parte de varias multinacionales de consultoría y auditoría. "No es ningún secreto, el horario es de nueve a nueve", explicaban algunos extrabajadores en este reportaje de eldiario.es, quienes afirman que las 12 horas son "habituales" y están "totalmente normalizadas". Incluso que se "alargan más" cuando hay picos de trabajo.
Estos abusos llevaron el año pasado a sindicatos como CCOO y UGT a organizar huelgas mientras la patronal pide justo lo contrario: ampliar la jornada máxima diaria hasta las 12 horas efectivas. Algo que en la realidad ya se está haciendo.
La tendencia en España. En nuestro país el número de horas extras trabajadas y no remuneradas crece sin pausa y parece que hemos recogido el testigo de 2020, cuando gran parte de la población empezó a teletrabajar y aquello difuminó por completo la línea entre la oficina y la vida privada. Según una encuesta de la consultora Hays, el 61% de los empleados que teletrabajaban entonces hacían horas extra de manera recurrente y ni las cobraron ni las compensaron con festivos.
Ahora, aunque el porcentaje de trabajadores en remoto ha caído, las horas extra siguen igual. De hecho, tenemos ahora el mayor porcentaje de horas extra no pagadas de los últimos cinco años: el 49%, según datos del INE.
La solución del Gobierno. En 2019, el Ministerio de Trabajo aprobó una norma que obliga a llevar un registro de la jornada. Desde entonces, las empresas deben legalmente llevar un control de las horas que realizan sus empleados y evitar las horas extras no remuneradas. Tres años después de su entrada en vigor, la mitad de las empresas no pasan inspecciones. Y, según un estudio de la empresa de recursos humanos Kenjo, tres de cada 10 empresas en España carece de registro horario pese a ser obligatorio.
En el año 2022 se realizaron 32.644 inspecciones para controlar el tiempo de trabajo y se detectaron 11.070 infracciones, más del doble que en 2019, que supusieron 13,7 millones de euros en sanciones.
Las sanciones son una caricia para las Big Four. Pese a que la última acción del Gobierno demuestra que "se está haciendo algo", que se están poniendo las pilas contra el fraude encubierto de las consultoras, el impacto que las sanciones tendrían en las cuentas de estas empresas sería prácticamente marginal. Sobre todo si tenemos en cuenta que en las infracciones graves la multa varía entre los 751€ y 7.500€ y que estas compañías facturaron 2.500 millones de euros en 2021.
Aunque es delito en el Código Penal. Pero no sólo hablamos de sanciones. Desde la reforma del Código Penal, el artículo 311 castiga varios delitos contra los trabajadores con penas de prisión de hasta seis años. En concreto: "Los que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantengan en contra de requerimiento o sanción administrativa”.
De esta manera, la práctica de obligar a los trabajadores a realizar horas extra sin justificar y sin compensar también puede quedar perseguido por esta ley, según defiende el Ministerio de Trabajo, ya que son otro tipo de condiciones ilegales por las que el empleado ha de trabajar bajo una fórmula "ajena al contrato", que es su horario ordinario pactado.
Imagen: Wikimedia Commons
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