Hasta ahora, medir con exactitud qué efecto está teniendo AirBnb en las ciudades era complejo. Para los propietarios, la plataforma abría un amplio abanico de posibilidades. Para los vecinos, atraía turistas y economía, pero también, en teoría, aumentaba los precios de la vivienda. Para las ciudades era un conflicto abierto: ¿regular o no regular? Pero no ha habido demasiado estudios concienzudos. Hasta ahora. El último y más exhaustivo es este y rota sobre la ciudad de Nueva York.
El estudio en sí. El trabajo ha sido realizado por un equipo de investigadores de la School of Urban Planning McGill University, dirigido por David Wachsmuth. Para ello, se han valido de los datos indexados por AirDNA, una startup dedicada a rebuscar y analizar las cifras de AirBnb, que no suele abrirlos al público. El estudio abarca alrededor tres años (2014-2017) e incluye más de 80 millones de datos para un área metropolitana de más de 20 millones de personas. Es concienzudo.
Sí, suben los precios. El centro de todas las polémicas: ¿es AirBnb un factor que encarece el precio de la vivienda en las grandes ciudades? San Francisco ya intentó responderse a esa pregunta, y sólo obtuvo pistas parciales. El estudio de Wachsmuth y compañía para Nueva York es más claro: los vecinos de la ciudad pagan hoy alrededor de un 1,4% más por su alquiler que hace tres años. En cifras: unos 380$ más al año. En gran medida por el crecimiento de alquileres a corto plazo.
Menos oferta en la calle. El problema viene generado por la detracción de vivienda en alquiler que provoca AirBnb. El 12% de los operadores operan a gran escala: no son usuarios compartiendo una habitación, sino grandes empresas que utilizan pisos al modo de una habitación de hotel. Dado su enfoque mercantil, no es de extrañar que, pese a ser tan pocos, controlen casi un tercio de la economía de AirBnb en Nueva York (el 28% de las ganancias en la ciudad).
Funcionan como una empresa hostelera. Pero sin registrarse como tal o pagar sus impuestos.
Es ilegal. ¿Y qué? Como explican en CityLab, el problema es que el fenómeno es ilegal: hay leyes que datan de los años 20 que ya prohibían los alquileres "short-term", menores a treinta días naturales. La propia AirBnb introdujo en Nueva York hace dos años la política "one host, one home" para evitar que un sólo anfitrión controlara treinta o cuarenta pisos (como sucede en Madrid). Alrededor del 46% de los pisos ofertados eran ilegales de un modo u otro, según el estudio.
Qué se puede hacer. Por un lado, AirBnb niega que los datos utilizados por AirDNA sean correctos, lo que tergiversaría el estudio. Por otro, el legislador necesita demostrar que el anfitrión no estaba compartiendo piso, es decir, que no estaba allí cuando lo alquiló en AirBnb. A menudo es imposible. El modelo San Francisco (regularizar) ha tenido resultados mixtos; el berlinés (prohibir), ha resultado ineficiente; las demás opciones (no hacer nada) tienen los efectos ya conocidos.
Las ciudades siguen sin saber descifrar AirBnb.
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