El mercado del alquiler se ha colocado en el centro de la agenda política. El estancamiento de los salarios y la subida sistemática de las rentas, de hasta un 50% de media en todo el país según los informes del Banco de España, han provocado que encontrar una vivienda asequible se convierta en una tarea compleja, cuando no utópica. De ahí que numerosas asociaciones y grupos vecinales hayan comenzado a movilizarse en defensa de un mercado más regulado donde se proteja más al inquilino, al uso de los movimientos berlineses o neoyorquinos. #MadridVsBlackstone es el último ejemplo de ello.
¿Qué sucede? Que diversas asociaciones vecinales se han agrupado bajo el Sindicato de Inquilinos de Madrid para exigir a Blackstone, fondo estadounidense propietario de la mayor bolsa de vivienda de España a través de numerosas socimis, la prolongación de sus contratos de alquiler a precios "justos". Blackstone ha anunciado su deseo de vender una parte de sus propiedades, incluyendo entre un 10% y un 15% de viviendas de protección oficial adquiridas al Ayuntamiento de Madrid en 2013. Denuncian la negativa del fondo a negociar, y han presentado sus exigencias al Defensor del Pueblo.
La historia. Blackstone posee más de 30.000 pisos en toda España, pero el grueso de las reivindicaciones rota en torno a las viviendas protegidas compradas hace seis años al consistorio madrileño. El gobierno vendió 1.860 inmuebles por 128 millones de euros. La operación fue polémica desde el primer día. Tanto la oposición como las asociaciones vecinales denunciaron su precio por debajo del mercado, y llevaron la causa a los tribunales. En 2016 la Audiencia Provincial consideró legal la venta; a finales de 2018 Ana Botella y miembros de su gobierno fueron condenados por malvender vivienda pública; en enero de 2019 otro tribunal les volvió a absolver; y en mayo se volvió a reabrir la causa.
La polémica. ¿Por qué tantas vueltas? Primero, por la naturaleza pública de las viviendas. Los juzgados no entreven nada ilegal en la venta específica de pisos protegidos, pero sí en su posible ganga, es decir, en la malventa de patrimonio público. Blackstone habría accedido a una bolsa de viviendas de renta baja, destinadas a familias y jóvenes con salarios modestos. Siete años después, amortizada la compra y en un contexto alcista del mercado inmobiliario, la empresa decide incluir un porcentaje de los 1.800 pisos en una cartera de venta que supera los 200 millones de euros. Es un negocio lucrativo en plena crisis del alquiler.
Pese a la polémica, en julio el Tribunal de Cuentas revocó de forma casi definitiva la condena a Botella y a su equipo de gobierno. No había nada ilícito en la operación, y ya sólo cabe recurso ante el Supremo.
¿Qué piden? Hay dos cosas importantes a tener en cuenta. La primera: Blackstone puede vender las viviendas adquiridas en 2013 porque hoy son libres (la protección tiene una duración determinada). La segunda: vencidos sus contratos, los inquilinos denuncian que sus alquileres han subido hasta un 100%, y que las opciones de compra originales están muy por encima de sus posibilidades. De ahí que exijan la reapertura del caso judicial tanto a la Fiscalía como al Ayuntamiento de Madrid. Todo ello en un contexto de carestía de vivienda pública por parte del consistorio, ante la poca construcción y las ventas de inmuebles.
¿Por qué importa? Porque refleja la compleja realidad del mercado del alquiler en España, compuesta por intereses contrapuestos, medidas en ocasiones erráticas y conflictos de intereses políticos y empresariales. Y también porque recoge una tendencia al alza en Europa. Hace unos meses hablábamos de cómo los vecinos de Karl-Marx-Alle, en Berlín, iniciaban una movilización similar para que el consistorio renacionalizara parte de los miles (y miles) de inmuebles privatizados durante la pasada década, tanto en la capital como en otros puntos del país.
En Berlín el contexto era similar. Un alquiler disparado interanualmente al 170%, un embrollo legislativo y político gestado durante lustros y un mercado carente de alternativas asequibles. De ahí lo radical de la petición: expropiar los antaño pisos sociales. En Madrid, una parte de sus vecinos ha tomado el mismo camino.
Imagen: Fred Romero
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