Hace poco más de un año recogíamos que España parecía haber conseguido lo imposible en sus relaciones con Europa. El País señalaba que Bruselas se daba por vencida y tenía la intención de dejar de reclamar a España que, de una vez por todas, imponga peajes en sus carreteras como medida de financiación.
La historia de las presiones europeas para que nuestro país instale peajes en las carreteras tiene mucho recorrido. Si echamos la vista atrás, encontraremos que el Partido Popular ya estudió en 2012 la fórmula para implantar peajes en las carreteras españolas. Luego, en 2018 volvió a coger fuerza esta posibilidad.
El capítulo que vivimos ahora se abrió en 2021. Entonces, el Gobierno, ya presidido por el PSOE de Pedro Sánchez, se comprometió a buscar una nueva financiación para sus carreteras a cambio de que fueran llegando los hasta 70.000 millones de euros de los fondos Next Generation.
El mensaje, entonces, fue claro: en tres años se pagaría por el uso de las carreteras en España. Desde entonces han pasado, efectivamente, tres años. Y aunque algunos peajes han subido de precio, otros han desaparecido y lo que es evidente es que no se ha impuesto un sistema de tarificación especial de pago por uso que no existiera antes.
Ahora la Comisión Europea ha dado un ultimátum a España y otros siete país. La información la recogía la Agencia EFE desde Bruselas. Además de España, Bulgaria, Grecia, Italia, Luxemburgo, Malta, Polonia y Portugal tienen dos meses para "responder y tomar las medidas necesarias" ante el segundo paso del procedimiento de infracción comunitario por no cumplir con las promesas.
Y la Comisión Europea ha lanzado un aviso: si no se toman medidas correctoras, la Comisión Europea "podría decidir remitir el caso al Tribunal de la Justicia de la Unión Europea".
25 años de retraso
Lo que alega la Comisión Europea es que estos países, entre los que se encuentra España, no ha implantado la directiva europea de la Euroviñeta. Una directiva del año 1999. Esa medida tenía la intención de asentar una base de pago por uso en las carreteras para que los Estados financiaran el mantenimiento de estas vías rápidas.
Esta directiva fue revisada en 2022 y en ella se especificaba que se tendrán que tener en cuenta en los sistemas de tarificación las emisiones de CO2 expulsadas por los vehículos, con la intención de que dentro de estos países se fomente la adopción de automóviles y vehículos pesados más limpios.
Desde entonces hemos tenido más ruido que acciones concretas. El año pasado, poco antes de las elecciones, desde el Partido Popular apuntaban a que los votantes debían tener claro que "van a pagar por las autovías". Eran palabras de Juan Bravo, portavoz económico grupo, en declaraciones durante una conferencia organizada por Estudio de Comunicación.
En aquellas palabras se apuntaba al Plan de Recuperación y Resiliencia, documento aportado por el Gobierno de España como aval para seguir recibiendo las mencionadas ayudas europeas. Poco después, hasta Pere Navarro, director de la DGT, allanaba el camino a la aplicación de estos nuevos peajes.
Sin embargo, pasaron las elecciones generales y las aguas parecían volver a calmarse en septiembre cuando el diario El País publicaba aquella noticia de que la Unión Europea eliminaba la obligación de implantar peajes a corto plazo. Sin embargo, en la información se especificaba que no presionarían para implantarlo en 2024 pero nada había escrito para más adelante.
Ahora, a ese futuro apunta la Comisión Europea. El ultimátum europeo antes de dar el siguiente paso y llevar a España y los otros siete países señalados ante la Justicia europea si no aplican un sistema de peajes o una nueva financiación en las carreteras caduca el 25 de marzo de 2024, explican en medios como La Vanguardia.
Este mismo año, Oscar Puente, ministro de Transportes, ya lanzó el globo sonda de que "las carreteras se pagan con impuestos o con peajes" y animaba a llegar a un "pacto de país" para establecer un sistema de pago por uso. Uno que lleva tiempo sobre la mesa y del que no hay ningún tipo de medida concreta sobre la mesa.
Los intentos por poner algún tipo de ejemplo siempre han sido extremadamente vagos, como el que hizo Pere Navarro en 2021 cuando dijo que "el tío que tiene que coger la autovía cada día para ir y volver del trabajo, éste queda exento del pago, si no lo crujiríamos" o que tampoco tendría que pagar "la abuelita cuando va al médico". Sin embargo, nunca se puso negro sobre blanco qué excepciones se aplicarían y cómo se vigilarían.
De momento, España está en la obligación de dar la cara antes de los últimos días de marzo. Si no cumple es posible que tenga que rendir cuentas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Sería solo un capítulo más ante todo un ejemplo de procrastinación.
Todo indica que no veremos peajes en las carreteras españolas antes de que llegue la primavera pero sí quedamos a la espera de saber cómo va a responder el Gobierno y si seguiremos echando balones fuera ante las exigencias europeas o, por el contrario, se termina de concretar un proyecto que culmine en el pago por uso de las carreteras españolas.
Foto | Araf Khan
En Xataka | Regístrate o paga la multa: España ya tiene una carretera de peaje donde no se puede pagar en la ventanilla
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