Cabify es una de las dos grandes plataformas VTC implicadas en la llamada guerra del taxi, donde el sector clásico se enfrenta a estos actores disruptivos con las autoridades nacionales, autonómicas y locales como jueces. Desde antes de que se conociera el polémico principio de acuerdo entre la Generalitat de Catalunya y el taxi, la startup española ha hablado de la necesidad de participar en la mesa de negociación, ofreciendo una arriesgada y peculiar opción a los taxistas: integrarse en su plataforma.
Es algo que ayer propuso su directora de regulación, Marta Plana, y que como informa hoy la compañía, ya es posible en América Latina, donde los taxistas tradicionales pueden hacer uso de su aplicación desde que Cabify se integró con Easy Taxi, un equivalente latinoamericano al MyTaxi que utilizamos en España. Así, no se trataría tanto de competir como de ofrecer dos opciones al usuario con un mismo coche.
Cabify quiere unirse al taxi español este mismo año
Desde la compañía afirman que la integración con Easy, producida a finales de 2018, está funcionando muy bien y la valoración es muy positiva: "más de la mitad de los usuarios de Cabify en la región están interesados en viajar también en taxi a través de la app". No ofrecen detalles de las condiciones que ofrecen a los taxistas de Easy, pero si es cierto el dato que aportan, para un conductor es una ventaja contar con el volumen procedente de dos plataformas. Además de mayor actividad, los taxistas se beneficiarían de la aplicación y el soporte tecnológico de Cabify, aunque algunas asociaciones afirman que ya cuentan con mejores servicios sin salir del taxi.
Todo ello lleva a que en 2019, antes de junio, Cabify vaya a ofrecer su aplicación a los taxistas: "esperamos traer esta experiencia a España a lo largo de este año y ya tenemos un equipo dedicado a plantear un primer piloto aquí". Con la medida tienen la expectativa duplicar el 10% de cuota de mercado con el que actualmente cuentan.
Estuviera o no planeado esta anuncio en un contexto tan conflictivo como el actual, la oferta de Cabify al sector del taxi supone pasar a la ofensiva en el marco de posibles futuras negociaciones, y marcar la agenda. Hasta ahora las propuestas han llegado más de la parte del taxi, que también ha sido más escuchada que las VTC. La situación puede cambiar, y es que, por ejemplo, Manuela Carmena ha propuesto "la creación de una comisión mixta", que albergaría a los distintos actores. La propuesta de Uber podría encajar en una mesa de negociación así.
Todo ello, cuando Ángel Garrido ha afirmado que traspasa la responsabilidad de las decisiones a los ayuntamientos. En el caso catalán, el conseller también propone una ley integral que, si contempla a las VTC en la negociación, también podría dar más opciones menos restrictivas que la famosa hora de precontratación.
La startup reacciona en contra de las medidas del Govern
En una rueda de prensa que ha tenido lugar en Madrid, el consejero delegado de Cabify, Juan de Antonio, ha ofrecido declaraciones oficiales sobre la postura de la compañia al principio de acuerdo entre el taxi y la Generalitat, que está siendo votado en Barcelona entre las 16 y 20 horas de hoy. Y ojo, que no está claro que los taxistas vayan a votar a favor.
Según recoge El Confidencial, el dirigente de la startup española ha declarado que "las restricciones que quiere imponer la Generalitat no son justificadas por el interés común y, además, son ilegales". En ese sentido, según un informe firmado por el abogado del Estado jefe del Ministerio de Fomento, la medida "es constitucional".
Además también ha sido crítico con la gestión que el Ministerio de Fomento está llevando a cabo alrededor del conflicto, que comenzó a torcerse para las VTC cuando el Consejo de Ministros aprobó en decreto ley las restricciones que podrían imponer las comunidades autónomas. "Dejemos de poner parches temporales, de pasarle la pelota a otro y sentémonos a dialogar", ha declarado.
Sin afirmar de forma rotunda que se irán de la Ciudad Condal si el decreto de la Generalitat se aprueba, sí que considera que "de aprobarse lo que conocemos hasta ahora, eso significa una expulsión de la empresa de ese territorio". Es decir, que les dejaría con muy poco margen de actuación, pues sólo un 4% de los usuarios reserva con 15 minutos de antelación
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