Cuando parecía que la sequía vivida esta primavera había remitido, los cortes de agua y otras restricciones han pasado a formar parte del día a día de cerca de 9 millones de españoles. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?
A lo largo de estas últimas semanas unos 600 municipios, la mayoría andaluces y catalanes, han decretado algún tipo de restricción al consumo de agua. A escasos dos meses del final del año hidrológico, diversas regiones acusan ya el desgaste de una situación que lleva meses gestándose.
Las restricciones implementadas afectan ya a más de 8,7 millones de personas aunque las medidas varían en cada lugar, pero en algunos lugares han llegado a los cortes parciales del suministro.
Este año, además, las restricciones han llegado con un control más férreo, gracias en parte a medidas como la vigilancia a través de drones. Los vehículos aéreos no tripulados han sido utilizados para garantizar el cumplimiento de restricciones a determinados usos del agua como el regadío de jardines o el llenado de piscinas.
El mes de junio pasado fue el segundo más lluvioso en lo que va de siglo XXI y el cuarto más húmedo desde 1961, según datos de AEMET. Sin embargo el hecho de que los meses de marzo y abril fueron excepcionalmente cálidos y secos (mientras que mayo fue catalogado como “normal” por AEMET) ha propiciado que la llegada del verano se produjera bajo mínimos. Con todo, la primavera pasada fue la más cálida y la segunda más seca desde 1961.
Lo que distingue la situación presente de la vivida hace unos meses es la excepcionalidad. La sequía primaveral de este año resultó anómala, pero que las lluvias escaseen en verano no resulta algo precisamente extraño en la península. Sin embargo se trata de fenómenos relacionados: a lo largo de la primavera las reservas hidrológicas fueron decayendo en lugar de recuperarse lo que ha propiciado la situación presente.
Según el último boletín hidrológico, los embalses se sitúan en el 42,2% de su capacidad, con los embalses de uso consuntivo por debajo del 35%. Si bien el nivel total de los embalses se sitúe ligeramente por encima de los niveles registrados el año pasado por estas fechas, en el caso de los las reservas de uso consuntivo los niveles se sitúan levemente por debajo de los registrados el año pasado a estas alturas.
Si consideramos el largo plazo la imagen no es mejor. Las reservas han ido decayendo año tras año desde 2020 aunque este año podrían estabilizarse si tomamos el total de embalses del país. La tendencia a más largo plazo también nos indica un descenso de las reservas a lo largo de la última década.
La polémica del verano
El detonante del debate más reciente no ha tenido que ver con las restricciones en sí mismas sino con su implementación. Ante las dificultades con las que se han encontrado los ayuntamientos para hacer cumplir los límites, la medida tomada por el municipio tarraconense de Calafell ha llamado la atención de muchos. Y no ha sido recibido con entusiasmo.
El consistorio catalán ha hecho uso de drones para hacer cumplir los nuevos límites. Esta heramienta de vigilancia permite comprobar que los ciudadanos no incumplen las restricciones impuestas al regadío y al llenado de piscinas, pero se han topado con el rechazo de muchos quienes consideran una injerencia injustificada en su intimidad.
Esta forma de vigilancia recuerda a lo que ya hicieran las autoridades francesas desde hace tiempo. En el caso del país galo, la vigilancia a través de drones (y de otros mecanismos) no tenía como objetivo la implementación de restricciones temporales sino el control del cumplimiento de las leyes urbanísticas. Esto afectó a las piscinas, pero no por su agua sino por su mera existencia.
El derecho a la privacidad y la inviolabilidad del domicilio hacen que este tipo de medidas tengan un difícil encaje en el marco jurídico. Cabe esperar por tanto que sean los tribunales los que tengan que avalar este tipo de medidas, o prohibirlas si consideran que la invasión no está justificada.
Según varios expertos consultados por El Periódico de España, entre los factores que podrían afectar a esta decisión está la cuestión de si personas individuales pueden ser identificadas en las imágenes tomadas por los vehículos. Los ayuntamientos han puesto en relieve la falta de medios para implementar las restricciones, si bien la mayoría ha optado por formas menos invasivas de vigilancia como el control de los contadores.
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