Conferencia sobre Diversidad Biológica de la ONU (COP15) ha finalizado con un acuerdo histórico. Más de 190 países han firmado un texto pionero que pretende, entre otras cosas, dedicar un 30% de la superficie del planeta a la conservación de la biodiversidad. Las negociaciones para el acuerdo de Kunming-Montreal fueron maratónicas, pero aún queda lo más duro: implementarlo.
Un 30%. El punto al que más énfasis se ha dado del acuerdo es el que busca lograr que un 30 % de la superficie de mares y tierras emergidas sean reservadas para la protección de la biodiversidad. La fecha que se ha marcado para alcanzar esta extensión es 2030, de ahí que se haya referido a este objetivo como “30x30.”
Es un objetivo ambicioso. En el presente la extensión de las áreas protegidas abarca un 17 % de la tierra y un 10 % de los mares y océanos.
El acuerdo también contempla una provisión financiera para la ayuda internacional destinada a la protección de la biodiversidad de un mínimo de 20.000 millones de dólares para el año 2025, y un mínimo de 30.000 millones para 2030.
Proteger la naturaleza sin penalizar a los humanos. Proteger la naturaleza sin penalizar a los humanos. Hay otro asunto que ha acaparado la atención en las discusiones de la COP 15, y es la protección de los derechos humanos. La reunión había partido ante el escepticismo de muchas comunidades indígenas que han visto a lo largo de la historia que la declaración de áreas protegidas implicaba en numerosas ocasiones, su desplazamiento forzado.
Para contrarrestar esta tendencia histórica, el marco adoptado ha hecho referencia explícita a realizar usos sostenibles de estas zonas “reconociendo y respetando los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales”. El escepticismo no ha terminado, eso sí, con la llegada del acuerdo
Un hueco clave para la información digital. La Información digital sobre secuencias (DSI) fue otro de los puntos polémicos de la negociación. El término hace referencia a la información genética que compilamos de la naturaleza. Nuestra capacidad para analizar, almacenar y aprovechar esta información ha crecido exponencialmente durante las últimas décadas.
Esta información es utilizada hoy en día para la producción de distintos bienes, desde fármacos hasta alimentos. El problema surge de la brecha entre quienes la aprovechan y los países que albergan la biodiversidad de la que origina esa información.
Esto ha implicado la necesidad de un acuerdo internacional para regular la DSI. El acuerdo implica la creación de un mecanismo de financiación basado en la provisión y adquisición de esta información, de forma que el coste de mantener la biodiversidad pueda ser retribuido a través de los beneficios económicos que genera.
Los últimos en firmar. No ha sido hasta hoy que la República Democrática del Congo (RDC) se ha sumado plenamente al acuerdo. El país centroafricano, uno de los que cuentan con mayor biodiversidad en el mundo, había puesto de manifiesto dudas sobre su propia capacidad para implementarlo en ausencia de financiación.
Finalmente, tras una renegociación de última hora las consideraciones la RDC fueron añadidas al informe final y la delegación africana retiró su objeción al acuerdo.
Los ecos de París 2015. Habrá que esperar unos años para saber si los objetivos de este acuerdo se acatan o si se convierte en el enésimo “acuerdo histórico” en caer en saco roto tras cambios en las prioridades de los principales agentes.
El texto ha sido criticado como un acuerdo de mínimos por algunas asociaciones ecologistas, pero quizá lo que más puede pesar es el hecho de que no se trata de un acuerdo vinculante. Como ya sucediera en otra famosa COP, la Conferencia de las Partes de París de 2015, organizada por el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático, este documento no contempla sanciones en caso de no cumplirse.
Imagen | UN Biodiversity
Ver 13 comentarios