El autoconsumo compartido estaba prohibido en España. Desde 2015, la regulación del autoconsumo prohibía expresamente que una misma instalación de autoconsumo fuera utilizada por varios vecinos de un mismo edificio. El problema es que esa prohibición era inconstitucional y así lo declaró el Tribunal Constitucional el 2 de junio de 2017.
En ese momento, Holaluz se puso manos a la obra y montó la primera instalación de este tipo en un edificio de viviendas de Rubí (Barcelona). La parte tecnológica era trivial; la administrativa, no tanto. Sobre el papel, era cuestión de semanas, pero la autorización ha tardado un año.
Todo un infierno burocrático
Cuando hace más de un año el Tribunal Constitucional tumbó la legislación contra el autoconsumo compartido, los expertos lo celebraron como una buenísima noticia que habría una puerta enorme al desarrollo de las renovables en España. Nadie contaba con la administración y la burocracia.
Como explican desde la misma Holaluz, esto pone de manifiesto "las dificultades que existen en el sector energético español, que sigue sin facilitar el desarrollo de las energías renovables". Y eso que vivimos un dulce momento tecnológico: la energía fotovoltaica ya no necesita ayudas, necesita que no le pongamos palos en las ruedas.
Desde el sector se muestran esperanzados por la voluntad del nuevo Gobierno de cara a impulsar las renovables. "Que se hable de política energética desde un Ministerio de “Transición Ecológica” dice mucho de la visión que hay detrás de ello”, explica Carlota Pi, presidenta ejecutiva de Holaluz.
Ese sería el impulso que necesita la transición energética. Pero casos como este del que hablamos, nos recuerdan que los problemas para desplegar las energías renovables no se acaban cambiando las leyes. Ese es solo el primer paso.
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