Durante los últimos años, la industria audiovisual ha estado batallando contínuamente con el mundo tecnológico, sobre todo en lo relacionado a las redes P2P. En España se han dado varios casos notables en este aspecto, como el de Sharemula o el de Pablo Soto. En estos casos la industria perdió, y por lo que el siguiente paso fue el de presionar para la creación de leyes como la denominada 'Ley Sinde' o la 'Ley Mordaza'.
De todos estos casos vamos a hablar con el abogado David Bravo, el protagonista de nuestro tercer capítulo de 'Insert Coin', nuestra sección mensual en la que entrevistamos a invitados de primer nivel relacionados con las materias que nos fascinan en Xataka. El programa en vídeo lo puedes ver a continuación, el cual es un resumen editado de la charla con nuestro invitado. Si quieres escuchar la entrevista entera puedes hacerlo en nuestros podcast de iTunes e iVoox.
David Bravo es un abogado especialista en propiedad intelectual y derecho informático. Con el paso de los años se ha convertido en la cara más visible y representativa de España en este tipo de materia, sobre todo por haber estado presente en algunos de los casos más importantes, como el de Sharemula o el caso de Pablo Soto.
Con él hablaremos de cómo en estos dos casos la justicia acabó dándole la espalda a la industria audiovisual al no ver ningún tipo de delito. También nos contará cómo tras estas derrotas, las grandes multinacionales decidieron cambiar las normas del juego presionando a los gobernantes para que cambiasen las normas.
Insert Coin 1x03: Sharemula, Pablo Soto y Ley mordaza
Sharemula fue una popular web en la que se enlazaba a redes P2P de intercambio de archivos. Sus dos responsables fueron detenidos en octubre del 2006, en el marco de una macro-operación aquel año contra administradores de páginas de enlaces. Se les acusó de informar en su web de los enlaces a las redes P2P donde descargar contenido que violaba la propiedad intelectual. Organismos y empresas como SGAE, Promusicae, Egeda y Microsoft se personaron en el caso.
"La popularidad de ese caso viene de dos cuestiones, que fue el primero que se resolvió y el tipo de resolución que obtuvo", explica David Bravo, que junto a Javier de la Cueva fueron los letrados defensores de Sharemula. "Fue un sobreseimiento de las actuaciones, es decir, se archivaron las actuaciones sin necesidad de ir siquiera a juicio".
Simplemente no había delito, y por mucho que se recurrió ese sobreseimiento la resolución fue firme. La cuestión fue que Sharemula no realizaba una comunicación pública de las obras como se les había acusado de hacer. Solamente las enlaza, y quien la comunica es otra persona distinta que se encarga de alojarlas. De hecho, tampoco se consideró que quien las alojara cometiesen delitos por no tener ánimo de lucro en la difusión.
Las multinacionales discográficas sufrieron una histórica derrota tras acusar a Pablo Soto.
Otro caso muy sonado fue el de Pablo Soto, uno de los pioneros del P2P de España. En junio de 2008, Promusicae y las discográficas Universal, Warner, Sony, EMI y Universal le demandaron por competencia desleal por crear programas como Blubster, Manolito P2P, o el ambicioso sistema de almacenamiento social Omemo, pidiéndole una indemnización de 13 millones de euros.
"Lo que se estaba discutiendo es hasta qué punto los desarrolladores de software tenían en España seguridad jurídica", nos cuenta David Bravo. "Lo que había desarrollado Pablo no era una aplicación que servía exclusivamente para la copia de obras intelectuales sin autorización como ellos alegaba, del mismo modo que Gutemberg, el que inventó la imprenta, no fabricó un aparato que sirve sólo para copiar obras intelectuales"
En la Ley de Propuedad Intelectual no había ninguna norma que prohibiese la creación de ese tipo de software.
Su juicio fue el más importante sobre propiedad intelectual de España, e incluso se decía que de Europa. Fue tan histórico como la derrota sufrida por las discográficas, ya que en la Ley de Propiedad Intelectual no había ninguna norma que prohibiese la creación de este tipo de software. Perdieron el pleito y les condenaron a pagar los costes, aunque finalmente lo recurrieron y las multinacionales se libraron de pagar.
Luego vino la Ley Sinde, que abría un nuevo canal para tramitar las denuncias de la industria donde ahora sería un órgano del ministerio de cultura y no los jueces el que decidiría si una web incumple la ley de propiedad intelectual. Tal y como explica Bravo, esto pasa porque cuando empiezan a perder los casos, la industria decide presionar a los legisladores para conseguir los cambios legislativos que necesitaban.
Y posteriormente se empieza a mezclar lo que pasa online y offline, algo que sucede con el movimiento 15M y la llegada de la Ley Mordaza. David Bravo explica que las multas que imponían a los ciudadanos que acampaban por el 15M eran anuladas por los tribunales por ser parte del derecho a manifestarse. Entonces, emulando lo hecho con la Ley Sinde, el gobierno decide que como las resoluciones no le gustaban lo mejor era cambiar las normas que las causaban.
Nuevamente se trataba de crear una vía administrativa con un cuerpo de infracciones determinado con el que se pueda multar sin que los jueces anulen estas multas. Y aquí es donde entra Alex de la Iglesia en la historia, que según Bravo es la persona más coherente que ha visto en esta batalla entre los dos bandos.
De la Iglesia estaba a favor de la Ley Sinde porque le habían dicho que ayudaba a proteger los intereses de la industria. Pero tras empezar a ver el malestar social se reunión con un grupo de expertos, entre ellos David Bravo, que le explicó que la batalla contra la Ley Sinde tenía que ver con la separación de poderes y no con los artistas. Eso le hizo cambiar de opinión y dimitir de su pueto como presidente de la academia de cine por no compartir la opinión oficial de esta.
David Bravo termina el caso de la Ley Sinde y Mordaza explicando que independientemente de la opinión que pueda tener uno u otro sobre la propiedad intelectual, lo importante es que las multinacionales y el gobierno no puedan cambiar de árbitro por otro que les favorezca si ven que van perdiendo el partido.
Pero al final Internet ha seguido su propio camino
Poco a poco vamos viendo que los cambios normativos que hace diez años hubieran sido impensable van aprobándose a cuentagotas a favor de las multinacionales. ¿Podemos decir por lo tanto que la guerra se va perdiendo pese a ganar algunas importantes batallas? David Bravo insiste que hay una segunda cara de la moneda que hay que tener en cuenta.
"Hay una cara de la moneda que es que en el terreno legislativo ellos han ido haciendo una serie de cambios", explica Bravo. "Pero en el terreno de la realidad real, lo que ocurre en Internet sigue pasando tal cual a pesar de esos cambios. Ellos pretenden que la ley en lugar de adaptarse de la realidad sea la realidad la que se adapte a la ley, pero en realidad ha sucedido que la realidad ha seguido su camino".
Con esto, se refiere a que al final lo que está acabando con las descargas de contenido protegido con copyright no están siendo estas nuevas leyes ni las denuncias masivas a los usuarios. Al final, quien lo ha conseguido ha sido la propia evolución de un Internet que ha ido creando alternativas de bajo coste como Netflix, Filmin y Spotify.
"¿Entonces quién ha ganado y quién ha perdido? Pues depende de cómo se mire", dice Bravo. "En el plano de las leyes sin duda ellos han conseguido cambiarlas. Pero en el plano de la realidad, esta ha seguido su curso".
Imagen pancarta | Carlos Delgado
En Xataka | Insert Coin
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