El futuro pertenece a las ciudades. No es nada nuevo. Lo afirman los gurús y lo corroboran los datos. Desde 1960 el peso demográfico de las urbes se ha disparado hasta representar más de la mitad de la población global, una tendencia que —lejos de detenerse— seguirá en aumento a lo largo de las próximas décadas. El Banco Mundial prevé que en 2020 residan en metrópolis el 56% de los habitantes del planeta y que tres décadas después sean ya más del 66%. Durante ese mismo período, por cierto, se espera que la humanidad aumente hasta los 9.000 millones de personas.
Los grandes conglomerados urbanos no solo acaparan habitantes. Son también los principales demandantes de recursos. Si coges un mapamundi y marcas las ciudades con un rotulador verás que termina coloreado cerca del 2% del globo. La cosa cambia si analizas las facturas de consumo energético. En ese caso la superficie pintada que corresponde a las urbes representará nada menos que el 75%. Lo mismo ocurriría con las emisiones de gases de efecto invernadero. El pequeño punto coloreado del planisferio alcanzará entonces el 80% del total.
Con esas cifras sobre la mesa, las ciudades son conscientes desde hace tiempo de que deben dotarse de herramientas que les permitan optimizar recursos. No solo las necesitan a la hora de prestar sus servicios. Las requieren también para atajar graves problemas derivados de sus gigantescos padrones y consumo energético. Capitales como Madrid, Londres o París ya se han visto obligadas a aplicar medidas —permanentes o puntuales— orientadas a restringir el uso de vehículos en sus cascos urbanos y paliar así los elevados índices de contaminación que padecen.
Más que políticas fruto de la conciencia ecológica se trata de una necesidad imperiosa. Un estudio de la agencia de Salud Pública de Francia concluía en 2016 que la polución mata de forma prematura a 48.000 de sus conciudadanos todos los años, lo que la sitúa en el luctuoso ranking de problemas de salubridad a combatir, solo por detrás del tabaco y el alcohol. En España los datos son igual de alarmantes: 31.000 personas fallecen al año a raíz de la contaminación atmosférica, según las estimaciones de la Agencia Europea de Medio AMbiente (AEMA).
Las TIC, el gran aliado de las ciudades
En esa lucha y en otras muchas —reducir las congestiones de tráfico o las fugas y fraudes en el suministro de agua, abaratar la factura energética, agilizar los trámites administrativos…— las ciudades han encontrado un aliado privilegiado en las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El uso de mallas con sensores repartidos por el municipio, aplicaciones móviles, redes sociales o el Internet de las cosas (IoT), por ejemplo, pueden contribuir a mejorar su gestión.
En un escenario cada vez más competitivo, en el que las metrópolis luchan en el tablero internacional por captar inversiones, el potencial de las TIC aplicadas al día a día de las ciudades es inmenso: desde detectar incidencias en tiempo real, anticiparse a saturaciones de tráfico o maximizar la inversión en servicios públicos, a captar multinacionales, que llegan atraídas por el entorno tecnológico, la calidad de vida y una mayor eficiencia en la gestión administrativa.
Las ciudades no han tardado en apreciar esas ventajas. A menudo gracias al empeño puesto por empresas del sector tecnológico interesadas en predicar sus virtudes y una intensa labor de marketing. Hace cerca de una década, por ejemplo, IBM lanzó el programa Smart Cities Challenge para asesorar a ayuntamientos sobre cómo encarar retos de movilidad o salud pública con las TIC. En 2017 ya habían participado en la iniciativa más de 130 urbes de todo el mundo.
En los últimos años el concepto Smart City se ha ido popularizando y ensanchando su significado hasta convertirse en un término poliédrico que ha dado pie a otros, como el de “turismo inteligente”. Aunque pervive el riesgo de que las TIC causen una brecha entre las grandes urbes y las pequeñas, lo cierto es que lo “Smart” dejó hace tiempo de ser una filosofía exclusiva de las metrópolis. Hace seis años la Red Española de Ciudades Inteligentes arrancaba con 25 ayuntamientos. Hoy la integran ya 81 que suman el 40% de la población española.
Más allá de la esfera local, los estados han jugado un papel clave al animar a los ayuntamientos a que se sumasen a la carrera “Smart”. La propia Comisión Europea se fijó en su plan Europa 2020 alcanzar un “crecimiento inteligente y sostenible”. Como detalla la web de EDUSI, los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos destinan 1.000 millones de euros para el desarrollo de estrategias DUSI en ciudades de España. ¿Qué objetivos deben cubrir esas propuestas? Uno de ellos es encaminarse hacia la “administración electrónica local y las Smart Cities”.
Con ese respaldo institucional, en cuestión de años Smart City se ha convertido en sinónimo de negocio. Un informe presentado por Bank of America Merrill Lynch en marzo de 2017 concluye que el mercado de las ciudades inteligentes alcanzará los 1,29 billones de euros en 2020. Otro estudio divulgado el año pasado por Reserach and Markets asegura que su mercado global crecerá además con una tasa anual compuesta del 24,4% durante la próxima década.
Un sector acostumbrado a hablar solo en futuro
La pregunta del millón en un sector en el que parece que todo se conjuga en futuro y no existe el ayer es: ¿En qué han quedan las iniciativas de ciudades inteligentes ya puestas en marcha? ¿Cuáles son sus resultados? ¿Han compensado sus inversiones millonarias? ¿Se han cumplido objetivos o hasta ahora ha sido todo un bluf, puro marketing? En un campo saturado de análisis, proyectos, presentaciones, anuncios… Lo cierto es que no resulta fácil encontrar balances.
En su informe sobre Smart Cities en España, el propio Colegio de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) reconoce que “buena parte de los proyectos financiados no han concluido o comenzado”, por lo que considera que es “pronto” aún para hablar de impactos reales o evaluar la rentabilidad y eficiencia de las inversiones. Ese apunte no le impide advertir, sin embargo, de lo complicado que resulta hacer evaluaciones objetivas debido a la falta de datos. “Existe aún escasa información pública de los proyectos a desplegar (sí de iniciativas puntuales), por lo que el seguimiento de acciones se convierte en una ardua tarea”, subraya.
No es el único aviso a navegantes lanzado por el colectivo. En el mismo informe —presentado a principios de 2018 y que analiza la implantación de las Smart Cities en España— el COIT previene sobre las urbes que “han entrado en esta espiral de transformación en plazos nada razonables, desplegando servicios y/o infraestructuras que, por su elevado coste, no podrán disfrutar buena parte de los ciudadanos”. Lamenta además que en ocasiones “la transformación inteligente” se limita únicamente a “pruebas piloto de espacios reducidos”.
“Algunas ciudades contabilizan las ventajas teniendo en cuenta la solución puntual como si abarcara la ciudad entera o se tratara de un proyecto global”, abunda el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, que previene sobre los atajos que toman algunos consistorios: “La transformación de ‘City a Smart City’ es un proceso de largo recorrido. Las ciudades se obsesionan por completarlo en el tiempo de una legislatura o en plazos nada razonables”.
El estudio reconoce además la “complejidad” de cuantificar el impacto económico de las Smart City: “Muy pocas ciudades hacen un balance integral en este sentido. Se sumergen en proyectos inteligentes simplemente como moda, como oportunidad de captación de fondos o por tratar de no perder un tren tecnológico al que realmente no saben ver las oportunidades”.
Ni varitas mágicas ni soluciones instantáneas
¿Y si se analizan casos concretos? ¿Y si se examina cómo se encuentran aquellos consistorios que más han avanzado en el modelo de ciudad inteligente? Un estudio elaborado por la Universidad Oberta de Catalunya (UOC) afirmaba en 2017 que —entre los principales municipios de España por volumen de población— los más “Smart” eran Barcelona, Madrid, Málaga y Zaragoza. Entre las localidades de tamaño medio destacaban Santander, Valladolid, Palencia, Vitoria y Pamplona. ¿Qué han logrado sus ayuntamientos con el modelo de ciudad inteligente? Los datos —al menos en el corto plazo— dejan dos conclusiones. Primero, que de momento siguen padeciendo problemas que buscan atajar con políticas "Smart". La segunda, que estas distan mucho de ser la panacea que a menudo han trasladado los gabinetes de comunicación y campañas de marketing.
Barcelona y Madrid, por ejemplo, han logrado colarse en el top 30 de las ciudades inteligentes del índice Cities in Motion que elabora el IESE Business School, una exclusiva lista encabezada por New York, Londres y París. Sin embargo a día de hoy no han solucionado retos que encaran precisamente con iniciativas "Smart". Al analizar sus casos se constata que las políticas que las administraciones municipales "vendieron" en su momento cómo la respuesta para mejorar servicios públicos no son infalibles. Al menos en el corto plazo.
Madrid y su ambiciosa plataforma MiNT
En 2014 el Ayuntamiento de Madrid, entonces con Ana Botella al frente, y la multinacional IBM presentaron la plataforma MiNT (Madrid Inteligente), un ambicioso recurso que permitiría a los vecinos informar a la administración local de incidencias en la ciudad: aceras en mal estado, fallos del alumbrado, problemas en fuentes, papeleras repletas, contenedores averiados, árboles con ramas colgando… El objetivo era mejorar la comunicación con el usuario, ser proactivos y ahondar de paso en la coordinación de los recursos públicos.
MiNT aspiraba a ser el “mayor proyecto de ciudades inteligentes de España en el área del medio ambiente”. La medida se acompañó del anuncio de 1.500 inspecciones diarias que atenderían a 300 indicadores. El deseo del Consistorio madrileño era valorar mejor la calidad y eficacia del servicio que prestan las empresas proveedoras de la administración local.
La plataforma se lanzó en abril de 2015. Su presupuesto para el período 2014-218 —según se puede consultar en la web oficial Madridforyou.es— asciende a 15 millones de euros. “Cada servicio prestado se evalúa mediante indicadores de calidad que se utilizan para remunerarlos. La valoración de los mismos es un proceso complejo en el que se utilizan datos de sensores (Internet de las Cosas), inspecciones y opiniones ciudadanas para determinar el cumplimiento de su función”, detalla la web. IBM llegó a elaborar folletos en los que se aprecia la ambición de la iniciativa.
¿Ha cambiado mucho el panorama madrileño desde 2014? No demasiado. Según los datos oficiales y públicos del Ayuntamiento de Madrid, en 2017 sus técnicos recibieron más de 517.300 avisos sobre incidencias con contenedores, hundimientos de aceras, árboles en mal estado, suciedad… De ellos apenas 51.100, el 10%, se hicieron a través del móvil o Internet. La inmensa mayoría siguieron formulándose de forma presencial a pesar de las pretensiones del modelo "Smart". A lo largo de ese mismo año se solucionaron unas 487.200 incidencias alertadas por los vecinos.
El informe sobre la satisfacción ciudadana —publicado por el Consistorio— tampoco revela grandes cambios entre 2014 y 2017. Si el indicador global de satisfacción marcaba 74,7 en 2014, la última encuesta —elaborada tres años después de la presentación pública de MiNT— lo sitúa en 75,5. Sí aumenta en mayor proporción el índice general de calidad de vida, aunque descienden algunos servicios ligados a la administración. El de cuidado y conservación de la ciudad, que estaba en el 50,6 en 2014, pasa al 47,9 en 2017 y el de calidad medioambiental baja de 44,8 a 32,7.
Los conflictos que debían resolverse con políticas "Smart" se mantienen o incluso se han agravado en los últimos años. Cuando en 2017 se preguntaba a los madrileños sobre los principales problemas de su ciudad, el 46% señalaba la limpieza, el 31,6% la contaminación del aire y el 25,3% el tráfico. En 2014 se quejaban de la limpieza el 20,4%, de la polución atmosférica el 16,4% y de los atascos el 18,9%. Entre ambas encuestas se da sin embargo un cambio importante: la mejora de la economía. El año en el que se lanzó MiNT casi la mitad de los madrileños entrevistados aseguraban que lo que más les inquietaba era el paro y la falta de oportunidades laborales. Los indicadores de participación ciudadana sí mejoraron de forma sensible entre ambos períodos.
Otra de las grandes vocaciones de MiNT es contribuir a una mayor eficiencia de los servicios públicos. Al haberse puesto en marcha en 2015 es pronto aún para valorar si las herramientas “Smart” permitirán al Consistorio ahorros importantes en la contratación. Sí hay informaciones sin embargo que ayudan a entender cuál es —al menos a día de hoy— la tendencia. Después de que la Mesa de la Limpieza concluyese a principios de 2017 que el nivel de aseo de las calles de la ciudad es “malo”, trascendió que el equipo de Manuela Carmena planteaba modificar las condiciones económicas del macrocontrato de limpieza viaria adjudicado en 2013 por 1.728 millones y un período de ocho años. El Ayuntamiento había presupuestado ya por entonces 18 millones adicionales para 2017.
En materia de movilidad, en Madrid se activaron también diferentes iniciativas encaminadas a mejorar el tráfico y reducir la contaminación. Destaca Civitas-Eccentric, fruto de un consorcio constituido junto a Estocolmo, Múnich, Turku y Ruse que aspira a aplicar “soluciones innovadoras en la movilidad y la distribución urbana limpia, silenciosa y libre de CO2”. El programa arrancó en 2016 con un horizonte de cuatro años y una inversión de 19,3 millones de euros, de los que 5,8 se destinarán a la capital. ¿Es hoy mejor el tráfico madrileño? ¿Se ha atajado el grave problema de contaminación? La realidad es que dos años después los elevados índices de polución en la metrópoli siguen estando al orden del día. Tanto, que han obligado al Consistorio a endurecer su protocolo de contaminación y adoptar restricciones para el uso de vehículos privados.
El último informe INRIX muestra que los colapsos se mantienen también como parte del día a día de los madrileños, que pierden una media de 42 horas anuales en embotellamientos. Con esos datos la capital española se consolida en el Top 50 de las urbes más saturadas del planeta, por encima incluso de lo que a priori le correspondería por volumen de población —ocupa el puesto 41º en la lista INRIX, aunque es la 61ª en número de habitantes— y lidera el ranking nacional.
Uno de los programas "Smart" más ambiciosos del Ejecutivo de Carmena es la plataforma web de participación ciudadana Decide Madrid, lanzada para contribuir a la democracia directa en la gestión de la ciudad. Gracias a esa herramienta se deciden un amplio abanico de cuestiones, desde temas de primer orden —la peatonalización de Gran Vía, por ejemplo— a otros de menor calado, como la cartelera de la filmoteca de Moratalaz. Los más de 360.000 usuarios registrados en Cónsul, el software que usa la plataforma, dan cuenta de su éxito. Como recogía El Confidencial en febrero, el modelo incluso se ha trasladado a otras metrópolis, como París o Buenos Aires. Sin embargo Decide Madrid no ha estado exenta de polémica por sus problemas de seguridad.
El caso de la Barcelona "Smart"
El otro gran referente en España de las políticas "Smart" es Barcelona. La Ciudad Condal empezó pronto y con énfasis a aplicar medidas encaminadas al nuevo modelo. Solo al Plan de Transformación Digital del Ayuntamiento se destina una presupuesto de 72 millones de euros. En su web oficial el Consistorio recoge tres ejes principales en su estrategia digital. Uno busca mejorar la transparencia e innovación en el gobierno local, otro la gestión del Open Data y una tercera línea pretende “garantizar que la ciudad tenga las infraestructuras digitales necesarias”.
En esta última rama se enmarca Sentilo, la red de sensores de Barcelona que aporta datos en tiempo real. Comparten una filosofía similar Internet 4all, orientado a reducir la brecha digital entre barrios, y otro servicio vinculado a Bicing, el programa de bicicletas públicas de la urbe. A pesar de lo ambiciosas que resultan estas políticas, no han estado ni están libres de dificultades. Hace solo unas semanas, por ejemplo, el PP alertaba de que Bicing acumula un déficit de más de 12 millones de euros. En cuanto al uso de las nuevas tecnologías en el municipio, un informe presentado a principios de 2016 por el Ajuntament concluía que —si bien Barcelona está en puestos destacados en Europa— “el nivel de renta de los barrios actúa como brecha digital, sobre todo en la desigual utilización de Internet”.
Ciudad pionera en España en políticas “Smart”, en 2013 Barcelona ya se marcaba la senda hacia el modelo inteligente. Entre los objetivos que se planteaba entonces el Ajuntament destacaban la puesta en marcha del plan director de iluminación (Smart Lighthing), que buscaba favorecer a los peatones y una mayor eficiencia energética; un consumo cada vez más inteligente de la electricidad y el agua y mejorar la movilidad urbana en la localidad. ¿Cómo están hoy esos frentes? ¿Se reforzó la eficiencia energética? ¿Cómo es la calidad del tráfico en la Ciudad Condal?
Las políticas aplicadas en los últimos años no han impedido que el área de Barcelona continúe soportando índices elevados de dióxido de nitrógeno (NO2). El balance de la Generalitat muestra que en 2017 cinco de las 68 estaciones de la región urbana superaron la media permitida de NO2 y que otra docena se acercó al umbral. Al igual que en Madrid, el Consistorio se ha visto obligado además a aplicar restricciones de tráfico durante las jornadas con peores niveles de contaminación.
En 2013 el Ayuntamiento de la Ciudad Condal se fijaba el reto de gestionar de forma inteligente sus recursos hídricos. El objetivo —afirmaba entonces— era que el 60% de su sistema de riego programado se modernizase con una “telegestión Smart”. A finales de 2013 el Consistorio preveía haber transformado ya un 8%. ¿Se tradujo eso en un menor consumo? Las mediciones del Ajuntament sobre utilización de agua muestran que entre 2013 y 2016 su uso en servicios municipales pasó de 5.067.482 m3 a 5.873.407. Es decir, repuntó un 16% en tres años. Solo empezó a bajar a partir de 2017. El consumo total de la ciudad sigue creciendo. Entre 2013 y 2017 lo hizo un 1,5%, más del doble que el incremento de la población local durante el mismo período (0,6%).
En materia de movilidad, Barcelona apostó por un servicio de transporte público más eficiente —renovó y modernizó su red de buses, adoptó un nuevo diseño ortogonal e incentivó el uso de la bicicleta—. El informe INRIX muestra sin embargo que en la capital catalana los conductores pierden una media de 28 horas al año en atascos. En 2015 sus frecuentes colapsos hicieron que la Ciudad Condal encabezase el listado estatal de urbes más congestionadas.
Santander, Málaga y el reto medioambiental
Otra Smart City referente en España es Santander. Durante el Congreso Ciudades Inteligentes de 2016 su director general de Innovación apuntaba que al amparo de SmartSantander se había creado una estructura tecnológica orientada hacia la “eficiencia medioambiental”. La ciudad disponía entonces de 2.000 dispositivos IoT para medir parámetros medioambientales, sobre todo la concentración de CO2, la luminosidad o el ruido. Para luchar contra la contaminación acústica el municipio disponía además de más de medio centenar de puntos de medición.
A pesar de ese despliegue tecnológico la capital cántabra ha encarado en los últimos años diversos problemas de polución. En 2016 el Defensor del Pueblo se dirigió al Consistorio para reclamarle que adoptase medidas en el entorno de la plaza de Cañadío, en pleno centro urbano, debido a las molestias causadas por el ruido. Meses después, en 2017, Ecologistas en Acción alertaba de que 15 ciudades —entre ellas Santander, Madrid y Barcelona— habían superado los niveles de polución sin aplicar medidas ni informar a las franjas de vecinos más sensibles, como ancianos o asmáticos. A finales de 2016 el Defensor del Pueblo actuaba de oficio ante 14 municipios —Santander incluido— para conocer qué medidas estaban aplicando para frenar la contaminación atmosférica.
En Málaga el Ayuntamiento desplegó una red de contadores domésticos digitales para monitorizar la gestión del agua y detectar con rapidez fugas o fraudes. En octubre de 2017 sin embargo el Diario Sur publicaba que en la provincia uno de cada cinco litros que salen de los embalses y acuíferos terminan perdiéndose por el camino, antes de llegar a los grifos. Según informaba el rotativo andaluz el balance de Málaga capital queda lejos del 35% o 50% de pérdida que se alcanza en otros puntos de la misma región, pero se mantiene en la media provincial del 20%.
Proyectos internacionales que no despegaron
No todas las iniciativas "Smart" buscan mejorar la eficiencia y calidad de vida de las ciudades. Las hay que aspiran a levantar sus propios barrios o incluso nuevos complejos urbanos partiendo de cero. El listado es largo: Smart City Detroit (EEUU), Silicon Park (EAU), Nansha (China)… Algunas prosperan. Otras se quedan en el papel. A menudo se presentan como grandes laboratorios al aire libre en los que testar políticas innovadoras. Sus promotores las anuncian a bombo y platillo a modo de alardes tecnológicos o escaparates en los que comprobar las virtudes de las Smart Cities. Sin embargo —al igual que ocurre con las ciudades que ya existen— la realidad en ocasiones choca con los excesos del marketing. A lo largo de los últimos años no son pocos los proyectos de este tipo que, tras una presentación explosiva, acabaron languideciendo.
Uno de los más próximos a España es PlanIT Valley, en el norte luso. Proyectado en un área de 17 kilómetros cuadrados en el municipio de Paredes, a cerca de 20 kilómetros de Oporto, los promotores de PlanIT Valley lo presentaban como el “Silicon Valley portugués”: una Smart City diseñada para albergar a 225.000 personas con una huella ecológica prácticamente nula, “la primera ciudad del mundo en la que la tecnología estará presente desde la construcción de los edificios y los espacios”. A mediados de 2010 los medios lusos aseguraban que estaban interesadas en el proyecto grandes firmas tecnológicas, como Cisco, McLaren, Siemens, Microsoft, IBM o Bosch. La inversión global prevista rondaba los 10 mil millones de euros.
El Gobierno de José Sócrates llegó a considerarlo un Proyecto de Interés Nacional (PIN). El objetivo inicial era que la primera fase —de 37 hectáreas y cerca de 500 millones de euros— finalizase en 2010. Se aseguraba que en 2015 la nueva ciudad inteligente albergaría ya 12.000 empresas. No fue posible. Según explicó en su momento Steve Lewis, CEO de Living PlanIT, la crisis y el temor a que Portugal saliese del euro espantaron al capital extranjero. Aunque en 2015 el Ayuntamiento de Paredes aseguraba que el interés de los inversores se mantenía vivo, desde hace años apenas hay noticias sobre PlanIT Valley. La Smart City del futuro no llegó a salir del papel.
A 20 minutos en coche de Mugaon, en la India, se encuentra otro proyecto Smart City de resultado incierto. Hacia 2000 el multimillonario Ajut Gulabchand diseñó allí la que sería la primera ciudad inteligente del país: Lavasa, inspirada en la estética italiana de Portofino y con capacidad para 250.000 personas. Según publicaban este verano The Free Press Journal y Business Standard ahora es “una ciudad fantasma”, un simple “cascarón incompleto que alberga a unas 10.000 personas”.
Lavasa es un capítulo más en el fallido intento de la India por dotarse de un entramado de ciudades inteligentes. El primer ministro del país, Narendra Modi, prometió un centenar para 2020 con un presupuesto de 7.500 millones de dólares. El objetivo: atajar los problemas de movilidad, suministro de energía, gobernanza… de un estado con un grave problema de sobrepoblación. Sin embargo el Comité Parlamentario Permanente de Desarrollo Urbano reconocía en abril que desde 2015 solo se ha empleado el 1,8% de los fondos de la Smart Cities Mission (SCM).
Algo similar ocurrió en Emiratos Árabes Unidos. En 2006 el prestigioso estudio Foster+Partners, con financiación del WWF y EAU, diseñó Masdar, una innovadora Smart City situada en Abu Dabi, dotada de un completo entramado de transporte público y con una filosofía sostenible. El proyecto atrajo el interés de Siemens y el MIT y la obra arrancó en 2008. El objetivo era finalizarlo en 2008, pero la crisis y los problemas presupuestarios obligaron a posponerlo a 2020.
Para respaldar su coste en 2013 se abrió la cuarta parte del complejo urbano. El resultado distó mucho del esperado. En la ciudad trabajan menos de 3.500 personas y el número de residentes se reduce a 1.300, muy lejos de las 45.000 que se planteaban para 2016. Según recogía el South China Morning Post en un reportaje publicado en febrero, la fecha de finalización de Masdar se ha pospuesto ya a 2030. “No hay hoteles, supermercados ni centros comerciales”, apunta el artículo, que asegura que algunos vecinos se refieren a Masdar como “una ciudad fantasma verde”.
Songdo, levantada cerca de Seúl, es otra Smart City bajo la lupa. Sensores para controlar la temperatura, el consumo de la energía y el tráfico, sistemas de reciclaje y reutilización del agua, más de un centenar de edificios con certificado LEED… la ciudad se diseñó para ser un referente urbano en Corea del Sur y descongestionar la capital. Sus malas comunicaciones, la ineficacia de los incentivos para atraer empresas y el retraso que acumulan algunas de las innovaciones prometidas explican que el despegue de la urbe no alcanzase los objetivos de sus promotores.
El proyecto se lanzó hace casi dos décadas, en 2000, y dos años después empezó a construirse con un presupuesto inicial de 35.000 millones de dólares. A finales de 2017 se estimaba que vivían en la ciudad poco más de 100.000 habitantes —un número que sus promotores esperan triplicar cuando esté finalizada, en 2020— y que había apenas 1.600 empresas con oficinas repartidas por sus calles. De ellas además poco más de medio centenar eran de origen extranjero.
Mejores resultados está obteniendo Smart City Laguna, situada en el noreste de Brasil. Sus promotores la autodenominan “la primera ciudad inteligente social del mundo” y se proyecta con capacidad para 25.000 habitantes. En 2015 se sacaron a la venta viviendas y espacios comerciales y a principios de este año —según Archdaily— ya se habían vendido 2.000. El mismo medio vincula sin embargo gran parte de ese éxito con el lugar estratégico que ocupa Laguna, en un área que en los últimos años se ha conformado como “cinturón digital”. Entre 2015 y 2017 el metro cuadrado residencial de la zona se habría encarecido un 141% y el comercial un 218%.
Más "cultura inteligente" y menos marketing
Al margen de las experiencias piloto frustradas o la escasez de balances objetivos sobre las políticas “Smart” de los últimos años, son mayoría las voces que abogan por apostar de forma decidida por la aplicación de las TIC en el día a día de las ciudades. “Estamos en el momento idóneo de tomar conciencia y hacer las cosas correctas”, aconsejan los ténicos del COIT, que animan a que “la ‘cultura inteligente’ siga calando en las administraciones de forma gradual”.
“Una ciudad inteligente es una evolución racional del siglo XXI”, explica Ramón Ferri, jefe de servicio de la Oficina Ciudad Inteligente de Valencia. En su opinión hay campos —como la movilidad— en los que los ayuntamientos españoles han trabajado a lo largo de los últimos años mientras otros son aún “incipientes”. “Prácticamente ninguna administración estatal, ni regional ni local tienen administración electrónica en lo que la ley exige”, recuerda el experto valenciano.
De hecho el Gobierno acaba de demorar hasta 2020 los objetivos de administración electrónica que en 2015 se habían marcado para octubre de 2018. Ciudadanos y empresas tendrán que esperar así dos años más para tener la garantía de que podrán realizar trámites con todas las instituciones públicas a través de Internet, una de las patas del modo Smart City.
Aunque Ferri reconoce que lograr una plena implantación del modelo “Smart” requiere de una mirada “largoplacista”, insiste en que hoy tenemos asumidos ya comodidades y servicios que enraízan en las TIC. “El mero hecho de saber a través del móvil cuando llegará un autobús, por ejemplo, es algo que se da por hecho, pero no hace tantos años que se aplica y requiere tener muchos sensores repartidos por la ciudad y conocer las frecuencias”, anota.
Ahondar en la senda “Smart” requerirá también mejorar la conectividad en las ciudades —en 2017 dos tercios de la provincia de Salamanca seguían sin 4G— e implicar a los ciudadanos, lograr que sean proactivos en el uso de las nuevas tecnologías y aporten información al ayuntamiento. “Es todavía una carencia, cuando consigamos involucrar a más gente los resultados serán mucho mejores”, explica Fernando Burgos, consultor en estrategia e innovación urbana.
Imágenes | Scambelo Delete, Enfo, Feranza, Diario de Madrid, Marcbel, Tiaa Monto
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