Ha protagonizado “una de las mayores revueltas pacíficas de la historia”, que lleva seis meses en activo y afectará de forma inmediata a entre 500 y 700 millones de seres humanos; de rebote podría incluso cambiar el panorama de precios de la ropa que compras en Inditex. La reforma agrícola india es uno de los acontecimientos más relevantes del presente dentro y fuera de sus fronteras.
Como seguramente ya viste el mes pasado en alguna noticia relacionada con la quema de figuras de Greta Thunberg, el país está sumido en una doble y profunda guerra, contra el virus y contra los planes de su propio gobierno, en manos del partido conservador Bharatiya Janata Party (BJP), encabezado por Narendra Modi.
Por medio de mecanismos muy poco participativos, y en consonancia con su estilo de gobernanza, Modi promulgó en junio de 2020 una transformadora reforma agraria. Casi de forma inmediata la gente se echó a las calles: en noviembre 250 millones de personas se fueron a la huelga general. Hoy más de 40.000 manifestantes siguen instalados en la frontera de Delhi, asentados en señal de repulsa. En este tiempo, y tras amargas contiendas entre dirigentes y civiles, los campesinos han cosechado un éxito, que el Tribunal Supremo suspendiese la implantación de las normas hasta dentro de 18 meses. Al BJP, eso sí, le quedan tres largos años antes de las esperadas próximas elecciones generales, y pese al ruido no parece que esté perdiendo la popularidad que ya atesora, pese a la cantidad de afectados.
¿Por qué el sistema agrario indio necesita una reforma?
Con datos de 2018, la agricultura es el empleo de más del 50% de la fuerza laboral, con tasas igual de altas para mujeres como para hombres. Así ha sido durante generaciones y generaciones. Sin embargo, la parte proporcional del PIB nacional que corresponde a este sector ha caído del 43% en 1970 al 16% en 2011 gracias al buen desarrollo de otros ámbitos. Pese a los enormes cambios y avances, sigue siendo la principal vía de empleo del país. Es evidente que sus cosechas tienen enormes fallos estructurales.
Para empezar, su productividad es muy baja si la comparamos con la de los países desarrollados, un tercio para el trigo si lo comparamos con la productividad media de las granjas en Francia y la mitad comparado con China en cuanto al arroz. Para que nos hagamos una idea, según el balance de The Indian Forum, si se aplicase el hipereficiente sistema de EE.UU, sus cultivos sólo emplearían a cuatro millones de personas en lugar de a 500.
Los silos estatales no tienen capacidad para la conservación de las cosechas, con lo que acaban almacenando grandes cantidades al aire libre, que se acaba estropeando. Por culpa del sistema de herencias indio, el tamaño medio de la explotación individual es minúsculo, en torno a una hectárea por campesino, lo que dificulta el desarrollo.
Hay muchos otros problemas, pero al que más ojo le tiene todo el mundo puesto encima es al sistema subsidiado estatal.
En los años 60 para combatir las hambrunas generalizadas se crearon los mandis, unos mercados suburbanos donde productores, mayoristas y aldeanos intercambian los bienes en subastas diarias.
Desde 2003 India promovió la creación de la Comisión de Comercialización de Productos Agrícolas (CCPA), que permitió que cada estado estipulase unos precios mínimos regionales para determinados productos que evitasen la explotación de los agricultores. La electricidad también está altamente subvencionada, y los productos que se venden en los mandis están sujetos a tarifas (los mercados privados no). De esas tarifas salen después el fomento de infraestructuras, un sistema de pensiones agricultor, programas de asesoramiento e innovación en temas como semillas y fertilizantes para los trabajadores, y también unas subvenciones para la población para que compren a buen precio artículos de primera necesidad que se venden en esos mismos mandis.
Algunas consecuencias: los mayoristas y los arhtiyas, los comisionistas que organizan las subastas de los mandis, se confabulaban para perjudicar al agricultor. Las prácticas de fijación de precios son opacas, con lo que puede haber épocas en las que los precios sean excesivamente bajos y otras, cercanas a las elecciones, que los políticos las eleven artificialmente para salir favorecidos.
Como además, una de las premisas del sistema era la progresiva mejora de productividad de las cosechas sin tener en cuenta factores de sostenibilidad o soberanía alimentaria, se incentivaron los cultivos más simples, arroz normal y trigo, lo que está llevando a la sobreproducción de estos dos bienes mientras los mandis carecen de suficientes cultivos nutritivos tipo verduras y frutas, lentejas o garbanzos. Los indios tampoco se van a arriesgar a cosechar nuevas cosas porque, dado que ya viven en un sistema de subsistencia, no tienen margen de maniobra, lo que estrangula la innovación. Por la cantidad de fertilizantes usados la capa freática está, por cierto, cada vez más drenada.
En esencia el campo indio se muere en una larga y agónica muerte. La cifra que tienen en mente los habitantes son los 270.000 campesinos que se han suicidado en las últimas tres décadas por no encontrar salida. El agricultor medio está enormemente endeudado por prestamistas privados que piden intereses abusivos, y a medida que pasa el tiempo se va complicando la cosa. Abandonar el campo no es una opción para todos: las fábricas textiles de los núcleos urbanos tienen condiciones de semiexclavitud. La economía para la población de las castas y estudios inferiores lleva años sin mejorar.
El tridente de Modi
Estos son los distintos cambios que emanan de las tres nuevas leyes agrarias establecidas por el presidente:
Volver redundantes los mandis. Se podrá vender dentro y fuera de tu estado, tanto al mercado privado como al estatal. Contra: lo que el gobierno vende como un triunfo de la libre circulación, para que tú, pequeño productor, puedas vender a mejor precio en otra región, la realidad es que dada la falta de infraestructuras y la baja capacidad de movimiento de los que menos tiene hará que sólo los más acaudalados podrán permitirse viajar entre territorios, la creciente agroindustria, alterando los precios no siempre de forma positiva para los más pobres.
Al contrario que antes, no hay límite (o prácticamente) de almacenamiento de los productos básicos. Donde antes ocurría que cada año podía verse cómo se quemaban cosechas de trigo, ahora el flujo mercantil será más racional. Contra: los grandes agentes también podrán almacenar determinados bienes básicos tanto tiempo como deseen en busca de un alzamiento de precio.
Se liberaliza la negociación de precios: las empresas y los agricultores establecerán los términos de los contratos. Contra: la realidad es que, como ya ha demostrado la experiencia reciente en el estado de Bihar, lo que ocurrirá es que la mayoría de agricultores cobrará aún menos por sus cosechas que bajo el sistema CCPA. Hay más letra pequeña, según el periodista Amandeep Sandhu: “si un pequeño granjero ha entrado en un contrato con una corporación y la corporación reniega del contrato, el granjero no puede ir a los tribunales”.
La electricidad dejará de estar tan subsidiada.
En esencia, muchos referentes económicos, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, ven absolutamente necesarias las reformas del sistema agrario indio, y no ven con malos ojos la propuesta de Modi. Pero de ejecutarse el plan tal y como está previsto en este momento, sin unos plazos graduales, sin apoyos y subsidios temporales al campesinado (se habla mucho de un sistema de Precios Mínimos de Apoyo, por ejemplo) y sin un cambio estructural de todos los territorios en los que se da esta problemática, cientos de millones de personas se verán abocadas a la miseria.
Como explica el periodista Sonali Kolthatkar, “la agricultura india afecta al resto del mundo, con un gran porcentaje del mercado global de especias con origen en granjas indias. Materias primas exportadas como el arroz, la leche e incluso el algodón utilizado por la industria textil podrían recibir el impacto de las nuevas leyes”.
