En oro giro crítico de los acontecimientos, la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein ha descartado hoy el cargo de rebelión para Carles Puigdemont, y en consecuencia le ha permitido salir de la prisión de Neumünster previo pago de una fianza de 75.000. La noticia es una bomba y una malísima noticia para los intereses del juez Llarena: la decisión de su homólogo alemán complica el procesamiento de Puigdemont por rebelión, el delito más grave por el que estaba imputado.
Los motivos alemanes. Pese a que el Código Penal alemán no contempla el delito de "rebelión", sí existe la "alta traición", una figura semejante a la que se agarraba la Fiscalía germana para solicitar la prolongación de la prisión provisional y la acusación por todos los cargos imputados por Llarena. Pues bien, la audiencia alemana ha decidido que, por más que sean delitos comparables, ambos fallan en lo fundamental: requieren de violencia. Y en el caso de Puigdemont no está probada.
No hay violencia. El auto del juez se puede leer aquí: en él se explica que, pese a que Carles Puigdemont no está sufriendo persecución judicial o política alguna en España, tampoco se le puede atribuir el delito de "rebelión". A su juicio, la violencia del procés no ha sido de la suficiente envergadura como para representar una amenaza real al orden constitucional. Era una postura plausible y defendida por numerosos juristas españoles. La malversación, eso sí, no la descarta.
Problema para Llarena. Aunque la decisión es recurrible, pone en un aprieto la causa abierta por Llarena desde el Tribunal Supremo. De mantenerse la situación, Puigdemont podría ser extraditado a España con condiciones. Llarena podría juzgarle por malversación, pero no por rebelión, una de las penas más graves contempladas por el Código Penal español (30 años). De facto, la decisión del juez alemán bloquea a la justicia española y le ata de manos.
Los otros juzgados. Y la pone frente a un espejo cuyo reflejo es inquietante. De ser extraditado, Puigdemont, sobre el que se ha depositado la máxima responsabilidad de los acontecimientos de octubre, sería juzgado por delitos menores a aquellos imputados a Forn, Turull, Romeva, Junqueras y el largo etcétera restante. Es decir, pondría en evidencia que sí hay cierta arbitrariedad (y quizá exceso) en los cargos imputados por Llarena. Al menos comparado con Alemania.
¿Mala imagen? La decisión de la audiencia territorial alemana es una victoria táctica del independentismo, que puede aferrarse con fuerza a la diferencia de criterio entre la justicia germana y la española, y atribuir a esta última una motivación política... Y por tanto injusta. Abre la puerta a desprestigiar el resto de la causa por "rebelión", tanto dentro como fuera. Anula la potencial inhabilitación de Puigdemont para ser presidente (plausible para la CUP).
Y legitima, en parte, la aureola martírica de la que se ha rodeado desde septiembre. Una pesadilla para el gobierno, en definitiva.
Imagen | Frank Moler/AP
