Como hemos visto estas semanas, el ecosistema digital tal y como lo conocemos está muy amenazado. Los republicanos de la Comisión Federal de Comunicaciones pasaron su nueva “restauración de la libertad en la red” para, como toda propuesta de nombre orwelliano que se precie, hacer justo lo contrario: facilitar que las grandes operadoras decidan crear un Internet de dos velocidades y potenciar, entre otras cosas, que los proveedores puedan bloquear o censurar contenidos a voluntad.
Si te perdiste en qué consistía esta propuesta, lo explicamos previamente aquí.
I will sue to stop the FCC’s illegal rollback of #netneutrality. New Yorkers and all Americans deserve a free and open internet. pic.twitter.com/BNW7TDsp4z
— Eric Schneiderman (@AGSchneiderman) December 14, 2017
Y aunque muchos estadounidenses amantes de la red aún están intentando provocar un giro de timón de última hora, la mayoría sabe que esta práctica empresarial está llamada a materializarse, tanto en su país como en el resto de América y Europa. Por eso están buscando alternativas. Y se han topado con, milagro, una solución un tanto socialista: las redes cooperativas y públicas.
Revolución socialista: Internet entre todos y para todos
Lo han contado estos días medios como Curbed, CityLab o Motherboard. Si Comcast, Verizon, AT&T y en general todas las grandes operadoras van a cortarle el grifo a sus clientes, ¿por qué no darle la vuelta al sistema y optar por operadoras libres? La solución no la tienen tan lejana: ya existen en el gran país más de 500 comunidades locales que ofrecen conexiones a Internet al margen del oligopolio privado.
Imagen de muninetworks.org con todas las redes públicas así como su tipología.
Las hay que, incluso, tienen fibra. Y más importante aún, que llegan a zonas rurales e inaccesibles donde las operadoras privadas no se acercaban por carecer de suficientes incentivos económicos. Es la idea de servir un bien público.
No es sólo la edificación de la gran infraestructura básica para la convivencia de nuestro tiempo, como pudo serlo hace siglos la creación de una red de abastecimiento de agua o de electricidad. Que un país tenga una sólida red de Internet es algo necesario para competir en la economía actual.
La idea gana fuerza si, además, ayudan a sanear el mercado: Estados Unidos es uno de los países de primer orden con mayores precios y peores servicios del panorama. ¿La razón? Según los informes de la industria, les falta competencia. Tres de cada cuatro norteamericanos sólo pueden escoger un proveedor de Internet a alta velocidad para sus hogares, cosa que, para las operadoras, desincentiva la necesidad de mejorar la calidad de los servicios y sus precios.
Chattanooga, de ciudad normal a paraíso de compañías tech al instalar una red pública.
Como ejemplo de red pública de éxito pueden utilizar Chattanooga, en Tennessee, zona que en el último lustro ha ayudado a crear una pequeña comunidad startupera atraída por la calidad del acceso a la red de la ciudad: desde que la Junta de Energía Eléctrica del ayuntamiento local creó una red de fibra óptica en 2010, sus clientes han estado pagando 70 dólares al mes, mucho menos que los 133 que pagan de media los ciudadanos que contratan por AT&T. Y con una de las mejores puntuaciones de servicio de todo el país.
Las privadas son un horror. Las públicas pueden serlo
De momento, la solución no está al alcance de todos los estadounidenses: 21 de 50 estados prohíben el libre desarrollo de líneas de conexión por parte de los municipios. Y de los que sí, habrá muchos que no se sientan nada alentados para permitirlos, ya que 11 de 20 redes públicas de sus estados vecinos han resultado ser deficitarias, no pudiendo justificar su sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. El mantenimiento de infraestructuras y la optimización de las mismas, como se ha visto, no es una misión sencilla ni barata.
Hemos hablado del caso norteamericano, pero en el resto del mundo también hay otros intentos de redes públicas locales (centenares de ellas). Muchas se aglutinan bajo el proyectos internacional Open Wireless Movement, caso de Guifi.net, de origen catalana y con más de 30.000 nodos activos en distintos territorios de Cataluña, Asturias, País Vasco o Galicia.
El reto de todas estas propuestas colaborativas es el mismo: crear una red pública es un proyecto caro y arriesgado. Más aún cuando hay otras grandes empresas con una fuerte preeminencia en la zona desde hace décadas.
Y, como competidores económicos, hacen lo posible por bloquearlos. Ya se han dado casos de operadoras llevando a cabo maniobras de lobbying apoyando al candidato político local que no lleva en su programa edificar una de estas redes. Un gesto curioso, ya que esa “restauración de la libertad en la red” que acaban de ejecutar las operadoras lo justificaba en la necesidad de una mayor competitividad.
Tirar de decretazo: el parche en el horizonte próximo
Volviendo con el caso norteamericano, los municipios preocupados por las recientes amenazas a la neutralidad de la red tienen una tercera vía: aprobar, ciudad a ciudad, leyes o regulaciones para que se obligue a los proveedores a garantizar el acceso de los usuarios a cualquier tipo de página. Aunque para lograr estos acuerdos contractuales tendrán que proporcionar algo para que las empresas lo hagan posible. Lincoln, por ejemplo, construyó un conducto que las compañías de telecomunicaciones pueden usar para alojar sus cables si creen que se va a comprometer la conexión de sus clientes.
Las cooperativas de banda ancha, que son populares en las comunidades rurales que no son atendidas por compañías de telecomunicaciones, también ofrecen otra forma de protección al permitir que los residentes decidan cómo se ejecutará su propia red.
Todo esto no revoca por completo la neutralidad de la red, por supuesto, ya que una red local puede elegir no priorizar o bloquear el contenido. Pero la gran mayoría de las webs y plataformas que utilizan los consumidores de las redes públicas no entran en conflicto con los intereses de su operadora, cosa que sí le pasa a las gigantes.
