El ascenso de Boris Johnson como Primer Ministro del Reino Unido auguraba toda suerte de escenarios imprevisibles, pero ninguno tan extremo como el esbozado esta mañana: el cierre de la Cámara de los Comunes. Los representantes del pueblo británico no podrán reunirse en sesión parlamentaria hasta el próximo 14 de octubre, a dos semanas vista de la fecha límite para alcanzar un acuerdo de salida con la Unión Europea. En la práctica, el Parlamento se quedará sin voz y voto sobre el Brexit. Johnson quiere moldearlo a su modo, cueste lo que cueste.
¿Es legal? Lo es. Las legislaturas británicas se prolongan durante cinco años, y se dividen en sesiones, habitualmente fijadas de año a año. A cada cierre de sesión le sucede una apertura, formalizada con gran pompa por el discurso inaugural de la reina. Sucede que el periodo de sesiones vigente lleva abierto más de dos años, y que Johnson, recién llegado a Downing Street, reclama uno nuevo. Hasta aquí todo normal. El problema llega ahora: el mecanismo obliga al cierre y a la reapertura del parlamento, y el gobierno ha solicitado a la reina (obligada en la práctica) un periodo de 47 días entre lo uno y lo otro.
¿Qué implica? Mes y medio de persianas bajadas. El periodo de sesiones llega a su fin, y la los Comunes no pueden debatir o aprobar legislación alguna. Cuestión conveniente para Boris Johnson, que podrá tomar el control del Brexit sin las injerencias parlamentarias que tanto minaron la autonomía de Theresa May la pasada primavera. Johnson se ampara en la alta carga legislativa que tiene sobre la mesa. La oposición apunta a lo evidente: es un golpe de mano para centralizar el Brexit en manos de un gobierno sin mayoría absoluta.
El escándalo. La decisión de Johnson ha provocado un auténtico escándalo. John Bercow, speaker de la Cámara de los Comunes, ha definido la decisión como un "escándalo constitucional". El ex-ministro conservador Philip Hammond ha utilizado las mismas palabras, recalcando que el gobierno quedaría libre de supervisión parlamentaria "en un momento de crisis nacional". Otros diputados, como la laborista Margaret Beckett, han sido más rotundos: "Gobernar sin el Parlamento tiene precedentes... Pero la última vez que sucedió terminó en una guerra civil".
Es una referencia velada al discurso de Carlos I frente al Parlamento, en enero de 1642. Entonces, el rey trató de detener a cinco representantes públicos y suspendió las funciones de los Comunes. Su órdago, fracasado, precipitó la larga Guerra Civil Inglesa, y terminó con su vida y moldeó la actual monarquía constitucional del Reino Unido.
Alternativas. Hoy el país no está al borde del conflicto armado, pero sí en otra situación que determinará su futuro durante décadas. ¿Tiene alguna opción el Parlamento? Como explica el catedrático de Derecho Eduardo Virgala, pocas: el calendario parlamentario está consagrado constitucionalmente al gobierno, y toda ley aprobada por los Comunes que mine una prerrogativa regia (como es el caso de la suspensión del periodo de sesiones) debe ser consentida por la Reina... Cuyo consentimiento está supeditado al del gobierno. Es decir, a Boris Johnson.
Tras doblegar a May y forzar las votaciones más inauditas de la historia del Reino Unido, la Cámara de los Comunes ha perdido este pulso.
De fondo. La apertura de la próxima sesión, el 14 de octubre, habilitará al parlamento a debatir e intervenir en el Brexit. Pero tendrá un plazo muy limitado para alterar el curso de los acontecimientos fijado por Johnson. Apenas dos semanas antes de que se active la ruptura sin acuerdo, escenario por defecto si Reino Unido y la Unión Europea no logran pactar los términos del Brexit. Johnson aspira a obtener mejores condiciones por parte de Bruselas apostando por la salida desordenada, un escenario calamitoso que ha abrazado desde el primer día y que cuenta con ciertas simpatías entre su electorado.
Es un sprint. Y Johnson, de repente, tiene la mejor punta de velocidad. Aunque para ello haya abierto una crisis constitucional gigante.
Imagen: Giancarlo Gorassini/BestImage
