Dice el último informe de la Cámara de Cuentas de Madrid, ahora gobernado por los integrantes del gabinete de Manuela Carmena tras 10 años de gestión del PP, que los pagos a la sociedad mixta que gestiona la infraestructura de la M30 "no se basan en un estudio de viabilidad sino en garantizar a las constructoras un beneficio del 7%". Calle 30, sociedad mixta donde el Ayuntamiento tiene el 80% de las acciones y Ferrovial y Dragados el otro 20%, fue la financiadora de la pantagruélica obra que le dejó a los madrileños 5.000 millones de euros de agujero, y se descubre ahora que su sistema de pagos estaría preparado para garantizar a Ferrovial y Dragados un beneficio del 7,053% de lo que invirtieron tanto en capital como en préstamos.
Préstamos, que por cierto, se entregaron a un interés del 5,5%, por encima del actual precio de mercado, y cuyo gasto la Comunidad tendrá que continuar sufragando hasta 2025. En esencia, que como dice este organismo fiscalizador, estas adjudicaturas “carecen de un estudio económico que permite conocer adecuadamente cómo se ha calculado el presupuesto de licitación y qué circunstancias o condiciones de la prestación contempla y verificar si es adecuado al mercado". O dicho de otra forma: que todo esto suena a mordida.
La noticia no sorprenderá a muchos madrileños y españoles, que ya durante la alcaldía de Gallardón apodaron al alcalde "el Faraón", por lo grandiloucente y costoso de sus inversiones. Tampoco a Bárcenas, el extesorero del PP, que comentó en su juicio al juez Ruiz cómo las mordidas debían ser dadas y recibidas con elegancia: “Por delicadeza, no contábamos el dinero delante de los donantes”. En realidad, y según un estudio de la Universidad de La Laguna, la corrupción urbanística en las capitales de provicia españolas es ley, con un 78% de ellas salpicadas por irregularidades urbanísticas (además, un tercio de los casos se localiza en municipios del litoral que viven principalmente del turismo).
Mapa de la corrupción urbanística en España elaborado por la Universidad de Laguna
Los autores, por cierto, señalan que la corrupción municipal afecta a todos los partidos, pero con mucha más incidencia a PSOE y PP. Tres cuartas partes de los casos investigados se lo reparten el Partido Popular, con un 44%, y el PSOE, con el 31%, mientras que el 25% afecta a opciones minoritarios, partidos nacionalistas y de carácter regional y local. Es el momento de ver algunos de estos casos:
El grupo de los 3% de comisión
En Cataluña: un tramo de la línea 9 del Metro de Barcelona, algunas áreas de la Ciutat de la Justicia, comisarías para los Mossos, aparcamientos, piscinas, parques, un centro de formación y diversas promociones de vivienda pública son algunos de los centros puestos en sospecha por la Fiscalía en el llamado 3% catalán, un entramado de empresas públicas que pudo beneficiar a Convergència Democràtica de Catalunya, el partido de Artur Mas, entre 2008 y 2013.
En Madrid: El aparcamiento subterráneo para residentes Cándido Mateo, el del IFEMA, la cafetería del tanatorio de Valdemoro, la Biblioteca Municipal Ana María Matute, dos centros deportivos… sólo son algunos sitios de lo levantado por la Púnica, de lo que se habría hecho en unas obras concretas entre 2012 y 2014 en distintos municipios de la Comunidad (gobernadas por distintos cargos del PP y el PSOE), alcanzando un valor de 250 millones. Y teniendo en cuenta que algunos de los cargos estuvieron gobernando por muchos más años antes…
Y en Valencia: otro 3% también para la empresa pública Ciegsa, que podría haber sido cómplice de sobrecostes de hasta 735 millones de euros sólo en la construcción de centros educativos (hasta 600 actuaciones, según la UCO) en la comunidad. Una red del PP valenciano que pasó inadvertida durante 15 años hasta que han llegado ahora Gürtel y Noos (no son las únicas tramas de la zona, pero sí las principales) a destaparlo.
La zona mediterránea
Marbella: Estamos lejos de saber todo lo que puede salir del caso Malaya o, en general, del gilismo marbellí de la época dorada del pelotazo en España, pero parcelas en las que se construirían locales para hostelería, viviendas privadas, hoteles y otro tipo de instalaciones se debieron recalificar, según las sospechas de los tribunales, en aquellos años. Resumiendo: 760 millones de euros en multas es sólo lo acordado para ser devuelto por parte del ayutamiento con Hacienda. Por cierto, si quieres llevarte alguna de las reliquias del caso Malaya, ahora puedes adquirirlas (bueno, si tu bolsillo te lo permite).
Las desaladoras: de Carboneras (Almería), El Atabal (Málaga), Marbella, Valdelentisco (Cartagena), Campello (Alicante), Águilas (Murcia) y Campo de Dalías (Almería) han recibido en todos los casos sobrecostes, modificaciones, revisión de precios, liquidaciones, defectos de planificación o como prefieras llamarlo. Son los contratos a Abengoa, Acciona y FCC, con sobrecostes de 330 millones de euros, los que investiga ahora la operación Frontino, en la que varios miembros de Acuamed (el principal instrumento del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el desarrollo del Programa de Actuaciones en las cuencas mediterráneas) están imputados.
También las islas
Tenemos premio doble en las Islas Baleares: El parque de Bomberos de Palma, el hospital de Son Espases y la nueva sede de la Conselleria de Salud y Consumo, son dos de los diversos edificios supuestamente construidos en un concurso amañado que favorecía, en última instancia, a la empresa pública Caib Patrimonio durante la época del gobierno balear de Jaume Matas, del PP. Todo esto se investiga en el Caso Bomsai.
Y allí donde Rafael Nadal y Roger Federer se enfrentarían en 2007, el velódromo Palma Arena inaugurado durante el gobierno autonómico de Jaume Matas (PP) y que tuvo un sobrecoste de casi el doble de lo presupuestado (de 47 a 90 millones), es donde la Fiscalía comenzó una investigación de malversación que se extendió hasta otros 25 casos. Esta condena está pendiente de recurso ante el Supremo.
¿Y Murcia? Sí, también Murcia
Un estadio de fútbol, 18 polideportivos y la rehabilitación de un teatro y del casino de Murcia es lo que nos encontramos como estandartes del caso Umbra, la trama de presunta corrupción urbanística más importante del municipio, con una historia de hasta 20 años, casi 20 millones en comisiones, y en el que estuvieron (algunas siguen estando) una treintena de personas, entre ellas, el ex-alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara del PP.
La corrupción por Comunidades Autónomas, fragmento de un infográfico realizado por El País.
Estos casos son sólo una pequeña parcela de la magnitud de la corrupción que puede darse en nuestro país. Como citaba un informe de la Fundación de Estudios Financieros, el nivel de relación entre la economía sumergida y la corrupción política es del 80%. Esto es, que si España tuviéramos medidas eficaces para luchar contra las mordidas, el Estado podría recaudar sin problemas unos 20.000 millones de euros anuales más. Si quieres conocer una buena parte de los casos de corrupción destapados en los últimos años que, por espacio y temática, no hemos podido tocar aquí, no te pierdas este índice elaborado por la gente de No les votes.
