Ya hay sentencia. Tras un larguísimo proceso judicial iniciado hace nueve años, Francisco Correa y Luis Bárcenas ha llegado al final de su particular via crucis: 51 y 33 años de cárcel respectivamente por actividades ilícitas, enriquecimiento a costa del erario público y fraude en los contratos adjudicados por la administración. Es el final parcial, el primero de muchos, del caso Gürtel. Uno cuyas ramificaciones, ahora, se dirigen hacia el partido en el gobierno: el Partido Popular.
¿Ha sido condenado? Sí, aunque en menor grado que los dos principales implicados. La sentencia limita la participación del PP en la trama "a título lucrativo", es decir, de mero enriquecimiento pero no como muñidor o partícipe activo. Quedan Bárcenas (y su mujer) y Correa como los auténticos estrategas de la trama, y el partido como benefactor directo de sus prácticas ilegales. Por ello, el juez condena a la formación popular a retribuir al erario público con 240.000 euros.
¿Es sistemático? El enriquecimiento "a título lucrativo" sí. La sentencia considera que el PP se valió de una red de "corrupción institucional" a través de la cual manipulaba la contratación pública estatal, autonómica y local. En el proceso participaron agentes externos, como Correa, en "estrecha y continua relación" con "influyentes militantes" del PP. Los jueces consideran probado que el PP apañó el sistema de adjudicación de contratas públicas en todos los niveles de la administración.
¿Es financiación ilegal? He aquí la clave de bóveda de las acusaciones vertidas sobre el PP. La sentencia no lo afirma. Expone que la formación si se valió del dinero obtenido por la trama Gúrtel para la financiación de dos campañas electorales (las municipales de Pozuelo, con 111.000€, y de Majadahonda, con 133.000€) pero que lo hizo sin ser consciente de su procedencia delictiva. El dinero era ilegal, pero o bien el PP no lo sabía o no se preocupó de saberlo.
¿Y la caja B? La sentencia confirma la existencia de la caja B del partido. Es aquí donde el papel de Bárcenas es más que evidente. Fue él quien elaboró una contabilidad paralela e informal sostenida por el enriquecimiento ilícito de la trama, destinada a "donaciones finalistas" (los célebres sobres) dedicadas tanto a la financiación de gastos electorales como a la retribución privada de "personas relevantes del partido". La sentencia se abstiene de hacer cualquier comentario jurídico sobre la naturaleza de tales ingresos o sobre el conocimiento de su procedencia.
La caja B se remonta a 1989, tal y como indica la sentencia, ilustrando el sistemático y estructural proceso del partido. Bárcenas fue tesorero u año.
¿Entonces? A nivel jurídico, la sentencia reconoce un entramado corrupto estructural y prolongado en el tiempo gracias a la connivencia del partido con la trama criminal de Francisco Correa. Sin embargo, limita la responsabilidad del PP, como partido, al mero lucro ilícito de determinados políticos implicados en el proceso. De aquí no se desprende que el PP se sirviera de la trama y del dinero del contribuyente para financiar sus actividades políticas o sus campañas electorales.
Este último aspecto, y lo geográficamente localizado de la sentencia, ha servido de defensa fundamental a los principales dirigentes del PP para alejarse de la trama Gürtel.
¿Y ahora qué? No ha terminado. El PP como partido aún tiene pendiente otro juicio, el que le podría declarar culpable de destruir los famosos discos duros y los ordenadores en los que Bárcenas guardaba información sobre la caja B de la formación. Hasta ahora, la formación había logrado delegar la responsabilidad de la Gürtel en personalidades concretas, finalmente depositarias de la mayor parte de la responsabilidad jurídica. Al parecer, el PP teme que la sentencia lo cambie.
¿Por qué? Por el siempre especulado "tirón de la manta" de Bárcenas. Según algunos medios, la entrada en prisión de su mujer podría cambiar sus incentivos.
Imagen | Victor J Blanco/AP
