Toro de la Vega no, Sanfermines sí: la incoherencia de los partidos frente al maltrato animal

Las festividades de San Fermín están a la vuelta de la esquina. Como cada año, se espera que miles de personas acudan a la capital navarra a disfrutar de los estupendos festejos populares planteados a lo largo de la semana, y también, cómo no, de los célebres encierros que tanto público y tanta atención mediática atraen. Su magnitud económica y política es tal que son pocas las voces políticas que alzan la voz en su contra, pese a que hay quien interpreta el espectáculo como otra forma de maltrato animal, acaso más sutil.

Lo cierto es que el caso de San Fermín pone de manifiesto el diferente rasero de los partidos políticos a la hora de condenar o aceptar ciertas festividades populares en las que los animales juegan un papel fundamental. La defensa de los derechos animales también es una posición delicada dentro del tablero político, que cada organización partidista utiliza en función de sus prioridades electorales. Así, se puede defender un encierro pero condenar una corrida, aceptar un espectáculo de toro de fuego pero censurar las peleas de gallos y criticar el Toro de la Vega sin atacar a las novilladas. Así son las posturas:

Partido Popular: sí a los toros, no al de la Vega

Un caso particular: cuando los vecinos de Tordesillas, en la provincia de Valladolid, se despertaron hace un par de meses con la noticia de que ya no podrían lancear al Toro de la Vega hasta la muerte, debieron lanzar sus iras contra la Junta de Castilla y León, controlada por el Partido Popular. A su lado, de forma un tanto paradójica, se encontraba el Ayuntamiento de Tordesillas, controlado por el PSOE, cuyo líder, Pedro Sánchez, había manifestado con anterioridad su desagrado para con el espectáculo. Se trataba de una coreografía política.

El particular hecho de Tordesillas no oculta, sin embargo, que el Partido Popular es el mayor activo en la defensa de las tradiciones taurinas de España. Se opuso y criticó con denuedo la prohibición de las corridas de toros aprobadas por el Parlament de Catalunya, y ha sido el principal defensor de la declaración de Bien de Interés Cultural de las mismas, cuya decadencia en cifras es relativamente clara. No defiende de forma entusiasta las peleas de gallos, tan típicas en Canarias, pero sí bloquea sanciones a quienes participen en ellas.

¿Y sobre Sanfermines? Apoyo total, por supuesto.

PSOE: la postura más ambivalente

El caso de Tordesillas es acaso paradigmático de los problemas de definición regional del PSOE para con el maltrato animal. No hay una única postura. En Galicia, por ejemplo, la formación socialista solicitó al gobierno de la comunidad, con el apoyo de la izquierda nacionalista, que se prohibieran de forma definitiva las corridas y "la utilización de animales en espectáculos, peleas, fiestas populares y otras actividades que les puedan ocasionar daños, burlas y sufrimientos". Una ley semejante a la catalana o la canaria, en resumen.

Sin embargo, en Andalucía la postura del ejecutivo regional es la contraria. Cuando los grupos municipales que sostienen al gobierno socialista declararon que no promocionarían con dinero público los espectáculos que pudieran ocasionar daño al toro, el gobierno andaluz salió al paso recordando su apoyo a las corridas y otros festejos populares y señalando que la festividad "forma parte de nuestro acervo cultural y tradiciones". Algo parecido manifestó en Ciudad Real, cuando mostró su apoyo a la feria que organizaba la ciudad de Puertollano.

En Cataluña, el PSC votó en contra de la prohibición, pero en Palma de Mallorca, cuando estaban en la oposición, pidieron junto a Més, la formación nacionalista, que se abolieran en toda la isla. El baile de posiciones afecta también a Pedro Sánchez, quien llegó a pedir la prohibición del maltrato animal en los festejos populares para retractarse al día siguiente y explicar que en ningún caso acabaría con las corridas. El PSOE oscila tal y como oscilan las regiones de España, y en consecuencia no es consistente frente al maltrato animal.

En Pamplona, su única objeción a Sanfermines viene dada por las banderas.

Podemos: prohibición sobre el papel

Aunque es posible plantear dudas. Una postura muy clara respecto a la tauromaquia sí es la de Alberto Garzón, candidato de Izquierda Unida (dentro de Unidos Podemos para las pasadas elecciones del 26 de junio), cuya oposición a los espectáculos festivos que impliquen maltrato animal es taxativa: "En la España con la que yo sueño no hay fiestas basadas en el sufrimiento de ningún animal. Trabajaremos en este sentido todo lo que podamos". Iglesias y Podemos han defendido en ocasiones la prohibición de la tauromaquia, pero sus candidatos, como en Madrid, se han visto en sonados renuncios.

Podemos, eso sí, es claro frente al Toro de la Vega: prohibición total. En Andalucía, sin embargo, al igual que en Madrid (dos comunidades donde la asistencia a los festejos taurinos y el número de corridas sigue siendo muy alto), la formación morada ha tenido que aceptar a regañadientes todos los actos relacionados con la tauromaquia. Su postura es algo más firme que la del PSOE, pero al igual que la de éste, y dada la composición de su electorado, también varía: en Cantabria se quedó sólo pidiendo la prohibición de las corridas, y en Baleares, junto a Més y el PSOE, también quiso abolirlas.

Los encierros de San Fermín gozan de gran popularidad.

La tauromaquia es un "OTAN, de entrada no" para Podemos. Un debate en el que siempre tiene que perder. ¿Y en Navarra? La presidenta del parlamento regional es declarada protaurina, y la marca de confluencia de Podemos en el ayuntamiento de Pamplona, Aranzadi, es acaso representativo del dilema de la formación en todo el país: "(Los concejales) No presidirán ninguna corrida de toros porque sabemos que en Pamplona, como en Aranzadi, hay personas que tienen sentimientos encontrados con lo que sucede en las plazas de toros".

Obviamente apoyan los encierros.

Ciudadanos: una posición más consistente

Pero no del todo. Mientras el partido se muestra sensibilizado contra el maltrato animal, también defiende "la libertad" de celebrar aquellos espectáculos que los organizadores deseen. Sobre esa base se opusieron, junto al Partido Popular y al PSC, a la prohibición de las corridas de toros en Cataluña. Y sobre esa misma base han apoyado junto al PP la defensa de la tauromaquia allí donde los grupos de izquierda, PSOE o Podemos en función de las circunstancias, hayan planteado prohibiciones o limitaciones. Interrogados sobre ello, C's siempre trata de ampliar el foco sobre el maltrato, yendo más allá de los toros.

Un ejemplo: "Si prohibimos los toros habría que prohibir la caza, la pesca, y el circo". La frase pertenece a Albert Rivera, al que de forma consistente ciertos medios de comunicación le recuerdan que, en una ocasión, manifestó que no le gustaban los toros. Durante la campaña electoral del 20D, tanto Rivera como parte de los principales candidatos de Ciudadanos apoyaron la tauromaquia. Hubo excepciones, sin embargo: fue el caso de Carolina Punset, candidata por al Comunidad Valenciana, expresó que los bous al carrer, uno de los festejos populares más típicos de la zona, iban "contra el signo de los tiempos".

Es una excepción dentro de una política de apoyo, como ejemplifica el caso de Castellón.

Los partidos nacionalistas: todo es relativo

Las contradicciones no son sólo particulares de los partidos de ámbito nacional. Tomemos el ejemplo de EH Bildu, la formación nacionalista abertzale que modula su discurso en función de en qué ciudad de País Vasco o Navarra hable. En Pamplona, su alcalde, despachó la cuestión de la tauromaquia del siguiente modo: "Prohibir los toros en Pamplona sería tan ridículo como implantar un encierro en Donostia". Todo es relativo, siempre y cuando que se ajuste a las tradiciones de cada ciudad, pueblo o provincia.

Asiron, claro, se refería a la medida que sí llevó a cabo EH Bildu en San Sebastián: prohibir las corridas, una decisión polémica, como la catalana, que contó con el rechazo de Partido Popular y PSOE y con la mirada suspicaz del PNV, quien reclamó un impacto económico antes de aventurarse a la abolición. Un año después, era el propio PNV, con el gobierno del consistorio en sus manos, el que decidía renovar la licencia de la plaza y volver a permitir las corridas en la ciudad vasca. ¿Por cuánto tiempo? Los donostiarras lo dirán: hay convocado un referéndum, instigado por Bildu, para dar carpetazo al asunto.

En Euskadi la cuestión del maltrato animal supera las siglas. El PNV mantiene una posición más constante, pero es un terreno resbaladizo para EH Bildu, entre la espada de las tradiciones populares vascas y la pared de la defensa animalista anticapitalista. Así, cuando la formación abertzale se pone de frente a los encierros, lo tiene que hacer de perfil: protegiendo el encierro "frente a su instrumentalización mercantilista".

¿Y en Cataluña? Algo parecido. Fueron los partidos nacionalistas, ERC y CiU, quienes instigaron la legislación que prohibía de forma histórica las corridas de toros en la comunidad. Pero poco después, ambas formaciones, junto a Partido Popular y PSC, lograban legislar en favor de los bous al carrer (los toros embolados) y protegerlos, asegurando su normal celebración y continuidad. Quizá el ejemplo más claro del doble rasero político para con el maltrato animal.

PACMA: el único que se opone a todos

El interesante crecimiento electoral de PACMA durante las dos últimas elecciones obliga a incluir a la formación animalista en este artículo. También, por supuesto, lo requiere su constante oposición a todos los espectáculos taurinos donde exista alguna forma de maltrato animal. Para el caso que nos ocupa, lo son la mayor parte de ellos. PACMA aboga por la abolición de las corridas de toros, ha luchado activamente contra el Toro de la Vega, condena el blindaje a los bous al carrer y, en un hecho excepcional, carga contra los encierros (Sanfermines entre ellos) por el estrés y la utilización del animal con objeto lúdico.

Una tabla para entenderlos a todos