El mes pasado en Escocia se confirmaba que la persona trans que había violado a dos mujeres antes de su cambio de sexo y que estaba encarcelada de forma preventiva en un centro penitenciario para mujeres no cumpliría su condena en un centro femenino. El caso de Isla Bryson, quien transicionó de hombre a mujer mientras esperaba el juicio por dos casos de violación, cuando respondía todavía al nombre de Adam Graham, ha supuesto un debate nacional que se ha saldado con la dimisión de la primera ministra Nicola Sturgeon.
Durante el juicio, argumentó que supo que era transgénero a los cuatro años, pero no fue hasta los 29, hace dos años, cuando decidió hormonarse y someterse a cirugías.
Sin embargo, su esposa dice que el cambio de sexo no era más que una "farsa" para engañar a las autoridades, una "estrategia" para evitar acabar en prisión rodeado de hombres y obtener así "una sentencia mucho más llevadera". Bryson lleva en un centro penitenciario exclusivo para mujeres desde que se presentaron las acusaciones por violación mientras el caso se ha debatido en la cúpula política durante semanas.
En España, ayer el Congreso aprobó definitivamente la ley trans, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, algunos expertos sostienen que el texto aprobado no incluye sanciones penales ante fraudes, mientras que el la región británica contempla hasta dos años de cárcel y multa. Es decir, que aquí no existen mecanismos para perseguir penalmente fraudes en el cambio de sexo registral, tampoco en el Código Penal.
Imagen de Adam Graham antes y después de su cambio de sexo.
A diferencia de Escocia, la ley trans en España no contempla requisitos para el cambio registral de los mayores de edad, más allá de su declaración de voluntad, lo que dificulta acusar a los supuestos casos fraudulentos. Según un fiscal consultado por este artículo de El Mundo, demostrar la falta de autenticidad en el cambio de género "sería una tarea imposible". Y añade que sería como perseguir el caso de quien, por ejemplo, "cambia de género con el objetivo de acceder a una plaza de oposición reservada a transgénero y transexuales".
Según la Fiscalía, si la vía penal no funciona, el caso podría revertirse por la vía civil. Pero al ser un asunto civil no habría condena (penal, insistimos) para el responsable, aunque sí podría anularse el cambio en el registro (es decir, perdería su plaza en la oposición, siguiendo con la hipótesis), algo que ya sucede con los matrimonios de conveniencia.
¿Qué dice la ley en España?
El artículo 41.3 de la LeyTrans es el que se ocupa de estas "transiciones oportunistas" y establece que el cambio de sexo legal y, en su caso, el cambio de nombre, "no alterarán el régimen jurídico que, con anterioridad a la inscripción del cambio registral, fuera aplicable a la persona a los efectos de la Ley Orgánica 1/2004, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género". Dicho de otro modo: no funciona como borrón y cuenta nueva.
Según indican varias fuentes juristas en este otro artículo de El País, el cambio de género oportunista no serviría tampoco para esquivar denuncias o condenas por violencia de género. El simple hecho de cambiar la mención relativa al género en el Registro Civil no anularía los hechos acontecidos antes de la misma, en este caso una agresión machista: "La transición no significa que dejes de responder de las situaciones de violencia que hayas cometido antes".
El Ministerio de Igualdad destaca precisamente esto, que no hay retroactividad en la pena por mucho que cambies de género. Si matas a tu pareja siendo hombre y luego transicionas, la ley dice que te juzgan como hombre. Por otro lado, el Ministerio subraya que la ley permite al Ministerio Fiscal actuar de oficio ante irregularidades y que el Encargado de la Oficina del Registro Civil, si tiene dudas, puede hacer comprobaciones y, en su caso, comunicarlas a la Fiscalía.
Es decir, que aunque no hay persecución penal... Si hay cláusulas que persiguen los futuros fraudes.
En este sentido, un caso en Canarias ha hecho saltar las alarmas recientemente y ha traído el debate escocés a España. Algunas asociaciones feministas (pero contrarias al reconocimiento de las personas trans: TERF), como el grupo Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, creen que casos similares al de Adam Graham "ya ocurren" en las cárceles españolas. Para probarlo, mencionan el caso de un preso que habría pedido el traslado a una cárcel de mujeres.
Se trata de Jonathan de Jesús Robaina Santana, quien confesó el asesinato de su prima a martillazos. Había pedido "un proceso de cambio de sexo dentro del centro penitenciario" y durante el juicio pidió que se le llamara Lorena, exigiendo el traslado a un centro penitencial femenino.
Según el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/1979, las personas que pidan el reconocimiento de cambio de sexo pueden hacerlo directamente a su centro penitenciario, reduciendo así los controles sobre el proceso: "Con los preceptivos informes de valoración médica y psicológica y el reconocimiento de la identidad psico-social de género, a efectos penitenciarios, las personas transexuales sin identidad oficial de sexo acorde con esta, podrán acceder a módulos y condiciones de internamiento adecuados a su condición".
Tal y como explica la asociación en este artículo, la norma escocesa contiene una cláusula que indica que una vez una persona cambia su sexo registral, se convierte en "una violación de su privacidad e intimidad el exponer o relevar su pasado bajo el sexo original". En la legislación española no existe nada al respecto.
Una disputa muy larga
Hay que recordar que todo este debate redunda en una estigmatización del colectivo (sobre todo cuando se presenta la transición como un "capricho", desdibujando las verdaderas motivaciones y la realidad material de la mayoría de las personas trans). Casos como el escocés alimentan una disputa muy amplia y agria tanto dentro del feminismo como entre una izquierda partidaria de leyes pro-trans y una derecha, por lo general, reacia.
Y, tal y como hemos explicado en Magnet con anterioridad, el debate sobre "cómo categorizamos a las personas trans" tiene múltiples ramificaciones en otras áreas del día a día. En el deporte, existen dudas sobre en qué categoría deben competir las mujeres trans (si como mujeres por su género autodeterminado o como hombres por sus características biológicas).
De hecho, algunas asociaciones feministas se han opuesto a que, según la norma, "queden prohibidos los controles de identidad sexual y/o de género en el ámbito deportivo" por considerar que afectaría a los logros obtenidos por las mujeres en dichas competiciones.
Imagen: GTRES
